¡INSACIABLES!

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un anteproyecto de cinco mil 239 millones de pesos para los siete partidos nacionales en 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a sus respectivos dirigentes a que actúen de manera consecuente con las nuevas políticas de austeridad y devuelvan a la hacienda pública cuando menos 50% de esos recursos.

El año próximo no se celebrarán elecciones federales y apenas se llevarán a cabo procesos para votar por diputados locales y ayuntamientos en Coahuila e Hidalgo, respectivamente.

Aun así el órgano electoral programó un incremento de alrededor de 334 millones de pesos con respecto del presente año, en el que recibieron cuatro mil 965 millones y, por cierto, tampoco hubo comicios federales.

“No es tiempo de derroche”, sentenció el primer mandatario, mientras que los dirigentes de algunos partidos se muestran dudosos e incluso renuentes a renunciar al dinero público.

Partidos ricos, pueblo pobre

Tras conocer que en el seno del INE se aprobó un anteproyecto de cinco mil 239 millones de pesos para los partidos en 2020 López Obrador mostró su desacuerdo con dicho planteamiento: “Hago un llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que actúen de manera consecuente: no pueden estar recibiendo tanto dinero, tienen que reducir sus gastos y devolver un porcentaje a la hacienda pública”.

El mandatario aclaró que se trata de un llamado respetuoso puesto que “ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”.

También sugirió que cuando menos se reduzca el presupuesto de las fuerzas políticas en 50% y refirió que la Presidencia de la República ha puesto el ejemplo al disminuir 75% su gasto operativo: “Todos ayudemos a que no haya corrupción, que no haya abusos, porque esto es corrupción”.

El presidente celebró que por lo menos una fuerza política ya se pronunció por reducir sus prerrogativas, lo que representaría, por lo pronto, que la hacienda pública contara con mil millones de pesos adicionales. “Significa el poder darle mantenimiento como a mil escuelas que se están derrumbando, que necesitan arreglo. Ese es un programa; hay otros: becas para estudiantes pobres, arreglar centros de salud, comprar equipo médico para hospitales… en fin”.

Asimismo anunció que pedirá al secretario de Hacienda que hable con los consejeros del INE y con los dirigentes de los partidos para analizar si es posible lograr un acuerdo en el sentido de disminuir las prerrogativas.

Iniciativa de Morena

En marzo pasado los legisladores Tatiana Clouthier y Mario Delgado, de Morena, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que propone reducir 50% los recursos públicos de los partidos.

En su planteamiento la diputada Clouthier apuntó: “Actualmente se tiene un sistema de financiamiento partidista en el que las erogaciones a estos institutos políticos aumenta constantemente, pero esto no se traduce en una mayor confianza por parte de los ciudadanos hacia los partidos, en mayor participación o en una democracia de mayor calidad”.

La legisladora morenista explicó que su iniciativa “se refiere a la reducción del financiamiento público de los institutos políticos, específicamente el destinado para su funcionamiento cotidiano y no así el de campañas electorales”.

Agregó que se plantea que “en tiempo ordinario sean los propios militantes quienes apoyen a los partidos”.

Clouthier aseveró que disminuir el recurso público a los partidos no los hace más propensos a buscar otras fuentes de financiamiento: “El que es corrupto es corrupto y el que es decente es decente, con poquito, con mucho o sin nada; ese ha sido un pretexto para no reducir su financiamiento”.

A su vez el diputado Delgado resaltó que esta reducción habría significado en 2019 un ahorro de dos mil 500 millones de pesos. Asimismo señaló que ningún partido debería tener problemas por dejar de recibir recursos públicos: “Si tienen problemas financieros es por su quiebra política”.

Ambos legisladores explicaron que actualmente el Artículo 41 de la Constitución establece que “el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

En cuanto a la iniciativa que impulsan los morenistas, esta propone lo siguiente: “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por 32.5% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

Al respecto precisaron: “Reducir el multiplicador a la mitad permitiría disminuir en 50% el monto erogado a los partidos”.

Asimismo aseguraron que “la modificación no afectaría la preponderancia de recursos públicos sobre los privados, que garantiza equidad en la contienda, sin embargo sí reduciría los recursos erogados a niveles razonables”.

Asimismo Mario Delgado reiteró que es viable la petición del presidente López Obrador a las dirigencias de los partidos para que regresen parte del financiamiento y adelantó que buscarán acelerar que se dictamine la iniciativa de reforma para disminuir 50% el financiamiento a las fuerzas políticas para el próximo año. “Nadie se debe salvar de la austeridad republicana, incluidos los partidos. Vamos a impulsarla a partir de septiembre para tratar de que se apruebe esta reforma constitucional antes de aprobar el Presupuesto de Egresos, para que podamos tener un ahorro significativo en el presupuesto 2020”.

Por lo pronto la senadora Lilly Téllez, también de Morena, fue más allá y anunció que propondrá una iniciativa para reducir 70% el financiamiento a los partidos.

De hecho la presidenta nacional morenista, Yeidckol Polevnsky, aseguró que su partido puede renunciar a 75% de su presupuesto.

Dinero ilícito

El pasado 6 de agosto la Comisión de Prerrogativas del INE aprobó el anteproyecto de acuerdo del Consejo General por el que se distribuyen los montos de financiamiento público que recibirá cada partido político nacional durante el ejercicio 2020 y cuyo monto total asciende a cinco mil 239 millones 651 mil pesos.

El presidente del organismo, Lorenzo Córdova, recalcó que el “instituto no es responsable de decidir cuánto dinero les corresponde a los partidos políticos nacionales sino que su función y obligación legal es calcular el financiamiento público con estricto apego a las disposiciones mandatadas en la Constitución”.

Detalló que “las normas constitucionales son producto del consenso de los partidos y actualmente estipulan que el dinero público para las actividades ordinarias permanentes debe fijarse anualmente”.

Asimismo consideró que si se busca reducir las prerrogativas es “necesario que la base del cálculo de los montos del financiamiento a los partidos lo revisen y discutan los legisladores, en especial a nivel local”.

Señaló que “la única vía legal para que los partidos renuncien a sus prerrogativas es que notifiquen al INE su deseo de no recibir una parte (o la totalidad) de sus ministraciones mensuales y, entonces, el instituto estaría en posibilidades de reintegrar ese dinero a la Federación”.

También recordó que luego de los sismos de 2017, por acuerdo de los partidos políticos, se reintegró a la Tesorería de la Federación una parte del financiamiento que les correspondía en el último periodo del año; y mencionó que ese reintegro es una decisión de los propios institutos políticos en ejercicio de su autonomía.

Por otro lado, Córdova advirtió del riesgo que existe en que las fuerzas políticas busquen formas ilícitas para sus actividades si se les recorta el financiamiento público: “Mi preocupación es que si se cierra demasiado la llave coloquemos a los partidos en una posición de que vayan a buscar dinero donde no nos conviene a nadie, a la democracia”.

Aclaró que el instituto “siempre ha sido partidario de que las reglas se discutan y se consensúan; nosotros las aplicamos, las que sean, pero el financiamiento a los partidos ha llegado a niveles muy importantes y es pertinente una revisión para que el mismo se racionalice, es decir, se reduzca, siempre y cuando no ponga en riesgo la subsistencia de los partidos”.

Los partidos políticos, agregó, “pueden gustar o pueden no gustar, pero son indispensables para el funcionamiento de la democracia y requieren tener cubiertas sus necesidades de gasto más prioritarias para que subsistan. El INE no tiene atribuciones para decir cuál debería ser la reducción, en su caso. En eso el INE no se pronuncia porque es una decisión de tipo político”.

Renuentes

Sobre la propuesta de reducir las prerrogativas dirigentes de las fuerzas políticas de oposición expusieron sus dudas e incluso su renuencia; pero hay otros, además de Morena, que sí están de acuerdo.

Así por ejemplo Alberto Anaya Gutiérrez, presidente nacional del PT, afirma que a su partido le “preocupa porque desde 1996 a la fecha lo que hemos visto es cerrazón de espacios democráticos y restricciones para que los partidos emergentes y las oposiciones subsistan”.

Al respecto agrega: “Nos preocupan los vientos de regresión democrática, el pretexto de reducir el financiamiento público a los partidos políticos nos parece grave. El PT es partidario de que no haya financiamiento privado, que todo el financiamiento sea público, porque se trata de que los gobernantes y los representantes populares lleguen sin compromisos con poderes fácticos; que no le deban más que a la ciudadanía su posibilidad de participar en la vida democrática”.

Carlos Puente Salas, presidente nacional del PVEM, dice que su partido entiende muy bien que hay una indignación ciudadana y que existe la exigencia de tener elecciones más baratas.

“Debemos disminuir el financiamiento de los partidos políticos, claro que sí; se requiere un rediseño institucional que permita hacer más eficientes los procesos, eliminar la burocracia, facilitar la participación electoral”, pero al mismo tiempo “debemos revisar cómo es que repartimos el financiamiento: busquemos transitar a un esquema más equitativo o incluso igualitario”, dice.

Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del PRI, señala que nadie se opone al uso racional de los recursos públicos, puesto que es una exigencia de la sociedad, pero hay que analizar bien la situación: “Si queremos una democracia más austera, que siga siendo eficiente, que sea de calidad y que no subvierte los principios democráticos necesitamos aproximarnos de manera integral. Me parece que puede ser deseable reducir el financiamiento público, pero decir reducimos a rajatabla 50% es confundir los fines, los medios, los objetivos”.

Sí puede ser más racional el sistema de partidos, considera Ruiz Massieu, “desde luego que sí, pero hay que replantear la fórmula de asignación del recurso público. Nosotros tomamos hace décadas la decisión de que mayoritariamente los partidos recibirían financiamiento público y hoy la queremos repensar; pensemos una nueva fórmula de asignación de recursos donde 50%, por ejemplo, de esa asignación sea equitativa y el resto responda al resultado electoral”.

Pero al mismo tiempo, puntualiza, se debe cambiar el tope de recursos privados que se pueden recibir. Lo importante, indica, es que “cada partido pueda acceder a un mayor porcentaje de recursos públicos para no poner en riesgo el pluralismo político”.

A juicio de la priista “las prerrogativas son una forma de garantizar la pluralidad partidista en el país y si el objetivo es que se bajen los costos del sistema electoral debe revisarse todo el presupuesto y el andamiaje burocrático porque, de otra manera, significaría debilitar a las entidades de interés público, como son los partidos, que representan a la ciudadanía”.

El secretario general de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, retó a su vez al presidente López Obrador a que compruebe que Morena devolvió 50% de las prerrogativas para ayudar a los damnificados de los sismos de 2017. “Ha quedado en una farsa la supuesta austeridad a la que se comprometió Morena. Este año Morena ya recibió alrededor de mil 100 millones de pesos del presupuesto público y no ha regresado un solo peso, mientras que nosotros regresamos 100% de nuestras prerrogativas. Por eso, desde Movimiento Ciudadano le lanzamos un reto al presidente: si él puede comprobar que Morena sí donó esas prerrogativas a los damnificados del sismo, Movimiento Ciudadano regresa los recursos de los que dispone”, afirmó.

Asimismo el dirigente señaló lo que a su juicio es otra incongruencia de Morena: “¿Por qué si Morena ganó la elección presidencial con un presupuesto de 400 millones de pesos hoy recibe mil 760 millones? Lo que urge es ponerle un tope al financiamiento público. No 50%. Morena no tendría por qué recibir más de 400 millones, ni ningún partido. No hay razón para que algún partido reciba esa cantidad”.

Sobre el tema Héctor Larios, secretario general del PAN, asevera que su partido está a favor de que se reduzcan las prerrogativas, pero a cambio de que se permita mayor financiamiento privado. “La del presidente parece una intención muy positiva pero en realidad lo que quiere el gobierno es acabar con la oposición porque ‘te reduzco el financiamiento público y adicionalmente no puedes recibir ningún otro ingreso’ para matarnos de inanición”, advierte.

Añade: “Desde luego que sí es importante reducir el financiamiento público, pero lo que tienen que poner sobre la mesa es la disposición de cambiar de modelo de financiamiento de los partidos”.

Y denuncia: “Lo que no se puede hacer es cercar a los partidos, sobre todo cuando hay una Presidencia que no respeta la ley, que avasalla y establece un conjunto de programas clientelares”.

En tanto Ángel Ávila, representante de la dirigencia colegiada del PRD, expone que “para mí es una propuesta muy simplona del presidente. Hoy dice que a Morena y a los partidos se les quite 50% porque Morena tiene un presupuesto de mil 700 millones de pesos. Lo cierto es que estamos ante una propuesta del Ejecutivo para asfixiar a la oposición: para que no tenga los mínimos recursos indispensables para hacer campañas”.

Costo oneroso

Francisco Búrquez Valenzuela, presidente de la organización ciudadana Ola Libertad, es sin duda uno de los personajes de la política nacional que con mayor ahínco han exigido reducir los recursos a las fuerzas políticas.

El ex senador de la República resalta que en la actualidad nuestro país se encuentra “en un momento de extrema gravedad económica, lo cual nos exige un esfuerzo mayor porque significativamente el monto que reciben los partidos es excesivo”.

Y agrega que “los partidos y sus integrantes deben aprender a competir electoralmente con buenos programas, talento e inteligencia, no con base en propaganda pagada a costa del ciudadano”.

Lo cierto es que en los comicios federales y concurrentes de 30 entidades de 2018 se canalizaron a los partidos políticos nacionales y locales alrededor de doce mil 400 millones de pesos.

En este 2019, sin comicios federales y con apenas seis procesos locales —con tan solo dos gubernaturas en disputa—, se canalizarán a los partidos nacionales y locales de las 32 entidades aproximadamente nueve mil y medio millones de pesos.

Otro dato: el presupuesto otorgado a las fuerzas políticas nacionales en el periodo 1997-2019 supera los 80 mil millones de pesos.

Hoy comienza una nueva lucha por reducir el alto costo de las fuerzas políticas.

Financiamiento público anual a los partidos nacionales 1997-2019

(en pesos)

Fuente: IFE/INE

*Años sin elecciones federales

Desechados

De acuerdo con un estudio elaborado por la Consultoría Integralia 32 partidos han obtenido su registro entre 1990 y 2014 y 15 de ellos perdieron su registro entre 1997 y 2018. Se trata de los partidos Frente Cardenista, Popular Socialista, Demócrata Mexicano, Del Centro Democrático, De la Sociedad Nacionalista, Auténtico de la Revolución Mexicana, Alianza Social, Democracia Social, Liberal Progresista, México Posible, Fuerza Ciudadana, Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Humanista, y Encuentro Social. Tan solo en el periodo 1997-2018 este grupo de fuerzas políticas obtuvieron seis mil 435 millones de pesos. Dinero tirado a la basura.

Financiamiento público programado para los partidos en 2020

Fuente: INE