Después de las controversias que se desataron entre juristas por la entrada en vigor del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la CDMX, que ponía en riesgo el derecho de propiedad privada, los diputados corrigieron su error para garantizar a los dueños de inmuebles su propiedad y quitaron la carga excesiva de obligaciones al gobierno, ya que lo obligaba a dotar de vivienda a quien fuera desalojado. Menos mal.
“La nueva redacción sí da garantía a las personas. Nadie podrá ser desalojado de un inmueble sin haber sido sujeto a procesos y mandamientos judiciales. La forma en que quedó la redacción soluciona el choque entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada”, dice la diputada panista Margarita Saldaña.
Vaya que el revuelo propiciado por este artículo no fue poca cosa. Los principales juristas protestaron, precisaron puntos de vista y demostraron que tenían razón. Y hasta la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo de acuerdo en que se rectificara el artículo 60 de la ley, puesto que ponía en situación de vulnerabilidad a su gobierno al tener que otorgar una propiedad a todo aquel inquilino moroso. ¿Se imagina?
“Faltaba precisar cuestiones como quiénes son autoridades competentes. Los compromisos con el desalojado. Y hasta dónde llegaba la potestad del ciudadano dueño de inmueble invadido con inquilinos morosos. La Ley Constitucional de Derechos Humanos en el artículo 59 reconoce el derecho humano a la vivienda adecuada y no deja en indefensión a personas en pobreza o vulnerabilidad. Se garantiza el derecho de audiencia y queda a salvo el derecho a la propiedad”, precisa la legisladora albiazul.
El diputado Nazario Norberto Sánchez, de Morena, reconoció a su vez que “con la anterior redacción se beneficiaba a invasores inmobiliarios, o paracaidistas, y se dejaba en indefensión a los dueños de los inmuebles. Qué bueno que se haya considerado la propuesta de la nueva redacción, porque así se evitarán desalojos que violentaban los derechos humanos y las autoridades deberán respetar el debido proceso y el derecho a la audiencia que toda persona tiene”.
Afortunadamente los legisladores del grupo mayoritario aceptaron las modificaciones propuesta por la diputada Saldaña y se pudo consensuar que todas las personas afectadas por un acto de desalojo podrán solicitar a las autoridades correspondientes su incorporación a los programas de vivienda, mientras lo aprobado inicialmente obligaba al gobierno a entregarles una vivienda forzosamente. Nada fácil.
El bolso de Laura…
Y ahora le cuento que se comenta que los diputados locales van por evitar abusos en espacios públicos que se volvieron un buen negocio. De inicio limitarán los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) y buscarán que no se otorguen para el desarrollo de actividades comerciales o de lucro. También, que sean las alcaldías las que den el visto bueno para entregarlos, puesto que son las autoridades más próximas a la comunidad. Hay muchos parques, jardines, bajopuentes y otros lugares que forman parte del patrimonio de la ciudad y deben utilizarse para eventos culturales sin fines de lucro. Ojalá…