Por Katia D’Artigues
En este país que es un one-man-chou estaba absorta pensando en cómo medir el “bienestar del alma” del pueblo mexicano cuando caí en cuenta de que se aproximan dos posibles reelecciones legales en este país. Sí, legales (ejem, Bonilla, Martí, Yeidckol, Porfirio) y en dos instituciones vitales que están en coyunturas radicalmente distintas.
En ambos casos el proceso arranca en septiembre y culmina en noviembre.
CNDH
La relación entre Luis Raúl González Pérez y AMLO iba bien. En abril se reunieron para platicar —los dos comparten el gusto por la historia— y acordaron que el presidente iría a su informe anual… pero canceló pocos días antes y mandó a la secretaria de Gobernación. Histórico desaire.
Se interpuso el mismo trabajo de la CNDH que debe ser incómodo para cualquiera en el poder y lo ha sido: el memo sobre la reforma educativa, la recomendación sobre estancias infantiles y, para acabarla, las acciones de inconstitucionalidad sobre las leyes secundarias sobre la Guardia Nacional. AMLO respeta la autonomía pero no le encanta.
Aunque es jurídicamente posible la reelección es políticamente casi imposible. Aún no se sabe, siquiera, si lo intentará. La institución está en riesgo pero por no enfrentarse (más) tampoco se anima a defenderla con todo. Paradoja.
En septiembre el Senado mandará una convocatoria para recibir propuestas de la sociedad civil y revisará quiénes cumplen con el perfil. El o la ombudsperson se elige con dos terceras partes del pleno (la oposición “moralmente derrotada” jugará un papel).
¿Apuntados o apuntadas? Pocos, hasta ahora. El padre Alejandro Solalinde (a quien AMLO quería al frente de la institución y a quien pidió que “propusiera”) impulsa a Elizabeth Lara Rodríguez, defensora de migrantes oaxaqueña. Está Arturo Peimbert Calvo, del mismo estado. Han apuntado a Leticia Bonifaz y Santiago Corcuera y ellos se desapuntan. ¿Aparecerán los eternos candidatos Bernardo Bátiz y Loretta Ortiz? Y a ver quién más.
Mientras tanto un senador morenista, Salomón Jara, presentó una iniciativa para cambiarle el nombre a Defensoría del Pueblo y que al titular lo nombre directamente el presidente. Sería un retroceso. La iniciativa también incluye que las recomendaciones serían obligatorias, lo que suena bien en principio, pero al convertirse en actos de autoridad podrían ser sujeto de amparo ante el Poder Judicial.
UNAM
En este mes sale la convocatoria. Enrique Graue puede reelegirse y tiene apoyos. Lo ven bien en Presidencia desde que se bajó el universitario sueldo sin que haya tenido que, lo que ocasionó críticas en la república de la UNAM por “vender” la tan preciada autonomía.
Hay otros apuntados interesantes: Pedro Salazar Ugarte, de Jurídicas; Angélica Cuéllar, de Ciencias Políticas; a Raúl Contreras, de Derecho, le pesa la cercanía priista; Rosaura Ruiz no podría, por dejar de ser integrante de la Junta de Gobierno hace poco; Sergio Alcocer no quiere que lo apunten; Luis Raúl González Pérez no dejará la CNDH para meterse al proceso; John Ackerman ya dijo que no y que apoya a Graue. Como sea, no podía por una barrera discriminatoria (lo es: discriminar por nacimiento está en el primero constitucional): por no haber venido al mundo en México.
Aunque parece que hay un candidato con apoyo es la UNAM y siempre habrá debate. Mucho más tras el “olvido” de la autonomía universitaria en el proyecto del tercero constitucional, que finalmente se arregló.
Se paró el porfiriato
Porfirio Muñoz Ledo renunció a su intento de hacer un “porfiriato” en la Cámara de Diputados. Lo felicitan como hombre de Estado pero en realidad no violó la ley y ya. Creador de frases memorables ya se ve en la historia de México, aunque nunca tuvo el poder que quiso y buscó.
Se dice desde hace tiempo que los presidentes deben pensar siempre en su séptimo año, el más importante. Y no por una posible reelección, qué va, sino por cómo serán recordados en la historia. Lo mismo aplica para las acciones realizadas en los últimos años de una vida, por más que uno haya aportado a la historia del país.