Claro que hay que combatir la evasión fiscal pero hay que hacerlo de forma inteligente y con respeto a las garantías individuales y a los inocentes. Esto no es lo que está haciendo el Congreso de la Unión, que tramita un paquete de reformas a la Ley de Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Fiscal de la Federación y el Código de Procedimientos Penales. Estas enmiendas convierten a los contribuyentes que cometan una falta real o inventada en miembros del crimen organizado y en enemigos de la seguridad nacional.
La primera razón por la que estas reformas son cuestionables es porque faltan a la verdad. Incluso un contribuyente que sea realmente culpable de defraudar al fisco no es por ello un narcotraficante o secuestrador. Las autoridades y los legisladores nos dicen que no hay que preocuparse, que este caso solo se daría cuando tres personas o más se coludan para defraudar al fisco; pero para esto basta con que un comprador, un vendedor y un contador participen en un acto comercial que se declare al fisco.
El problema de fondo es que esta clasificación automática como miembro del crimen organizado se aplicaría aun a aquellos que no hubieran cometido falta alguna. ¿Por qué el afán de mentir, de decir que una persona respetuosa de la ley es miembro del crimen organizado? Porque esta acusación despoja al contribuyente de sus derechos.
El gobierno mexicano adoptó en los últimos años una serie de leyes que eliminan las garantías individuales de los miembros del crimen organizado. A la sociedad se le hizo creer que esto no la afectaba porque no pertenecía a organizaciones criminales. Nunca se dio cuenta de lo fácil que sería declarar a cualquiera, por inocente que fuera, integrante de estas organizaciones. Este paquete de reformas busca, precisamente, facilitarlo.
Absurdo
¿Qué ocurre cuando se acusa a una persona de ser miembro del crimen organizado? Para empezar la Unidad de Inteligencia Financiera le congela las cuentas bancarias para impedirle contratar a un abogado. Después el juez está obligado a decretarle prisión preventiva. Así, al acusado se le castiga antes de que empiece el juicio.
La carga de la prueba se revierte: no es el fiscal el que tiene que comprobar sus acusaciones sino el defendido el que debe demostrar su inocencia. Pero como el acusado no cuenta ya con una defensa y está privado de su libertad las dificultades para demostrar la legalidad de sus operaciones son enormes. El toque final es que, antes de que empiece el juicio, las propiedades del acusado son confiscadas y pueden ser vendidas antes del fallo. Si se exonera al acusado ya habrá perdido varios años de su vida y sus propiedades, y el gobierno le devolverá no los bienes que le confiscó sino una cantidad de dinero que difícilmente cubrirá el valor real.
El combate a la evasión fiscal debe ser una prioridad pero es absurdo seguir insistiendo en desplumar a los contribuyentes ya registrados. La economía informal representa la parte más importante de la evasión fiscal en nuestro país pero parece que hay una decisión política de no meterse con las mafias que controlan esta economía no registrada en el SAT. Por eso el Estado parece haber tomado la decisión de despojar de derechos a los contribuyentes que sí están registrados. La forma de hacerlo es convertirlos, por un arte de perversa magia, en miembros del crimen organizado aunque no lo sean.