Esta díada conceptual ha sido motivo de numerosos análisis y reflexiones. Sin una no hay el otro y viceversa. Pero las condiciones para que esa relación prospere no tienen tanta suerte como en los trabajos oficiales ni académicos. De allí que haya enfoques donde por un lado las condiciones sociales se observan como la base o antecedente para expresiones de violencia y criminalidad; y, por otro, la concentración de riqueza explica que sea la causa de las expresiones de inconformidad que tienen un correlato directo en la criminalidad organizada y común.
Latinoamérica, al menos en lo que va del siglo XXI, no había observado un relativo pero constante periodo de estabilidad política, social y económica. Desde luego que con sobresaltos pero nada comparado con las crisis de la deuda externa, la hiperinflación, desempleo y agitación en calles y plazas.
Ahora la democracia como procedimiento para dirimir diferencias es un recurso normal y aceptado. Pasamos de la llamada izquierda popular de los noventa y los primeros años de este siglo a un péndulo ideológico ubicado en la otra orilla del río.
En México no ha sido diferente. Es más: ha sido un referente de estabilidad institucional. En menos de 20 años se dieron tres alternancias de distintas visiones ideológicas y, por lo tanto, de gobernar. Y en esos términos cambiaron también la manera de abordar la problemática de la seguridad (en sus distintas acepciones), así como las políticas y programas para el desarrollo.
Contribuciones
En la administración 2018-2024 la preeminencia del gasto social, como precursor de la seguridad pública —en primera instancia— ha cobrado fuerza, incluso desde la campaña electoral del ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Los estudios comparativos respecto de la relevancia que tienen la seguridad y el desarrollo apuntan a que los criterios sociales predominan sobre los que de forma específica tienen que ver con políticas correctivas y de disuasión sobre las acciones antisociales. Sin embargo, por la situación y disfunciones que vive nuestro país, el nivel de la emergencia exige sin lugar a dudas una auténtica política en seguridad pública y seguridad interior. No hay tiempo que perder en experimentos. Es momento de apoyar y confiar en lo que los profesionales de la seguridad interior y nacional han sabido hacer por generaciones.
De allí que la recurrencia sistemática del estamento civil a la estructura militar para tratar de mitigar o contener el problema de la inseguridad, consecuencia de las acciones criminales, debiera ser acompañada de planteamientos jurídicos que refuercen en serio la concurrencia de las fuerzas del orden en la materia. Por eso llaman la atención disculpas a guerrilleros y las expresiones críticas a las Fuerzas Armadas a la luz del aniversario del 2 de octubre de 1968, como si el país y las instituciones no hubieran contribuido al fortalecimiento de la democracia.
Sin duda que el desarrollo del país pasa por una mejor política social pero también por la conformación de programas y políticas que prevean y reconozcan el aporte de instituciones como las Fuerzas Armadas en un permanente compromiso por atender las diversas y complejas demandas de la población.
Seguridad y desarrollo son procesos intrínsecos pero que requieren de una clara consonancia de los sectores que tienen que ver con su directo cumplimiento. Así lo demanda la situación del país.