Como en muchas otras actividades y tareas de alta sensibilidad de nueva cuenta las Fuerzas Armadas y ahora la Guardia Nacional asumen un papel determinante para procesar la grave situación que se vive en la frontera sur de México, a la vez que gestionar el paso/permanencia de miles y miles de migrantes irregulares que buscan llegar a Estados Unidos.
Sin embargo hay que precisar que ese despliegue de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército, de ninguna forma responde a las dinámicas propias de la inmediatez o, peor aún, la improvisación.
En efecto, del 1 al 28 de diciembre del año pasado personal del Ejército cumplió con importantes labores de atención a los migrantes que llegaron a Tijuana, Baja California, durante ese periodo. También del 5 al 19 de febrero de este año cientos de soldados cumplieron la misma labor en Piedras Negras, Coahuila. Y de forma más reciente en Mazatepec, Chiapas, del 9 de abril al 7 de mayo. Solo para dar las fechas más próximas.
Durante estas acciones no hubo una sola queja o señalamiento de maltrato, ni tampoco de alguna violación a los derechos humanos. Por el contrario se cumplió con el objetivo de ofrecer seguridad a las familias mexicanas y a la integridad de los miles de migrantes procedentes de varias partes del mundo.
Por su parte la Guardia Nacional se convirtió en un referente esencial para las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) para atender y organizar algunos apoyos para la estadía legal de los migrantes.
La escasez de personal del propio INM, así como el volumen de solicitudes de visas y otras figuras legales de permanencia en nuestro país, exigía la presencia de una corporación que a pesar de lo reciente de su creación implicara un organizado respaldo: es el caso de la Guardia Nacional.
Contención
Cabe destacar que el despliegue de sus integrantes responde a estrictas decisiones de carácter político y social para evitar, como sucedía en otras situaciones críticas, desplazar de forma inmediata a personal militar una vez consumado el problema.
La presencia y distribución de los integrantes de la Guardia Nacional atiende, entonces, a criterios específicos del gobierno en atención a lecciones aprendidas de otros años. Puede afirmarse que el despliegue anunciado, por ejemplo, en Jalisco, Guanajuato y Guerrero, entre otras entidades, tiene funciones disuasivas y por lo tanto preventivas.
Bajo este presupuesto de apoyo a la contención a la criminalidad organizada y común, la coordinación con las Fuerzas Armadas por parte de la Guardia Nacional resulta una buena noticia para atender una problemática que hasta el momento no se ha desbordado ni reporta alguna situación crítica. Por supuesto es posible que suceda algún evento que pueda servir para algunos análisis y puntos de vista poco informados, tratando de evidenciar errores por encima de una larga lista de aciertos en materia de seguridad nacional, seguridad interior y, ahora, seguridad pública, a cargo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina-Armada de México, así como de la nueva corporación.
De nueva cuenta nos encontramos con la paradoja de que una crisis o disfunción en el ámbito civil, en este caso la migración irregular, debe ser procesada con apoyo de las Fuerzas Armadas y, ahora, la Guardia Nacional. El mismo presidente lo recordó durante la semana: las acciones en la frontera sur serán tan exitosas como es la aplicación del Plan DN-III-E. Y sin duda que así será.