En un país tan agobiado por la austeridad y el dispendio como el nuestro ¿quién puede objetar una más estricta ley de austeridad? Nadie, a menos que la legislación en lugar de asegurar la austeridad combata una remuneración justa para quien tiene talento y preparación y, peor aún, lo condene a no poder conseguir un empleo futuro en su campo de especialidad.
Desde mucho antes de asumir la Presidencia Andrés Manuel López Obrador prometió combatir la corrupción. Esa fue una de las promesas que lo llevaron al triunfo en un país cansado de la deshonestidad de sus gobernantes.
Pero hay que separar el combate a la corrupción de los esfuerzos por pagar a los funcionarios especializados salarios inferiores a los de mercado. Mucho más las medidas que puedan llevar a que el Estado pierda la colaboración de los mexicanos más especializados y talentosos.
El presidente López Obrador ha señalado en muchas ocasiones que considera a Benito Juárez como el mejor mandatario que ha tenido México y un ejemplo de honestidad personal. Pero “la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley ha señalado” que pedía Juárez a sus subordinados no significaba que los funcionarios debieran vivir en una pobreza monacal. Juárez tenía como presidente un sueldo de tres mil pesos al mes. Está documentado que con 500 pesos, una sexta parte, compró una carroza descapotable con un tronco de caballos. Ningún presidente de las últimas décadas podría haber comprado un vehículo por la sexta parte de su ingreso mensual. El salario de Juárez era muy superior no solo al de López Obrador sino al de cualquier presidente reciente.
Amenazas
El actual mandatario no solo se ha recortado el sueldo a él sino a miles de funcionarios que trabajan en distintas capacidades en el gobierno. Algunos quizá no tenían más preparación o talento que haber sido designados por parientes, amigos o compadres. Muchos de los servidores públicos de nivel medio y medio alto, sin embargo, son extraordinariamente capacitados y hoy enfrentan la realidad de que sus ingresos son recortados a niveles muy inferiores a los que prevalecen en el sector privado en cargos similares.
La amenaza puede ser peor si se aprueba una nueva ley de austeridad que impediría a los funcionarios trabajar en el sector privado durante diez años en su sector de especialidad. Esta medida afectaría principalmente a los servidores públicos en campos como el de la energía y el financiero. Un artículo de Bloomberg señala que muchos funcionarios del sector financiero tienen ya listas sus cartas de renuncia porque esta ley los privaría de la posibilidad de trabajar en su especialización virtualmente el resto de su vida laboral. Prefieren probar suerte en un mercado deprimido que quedar condenados al desempleo perenne.
La nueva ley podría llevar a una gran fuga de talento, especialmente en instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los funcionarios saben que pueden ser despedidos en cualquier momento, y sin ninguna indemnización, solo porque no son del agrado de sus nuevos jefes. El resultado de la nueva ley no sería generar una mayor austeridad sino privar al sector público de los especialistas capacitados que cualquier gobierno necesita. El resultado sería una peor administración pública y quizás una mayor corrupción, porque los funcionarios que supieran que no podrán trabajar el resto de su vida productiva en su campo de especialidad tendrían un mayor incentivo para obtener beneficios indebidos de su función. Es una mala ley que hay que rechazar.