La proliferación de armas de fuego provenientes de Estados Unidos y que ingresan de manera ilegal al país se ha convertido en una de las principales causas del aumento de la violencia y el crimen en México: se estima que 70% de los asesinatos que se cometen en territorio nacional se realiza con armas originarias de la Unión Americana.
El tráfico de armamento, que va desde pistolas, pasando por fusiles de asalto, ametralladoras, granadas y hasta cohetes de diversos calibres, incrementa el poder de fuego de los grupos de la delincuencia organizada y ello le permite imponer un clima de violencia y terror en amplias regiones, con un saldo sangriento de miles de muertos.
Tema fundamental en la agenda de los dos países, el trasiego ilegal de armas constituye para México un asunto de seguridad nacional, mientras que para el gobierno estadunidense la posesión es un derecho constitucional y la venta una actividad comercial legal, respaldada por una poderosa industria que ubica a esa nación como la mayor productora y vendedora de armas en el mundo y, por ende, le representa un negocio multimillonario.
Antes de viajar a Washington para hacer un balance de los avances del acuerdo migratorio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, difundió que mientras para EU el tema de esa reunión era la migración para México lo era “congelar” el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país, con lo que refrendó la exigencia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que Washington refuerce los controles y la vigilancia en su frontera sur.
Los altos niveles de inseguridad que vive México en la actualidad, reflejados en cifras históricas de homicidios dolosos, feminicidios, asaltos con violencia, secuestros o robos en todas sus modalidades, hacen necesaria la aplicación de una estrategia efectiva para contener una criminalidad desbordada. Y uno de los factores estratégicos a atacar para restablecer el clima de seguridad es contener el flujo ilegal de armas proveniente de suelo norteamericano.
El reclamo del canciller Ebrard respecto de que Estados Unidos hace “poco o casi nada” para evitar el tráfico de armas, a decir de analistas constituye una postura firme de México —avalada por el compromiso y las medidas tomadas para contener el flujo migratorio—, por tratarse de un tema de gran importancia para el gobierno federal como es el de la seguridad y los esfuerzos que realiza para combatir a la criminalidad y restablecer las condiciones de paz y seguridad que hasta hoy no han tenido avances significativos.
Problema grave
Los números oficiales difundidos por los gobiernos de ambos países, Organizaciones No Gubernamentales y académicos que dan seguimiento al tema muestran la gravedad del problema: se calcula que en los últimos diez años ingresaron de manera ilegal al territorio dos millones de armas de diferentes calibres provenientes de la Unión Americana, cifra que podría ser mucho mayor de acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
Las armas se introducen a México en su mayoría mediante un tráfico “hormiga” por diversos puntos de la extensa frontera común, así como por rutas terrestres y marítimas en el caso de mayores cargamentos. Con ellas se abastece en gran medida el mercado delictivo que opera en el país, sobre todo de los traficantes de drogas.
Con las posibilidades que les permiten los grandes recursos económicos que les deja su actividad delictiva los grupos del crimen organizado adquieren cada vez mayores cantidades de armamento, incluidas armas de gran letalidad como el rifle Barret calibre 50, el más poderoso del mundo y capaz de derribar helicópteros, como han podido constatar autoridades policiacas y las Fuerzas Armadas durante enfrentamientos con esos grupos delictivos.
Aumento de homicidios
La disponibilidad y facilidad para la adquisición de armas de fuego por parte de la delincuencia en nuestro país mantiene una correlación con el incremento de los homicidios cometidos con armas de fuego.
El gobierno mexicano y analistas han podido comprobar esta curva ascendente entre armas y homicidios: mientras que en 1997 casi 15% de los homicidios que se cometían en el país era con armas de procedencia estadunidense, para 2010 ese porcentaje se incrementó a 60% y desde 2012 a la fecha ha crecido año tras año, hasta alcanzar ahora 70 por ciento.
En un análisis de homicidios con armas de fuego la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos refiere que desde 1997, cuando en el país empezó el registro de manera formal del número de homicidios, la tasa fue a la baja de 2000 a 2006, para después ascender de manera dramática.
Resalta que en un periodo de 20 años la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego aumentó 570 por ciento.
Esta tendencia al alza se ha mantenido durante la presente administración del presidente López Obrador ya que de acuerdo con las estadísticas de enero a junio del presente año se habían contabilizado poco más de 17 mil homicidios dolosos, cifra que superaba los 16 mil 585 registrados en el mismo periodo de 2018.
Desinterés
La problemática del ingreso ilegal de armas de fuego procedentes de Estados Unidos es uno de los temas delicados en la agenda bilateral y que tiene un fuerte impacto criminal en territorio mexicano, pero que a ojos de las autoridades estadunidenses parece no tener la importancia y la urgencia que demanda México.
Las exigencias que nuestro país hace de manera reiterada para que Washington asuma su responsabilidad en el tema no han logrado cambiar de fondo la actitud en los distintos gobiernos republicanos o demócratas.
Un ejemplo de ello es que la prohibición decretada para la fabricación, transferencia y posesión de armas de asalto —medida adoptada por el Congreso estadunidense después de varias masacres ocurridas en ese país— solo se mantuvo durante diez años, de 1994 a 2004, lo cual significó un agravamiento en el tráfico de ese tipo de armas, que tienen gran demanda entre los grupos delincuenciales mexicanos y por consiguiente el aumento de la violencia y el crimen, resalta la Secretaría de Relaciones Exteriores en su informe Tráfico de armas EU-México.
Resistencia al control
La posesión de armas de fuego es un derecho de los ciudadanos de EU establecida en la segunda enmienda de su Constitución, por lo que existe una fuerte resistencia en amplios sectores de la sociedad estadunidense respecto de propuestas o iniciativas que tengan como fin el control o una mayor legislación sobre la posesión de armamento, debate que se intensifica cuando tienen lugar nuevas masacres en que pierden la vida decenas de personas a manos de individuos fuertemente armados.
Además del derecho consagrado en sus leyes para poseer armas y de la defensa que hacen de él diversos grupos —como la Organización Nacional del Rifle (NFA, por sus siglas en inglés), con más de seis millones de integrantes que ejerce una gran influencia política y económica—, existe una poderosa industria armamentista con negocios multimillonarios.
De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo las compañías armamentísticas estadunidenses controlan el mercado y concentran más de la mitad de las ventas globales de armas con 57% de la producción y ventas por 226 mil 600 millones de dólares en 2017.
Como en ocasiones anteriores los atentados contra civiles en la Unión Americana como el ocurrido el 3 de agosto en El Paso, Texas, cometido por un joven supremacista que dejó un saldo de 22 personas muertas (ocho de ellos mexicanos) y se calificó como un ataque de odio contra ciudadanos mexicanos, volvió a generar un fuerte debate en aquel país acerca de la necesidad de un mayor control de armas.
La condena de amplios sectores estadunidenses contra la proliferación de armas y la falta de control ha sido respaldada por más de 200 alcaldes norteamericanos, en tanto que legisladores demócratas anunciaron que presentarán varias iniciativas cuando se reanuden los trabajos en el Congreso.
A su vez el presidente Donald Trump se dice abierto a analizar algunas propuestas de mayor control en la venta de armas pero reitera que es el mayor defensor de la segunda enmienda de la Constitución estadunidense que garantiza el derecho a la posesión de armas en ese país.
Estricta regulación
En México el artículo 10 de la Constitución establece que los habitantes del país “tienen el derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa”, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
A diferencia de Estados Unidos en nuestro país existe una estricta regulación en la adquisición de armas ya que si bien no se prohíbe su posesión sí existen disposiciones que se deben cumplir de manera puntual en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para su otorgamiento a particulares en los calibres permitidos.
La institución castrense tiene además la prerrogativa exclusiva en el país para la compra de armas de fuego que se usan en las tareas de seguridad que realizan las propias Fuerzas Armadas, las agencias de seguridad del Estado mexicano y las corporaciones de policías estatales y municipales, así como la venta a privados.
Con legislaciones opuestas respecto de la posesión de armas de fuego en ambos países, que comparten una frontera de casi tres mil kilómetros, con amplias zonas vulnerables en los puertos de acceso, se facilita el tráfico ilegal y se complica el control de cientos de miles de armas que van a parar en su gran mayoría a manos de las organizaciones delictivas que operan en México.
Ante una situación que se agrava cada vez más legisladores mexicanos de la LXIV Legislatura han propuesto a sus contrapartes estadunidenses realizar cambios conjuntos en las leyes de ambos países y, con ello, unir esfuerzos y estrategias que permitan enfrentar el problema del tráfico ilegal de manera efectiva y eliminar un factor de violencia que genera un alto costo de vidas e inseguridad en territorio nacional.
Sin embargo el reto de disminuir el contrabando de armas de fuego enfrenta no solo las dificultades que implica una enorme frontera común en la que es complicado detectar el ingreso de armamento ya que además compartimos vecindad con el mayor productor y exportador de armas en el mundo.
Freno
La postura del gobierno mexicano respecto de las armas de fuego provenientes de manera ilegal de la Unión Americana fue reiterada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante la reunión que recién sostuvo en Washington para presentar un balance de los resultados obtenidos en los 90 días establecidos en el acuerdo migratorio firmado entre ambos países.
El canciller mexicano expuso al vicepresidente Mike Pence y al secretario de Estado, Mike Pompeo, la importancia que tienen para México no solo el tema migratorio sino también el de las armas.
Ebrard afirmó luego que Estados Unidos debe hacer más para frenar el tráfico de armamento hacia territorio mexicano ya que el objetivo será no solo reducir el ingreso sino “congelarlo”.
El gobierno de Estados Unidos, dijo, “tiene que hacer muchísimo más (contra el tráfico de armas). Lo que está haciendo es muy poco o casi nada. México estará exigiendo las acciones que Estados Unidos debe tomar en reciprocidad a las que México está tomando”.
Anunció que en breve iniciarán los trabajos de un grupo binacional para dar seguimiento al tema de las armas de fuego y se comenzará a trabajar en un informe mensual que permita conocer el número de armamento asegurado y los puntos por los que ingresan de manera ilegal al país.
De acuerdo con un documento que el titular de la SRE presentó en la reunión con funcionarios estadunidenses el 10 de septiembre, se asienta que el tráfico ilegal de armas de fuego se incrementa de manera sustancial y ello refleja un incremento de homicidios violentos.
Ante esta situación el gobierno de México considera que ambos países deben trabajar de manera urgente en este problema bilateral, por lo que al tratarse de un problema fronterizo recomienda que el Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS, por sus siglas en inglés) intensifique sus esfuerzos para detener el tráfico ilegal de armamento.
También propuso operaciones adicionales para el control de armas y drogas en cinco puntos de la frontera: San Diego-Tijuana; El Paso-Ciudad Juárez; Laredo-Nuevo Laredo; McAllen-Reynosa, y Brownsville-Matamoros.
Presión e intereses económicos
Juan Ibarrola, especialista en temas de las Fuerzas Armadas y seguridad, afirma que el ingreso ilegal de armas de fuego desde EU genera una gran cantidad de violencia en el territorio mexicano al llegar a los grupos delictivos, pero considera que a pesar de esa situación ve con pesimismo que haya algún cambio de actitud del gobierno estadunidense porque la venta de armas en ese país es un gran negocio: es el principal productor y exportador de armamento a escala mundial.
Considera que detectar y disminuir el tráfico ilegal de armas se trata de una situación complicada ya que por un lado en EU se permite que salgan mientras que en México no solo existen una gran cantidad de puntos por donde pueden pasar sino que además prevalece una enorme corrupción entre diversas autoridades fronterizas que permite su ingreso por aduanas y rutas terrestres y marítimas.
“Así como hay armas que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas hay otras que son de uso exclusivo de la delincuencia, es decir, que se venden para los delincuentes. Esta situación genera un terrible problema en el país”, reconoce el analista.
Respecto de la postura del gobierno mexicano de exigir a Washington mayor control para detener el flujo de armas ilegal a nuestro país indica que tenemos pocas posibilidades de presionar al gobierno estadunidense en ese tema, por la simple razón de que se trata de una industria armamentista con grandes intereses económicos y políticos.
Reconoce que en las Fuerzas Armadas del país existe preocupación acerca de que en Estados Unidos haya un control respecto del tráfico ilegal de armas ya que su mayor disponibilidad en el país es un generador de violencia, sobre todo entre los propios grupos delictivos.
Armas de fuego
Se calcula que en los últimos diez años ingresaron a México de manera ilegal dos millones de armas de fuego procedentes de EU.
La Secretaría de la Defensa Nacional calcula que cada año 200 mil armas llegan al país por medio del tráfico ilegal, procedentes de la Unión Americana.
En promedio 567 armas entran por día a través de la frontera norte; es decir, 22 cada hora.
En 1997 al menos 15% de los homicidios cometidos en México se realizaron con armas de procedencia estadunidense; en 2010 el porcentaje ascendió a 60%, y desde 2012 ha crecido año tras año hasta alcanzar 70 por ciento.
El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU refiere que muchas de las armas que ingresan a México fueron adquiridas en negocios locales ubicados en California, Arizona, Nuevo México y Texas.
La Secretaría de la Defensa Nacional reconoce que hay en el país un millón 66 mil 311 armas fuera de control.
En la última década se aseguraron unas 200 mil armas.
Hasta agosto de este año, según la ATF, hay en el vecino país 133 mil licencias activas para la venta de armas de fuego y de ellas la mayoría está en los cuatro estados fronterizos con México: California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Siete de cada diez armas ilegales que llegan a nuestro país proceden de EU; las restantes tres vienen de España, Italia, Austria y otros países.
Casi 70% de estas armas provienen de Texas (41%), California (19%), Arizona (15%) y el 25 restante de los demás estados.
Puntos identificados en el tráfico de armas: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Browning-Matamoros.
Fuente: Secretaría de la Defensa Nacional y Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos
También por el sur
De acuerdo con información periodística la frontera sur, con Guatemala y Belice, también es utilizada por grupos delictivos para ingresar armas de manera ilegal al país. Ese armamento proviene de Nicaragua e ingresa vía terrestre hasta el centro del país, específicamente al barrio de Tepito, en el centro de la Ciudad de México.
De acuerdo con testimonios de funcionarios que conocen la forma en que son introducidas armas desde Centroamérica este delito se realiza mediante una intrincada red de protección en la que participan policías, funcionarios y grupos criminales.
De igual manera de otros países centroamericanos como Costa Rica los grupos de droga mexicanos adquieren una importante cantidad de armamento como parte de las negociaciones que establecen para que los cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica puedan llegar y transitar por territorio mexicano con destino a Estados Unidos, de acuerdo con esas mismas investigaciones periodísticas.