Han empezado a caer peces gordos. La gran pregunta es si es una consecuencia inevitable de procesos de investigación que se iniciaron desde hace años o una decisión política del presidente de la República: un simple “quinazo”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador niega haber lanzado una persecución contra funcionarios del gobierno anterior: “Son hechos —dice—, presuntos delitos que se tienen que perseguir, que se tienen que castigar en el caso de que así lo determinen los jueces: es todo. Yo he dicho que no es mi fuerte la venganza”.
La detención de Alonso Ancira, presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México, y la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, por la compra presuntamente fraudulenta de la planta petroquímica de Agro Nitrogenados SA de CV se dieron a conocer unos días antes de las elecciones de este 1 de junio en seis estados de la República, por lo que las sospechas de una acción política resultaban inevitables.
El caso, sin embargo, tiene mucho tiempo preparándose. Desde hace años la Auditoría Superior de la Federación detalló irregularidades en la compra de esa planta que, a pesar del elevado precio y de los enormes sobrecostos de rehabilitación, no ha podido producir urea como se pretendía.
Los mexicanos nos hemos acostumbrado a que los presidentes busquen generar credibilidad política con golpes espectaculares contra presuntos corruptos. El caso más sonado fue el de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, un líder que desde un puesto relativamente modesto controlaba el sindicato petrolero y se había opuesto a Carlos Salinas de Gortari desde su nominación como candidato del PRI a la Presidencia de la República.
La detención de La Quina por delitos aparentemente inventados de acopio de armas y homicidio doloso tuvo lugar el 10 de enero de 1989, al inicio del gobierno de Salinas de Gortari. En 1997 fue preliberado. La maestra Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia del sindicato de maestros, fue detenida el 26 de febrero de 2013 al comenzar el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se le acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pero en 2018 fue absuelta de cargos.
Borrón
Lozoya, quien participó en la campaña de Peña Nieto en 2012 y fue designado después director general de Pemex, había estado en la mira de las autoridades desde hace tiempo. No era solo el caso de la cuestionable compra de Agro Nitrogenados. Cuando menos dos ejecutivos de Odebrecht, declarando como testigos protegidos en Brasil, afirmaron que le habían depositado millones de dólares en sobornos antes y después de la elección presidencial de 2012. Las cuentas en las que decían se había depositado este dinero, sin embargo, no parecían tener relación con él.
En muchas ocasiones el presidente López Obrador ha declarado que no realizará una cacería de brujas de los funcionarios de gobiernos anteriores. Si bien constantemente se queja de los actos de corrupción de las administraciones del “periodo neoliberal” insiste en que no le interesa la venganza, sino hacer un borrón y cuenta nueva dentro de un gobierno honesto.
Las acciones contra Lozoya Austin, una de las figuras más emblemáticas de la posible corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, parecerían desmentir esta promesa. Si el mandatario quería hacer un “quinazo” no hay duda de que el ex director de Pemex era un sujeto ideal. Sin embargo las irregularidades de la compra de Agro Nitrogenados eran tan evidentes que resultaba difícil no iniciar una acción penal.