Ciudad de México, a 19 de junio. Un velo de opacidad se está registrando en el caso del ex diputado Manuel Alejandro Robles Gómez cuando la orden de aprehensión en su contra fue cancelada a petición de la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
Ante tal caso, agentes del ministerio público de la Procuraduría capitalina denunciaron tráfico de influencias en el caso del ex legislador Robles Gómez, acusado de robo, lesiones y amenazas de muerte.
En una misiva dirigida a la Secretaria de Gobierno, en poder de Vértigo Político a la que consideraron “una servidora pública comprometida y con ética, los servidores públicos explicaron como arbitrario que Ernestina Godoy quiera procesarlos por supuestamente haber inculpado ilegalmente a Robles Gómez”, se expone.
“Fuimos denunciados en octubre de 2016 por la señora Saraí Azucena Zúñiga Rodríguez, esposa del ex legislador, pero tras una investigación en nuestra contra se llegó a un no ejercicio de la acción penal”, dice el papel.
En el documento entregado a la Secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, acusaron además el contubernio entre Saraí Azucena y el Subprocurador Jurídico de la PGJCDMX, para representar intereses ilegales.