Ciudad de México, a 9 de septiembre. Para el sector productivo nacional la inseguridad se ha convertido en una especie de impuesto ilegal que se pierde en las arcas de la delincuencia, por lo que empresas (tanto pequeñas como medianas y grandes corporativos), transportistas de mercancías en sus diversas modalidades, productores e intermediarios agrícolas y todos aquellos nichos insertados en la industria generadora de desarrollo para el país modifican sus protocolos de fabricación y distribución.
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) evidencia la merma que afecta al sector industrial: una tipificación de los ilícitos que más se cometen contra las compañías a nivel nacional incluye asalto, extorsión, fraude, robo hormiga, actos de corrupción, robo total o parcial de vehículos (con todo y mercancías), robo parcial de trenes, daños a instalaciones, maquinaria o equipo, delito informático y secuestro de directivos, empresarios y ganaderos.
Además, según la encuesta, los puntos más vulnerables que detectan los empresarios en sus actividades son durante el transporte de productos por carreteras y vías de ferrocarril, movilizar mercancías en corredores industriales, compraventa en centrales de abasto, transacciones en bancos y, en gran medida, en la comercialización de sus productos en los destinos finales, por lo que organismos civiles y cúpulas empresariales alzan la voz.
Y es que de acuerdo a expertos el miedo a la violencia altera el comportamiento de la economía, sobre todo al cambiar los modelos de inversión y consumo, pero también al desviar los recursos públicos y privados de las actividades productivas para dirigirlos a medidas de protección.
Cifras
El Índice de Paz México 2019 —estudio que elabora el Institute For Economics & Peace— determina que el costo económico a causa de la violencia en el país aumentó en doce meses a tal grado que generó un costo financiero de 5.16 billones de pesos durante 2018, lo que se traduce en una merma que representa 24% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que significa 10% más que en 2017.
Este cálculo financiero, establece el organismo privado, toma en cuenta pérdidas en términos de bienestar, por déficit de productividad, ingresos no percibidos, distorsiones en el gasto, así como costos públicos y privados en seguridad: detalla además que el costo per cápita o por cada individuo por la violencia en el país asciende a 41 mil pesos anuales.
Índice de Paz México también midió las pérdidas económicas que genera el miedo, es decir, el gasto que no se genera cuando los ciudadanos evitan salir, acudir a un centro turístico e incluso establecer negocios debido a la crisis de violencia, el cual ascendió a 74 mil millones de pesos en 2018.
A finales del año pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó a su vez la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE): del total de 3.7 millones de delitos reportados los más frecuentes entre los que sufren las empresas son robo/asalto de bienes o dinero (854 mil 591 casos), robo hormiga (583 mil 933), extorsión (525 mil 36), actos de corrupción (512 mil 700), robo de accesorios de vehículo (328 mil 868) y robo de mercancía en tránsito (302 mil 896 casos).
La iniciativa privada también tiene sus datos y en abril del presente año la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que la inseguridad en las empresas se disparó en el primer bimestre de 2019.
De acuerdo a una encuesta levantada entre los socios de la organización cúpula el indicador “más seguridad” muestra los niveles más altos ya que 67% de los socios reportó haber sido víctima de algún delito en el último año: la inseguridad en las 36 mil empresas que conforman el organismo corporativo mostró un alza de 23.6 puntos porcentualesen comparación con la encuesta —denominada Data Coparmex— del mismo periodo en 2018.
En estados como Oaxaca, Tabasco e Hidalgo los socios señalaron que han sido víctimas de la violencia en al menos ocho ocasiones en el más reciente año, mientras que en el resto del país cinco de cada diez empresarios han sido afectados por la delincuencia al menos una vez.
Los datos establecen que los delitos más comunes que aquejan al sector empresarial son el robo hormiga,con 21%; robo de mercancía, dinero o equipo en tránsito, 19%; así como el robo total o parcial de vehículos, 14%; mientras que con 11% se encuentra la extorsión y cobro de piso,con 9% daños a instalaciones de las empresas y 26% restante por otros factores.
En materia de autotransporte de carga el costo de la inseguridad alcanza 92 mil 500 millones de pesos anuales, equivalentes a0.5% del PIB nacional, lo queimpacta en la competitividad de la economía del país, según cálculos de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).
Preocupante
Los niveles de violencia e inseguridad que se viven en algunas zonas del país son preocupantes y limitan la actividad económica y las inversiones, reconoce el sector empresarial.
“La inseguridad y la violencia están entre las preocupaciones más importantes para el sector empresarial; tratamos de apoyar al sector público para frenar esta situación, mejorar las carreteras, tener seguridad en trenes, para las personas y también para las fábricas”, dice Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Salazar recuerda que inseguridad y violencia son problemas que vienen gestándose desde hace varios años y para los que se han buscado diversas soluciones. “Por ello en esta nueva estrategia del gobierno la iniciativa privada opta por denunciar todos los delitos que se cometan, para que la autoridad tenga elementos de juicio y sepa dónde se requieren mejorías”, expone.
Francisco Cervantes, líder de la Concamin, relata que se ha incrementado en 20% el robo al transporte terrestre, principalmente en carreteras y vías de ferrocarril, con respecto de lo reportado en 2018.
“El incremento de estos delitos impacta a diversas industrias como el sector automotriz, autopartes, electrónica y agroalimentario en entidades del Bajío”, describe.
Y agrega: “Estamos muy preocupados por la situación. Las extorsiones llegan incluso hasta microempresarios que tienen tortillerías. No podemos vivir así”.
El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle, confía en que la estrategia de seguridad del gobierno federal genere las condiciones para mejorar el clima de inversiones ya que el organismo que agrupa a las 60 empresas más poderosas del país tiene la meta de invertir 32 mil millones de dólares en lo que resta de 2019, un monto superior a su objetivo de años anteriores.
“Tenemos confianza en la Guardia Nacional. Sin duda es un esfuerzo importante y benéfico para el país y hay que apoyarlo; confiamos en que tenga éxito y que sea una realidad”, expresa.
Para el empresario “a pesar de los sucesos violentos en entidades como Veracruz o Michoacán estas siguen teniendo un potencial de inversiones en diversos sectores. Depende de todos mejorar las condiciones del país: desde el gobierno para establecer las políticas públicas que instituyan las reglas y desde lo privado para seguir generando inversión y empleos”.
Visión
Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, establece que la politización de la seguridad es un error que provoca que la carrera y el trabajo de un policía dependan del partido político en turno y del funcionario público que designe los cargos policiacos.
“Si los policías son nombrados por el gobernador o los presidentes municipales es un tema político y no de garantías de seguridad. En Estados Unidos, por ejemplo, el sheriff es elegido por votación y puede ser nombrado de nuevo si tiene buen desempeño. En México no ocurre así: es un puesto político”, explica.
Cabe señalar que Desfassiaux fue invitado por Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, a participar en el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. “Esto representa una gran responsabilidad ya que tenemos un importante reto y oportunidad para que, mejorando las condiciones de seguridad, se genere un mayor crecimiento económico con inversión y empleo; y que este crecimiento genere las condiciones para serenar al país y mejorar nuestra seguridad, tal y como lo menciona el presidente”, comenta el directivo.
Y concluye: “A lo largo de la historia se ha comprobado que cuando se genera y se percibe una mayor seguridad se fortalece el Estado de Derecho y se favorece un mayor crecimiento económico. Por eso un ambiente de seguridad permanente y generalizado es fundamental para los ciudadanos ya que es un claro impulsor de la vida económica de un país”.
De esta manera el costo de la violencia para las empresas tiene una fuerte y directa correlación con el impacto económico de la inseguridad y en gran parte afecta el PIB nacional debido a que algunos delitos que afectan a las corporaciones suceden en estados con niveles altos de producción: son las heridas financieras de la inseguridad en México.
Gastos en seguridad
Las empresas víctimas de delitos realizan gastos anuales en medidas de seguridad y protección contra la delincuencia. El monto del gasto se diferencia por el tamaño de la empresa afectada: mientras que las microempresas invierten en promedio 20 mil 172 pesos cada una en medidas de protección, las empresas pequeñas gastan 135 mil 225 pesos, las medianas 333 mil 529 y las grandes más de un millón de pesos.
Fuente: México Evalúa
Consecuencias empresariales por inseguridad
Entre las consecuencias más relevantes que experimentan las empresas están la cancelación de planes para el crecimiento del establecimiento (13.1%); el freno en la comercialización o la realización de negocios con otras empresas (6.3%); la reducción de horarios de producción o comercialización de bienes o servicios (18.2%); cancelación de rutas de distribución o venta de sus productos (4.5%), y pérdidas total de sus entregas de mercancías o servicios (57.9%).
Fuente: México Evalúa