¿Se acuerda usted de la reforma electoral de 2007, aquella en que se decretó la confiscación de tiempos de radio y televisión para apoyar a los partidos políticos? Los legisladores y dirigentes de los partidos la hicieron con el argumento de que se ahorraría dinero de los contribuyentes porque sería posible reducir los costos de campaña y de los partidos políticos. La realidad ha sido muy distinta.
Los partidos políticos dejaron de pagar publicidad a la radio y la televisión abiertas en 2008 pero eso no ha llevado a una moderación en sus gastos. De hecho los presupuestos a los partidos siguen aumentando a pesar de las promesas de reducirlos.
En un año en que el gobierno ha recortado presupuestos a diestra y siniestra, algunos de programas sociales muy populares, los partidos políticos siguen recibiendo enormes cantidades de dinero. La ley está hecha para que los subsidios a los partidos se incrementen año con año, aun cuando no haya elecciones federales, como es el caso de 2020.
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó este 6 de agosto un presupuesto de cinco mil 239 millones de pesos para los siete partidos políticos con registro oficial en 2020. Es un aumento de 5.5% o 273 millones de pesos sobre lo que recibieron en este 2019.
Si no hay cambios en la ley Morena recibirá mil 760 millones de pesos; el PAN, 970; el PRI, 914; el PRD, 451; el Partido Verde, 431; Movimiento Ciudadano, 415, y el Partido del Trabajo, 395 millones de pesos. Los partidos políticos siguen siendo un gran negocio.
Debate
La ley electoral ordena la fórmula que establece estas cantidades. No falta quien vea estos montos como normales o necesarios. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, declara que si bien está de acuerdo con una reducción “racional” su preocupación es que “si se cierra demasiado la llave coloquemos a los partidos en una posición de que vayan a buscar dinero donde no nos conviene a nadie, a la democracia”.
La afirmación de que hay que dar mucho dinero a los partidos para evitar que caigan en la corrupción ha sido utilizado una y otra vez, pero no tiene sentido. Si así fuera tendríamos que pagar sueldos de extorsión a todos los funcionarios públicos. La experiencia nos demuestra, sin embargo, que los sueldos generosos, incluso extravagantes, no son garantía contra la corrupción.
Muchas naciones de Europa tienen financiamiento público para los partidos, aunque los montos no suelen ser tan elevados como los de nuestro país. En Estados Unidos, en cambio, se sostienen con aportaciones privadas. Ningún sistema es perfecto pero el argumento de que dar fuertes cantidades de dinero a los partidos evitaría la penetración del sistema político por el crimen organizado resulta simplemente falso. El caso del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es uno de muchos que demuestran que el financiamiento público de los partidos no evita la influencia del crimen organizado sobre los políticos.
Puede haber argumentos válidos de un lado o del otro de este debate. Pero es demasiado fácil para los partidos seguir recibiendo cientos o miles de millones de pesos al año del erario. Por eso los partidos no trataron en el último año de cuando menos limitar el dinero de los partidos, a pesar de las peticiones del presidente López Obrador. Esperemos que ahora sí lo hagan antes de que los contribuyentes tengamos que aportar cinco mil 239 millones de pesos a los partidos el año que viene.