Es bien sabido que este es uno de los puntos críticos en la siempre compleja vinculación de responsabilidades de México y Estados Unidos para, al menos, contener la violencia en ambos lados de la frontera. También es sabido que, de acuerdo a la historia y costumbres de aquel país, sus ciudadanos pueden poseer armas para su legítima defensa (Segunda enmienda a la Constitución). Pero nadie, ni desde nuestro país ni desde allá, puede negar los muy graves efectos que genera la adquisición descontrolada de potentes rifles de asalto y pistolas, así como una serie de pertrechos propios de las corporaciones policiacas e instituciones militares que vienen a parar a nuestro territorio.
La introducción ilegal de armas a nuestro país es un problema que por décadas ha permanecido en la agenda de seguridad binacional, pero a juzgar por los resultados muy poco se avanza en el tratamiento del asunto.
Baste recordar la detección de los primeros fusiles Barret, de uso exclusivo (se supone) de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y hoy incautados con frecuencia de manos de delincuentes en México. Así también lanzaderas y proyectiles tierra aire, de uso individual, para atentar contra vehículos blindados y aeronaves de las fuerzas del orden en nuestro país.
Por eso no debe extrañar que en las aduanas fronterizas terrestres, aéreas y marítimas se haya incrementado la presencia de personal militar para, en lo posible, impedir la introducción de contrabando de ese y otro tipo de armamento con el que miles de mexicanos son asesinados mes a mes.
Por supuesto que lo mismo sucede en Estados Unidos, donde por lo menos cuatro tiroteos al día dejan en promedio tres muertos cada uno (datos del Departamento de Justicia de ese país), producto del descontrolado mercado interno en la venta de armas.
Actuar
Se calcula que hay en los estados fronterizos de la Unión Americana con México alrededor de 17 mil armerías. La natural porosidad de los límites entre ambos países propicia que el mercado ilegal de armas sea muy lucrativo y dinámico; acompaña de forma natural al tráfico de drogas y de personas, por lo que como delito forma parte de un “consorcio criminal” capaz de desafiar a las autoridades binacionales y poner en predicamento las capacidades de los responsables de las aduanas, también a los dos lados de la frontera.
Con un gobierno como el que despacha desde la Casa Blanca muy poco podemos esperar en la cooperación respecto del control del comercio ilegal de armas. Basta recordar los posicionamientos del secretario de Estado, Michael Pompeo, ante los muy oportunos señalamientos del canciller Marcelo Ebrard al respecto: ni siquiera los consideró en su discurso, ni menos aún en el comunicado conjunto, ni en las etapas posteriores a su viaje relámpago por varios países latinoamericanos.
Es del todo aconsejable que no vayamos a depender como sociedad y gobierno federal de lo que las autoridades de la Casa Blanca vayan a hacer en materia de seguridad binacional. En todo caso es determinante considerar lo que sí podemos hacer desde nuestro territorio, con nuestra leyes e instituciones, para incidir de forma determinante en la introducción ilegal de armas.
Los mexicanos nos estamos matando con las armas que proceden de EU. De cada diez armas incautadas nueve provienen del vecino del norte. Y junto con el notable incremento observado en los homicidios dolosos en el primer semestre del año son datos que nos obligan a actuar ya.