Lunes 18 de noviembre de 2019
Jaque Mate

PROHIBIDA LA REPRESIÓN

Foto: Especial
2019-10-16 10:18:05 por Sergio Sarmiento
Ilustración

Quizá podría uno aplaudir que el presidente y la jefa de gobierno de la Ciudad de México hayan decidido no utilizar la fuerza pública para “reprimir” protestas. Pero la tolerancia puede convertirse en omisión peligrosa, incluso ilícita, de una responsabilidad gubernamental. Edmund Burke, el pensador británico, lo señalaba: “Hay un límite más allá del cual la tolerancia deja de ser una virtud”.

En México hemos pasado de un extremo a otro. El 2 de octubre de 1968 el presidente Gustavo Díaz Ordaz utilizó al Ejército ya no para reprimir sino para atacar a balazos una concentración pacífica de estudiantes que ni siquiera afectaba el tránsito. En su Quinto Informe de Gobierno, el 1 de septiembre de 1969, afirmó: “Asumo íntegramente la responsabilidad ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”. En 1977 añadió: “De lo que estoy más orgulloso de esos seis años (de gobierno) es de 1968, porque me permitió servir y salvar al país”.

¡Cómo han cambiado las cosas! Hoy, ante todas las protestas, incluso las que recurren a bloqueos o agresiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste: “No se va a usar la fuerza. Este no es un gobierno autoritario. Vamos a convencer de que no se debe usar la violencia. Vamos a seguir actuando con tolerancia. Prohibida la represión”.

Abdicación

El problema es el concepto de represión que tiene el presidente. Nadie cuestiona que se abstenga de usar la fuerza pública en los muy numerosos casos de protestas pacíficas. Pero cada vez es más evidente que los grupos de presión han entendido que las autoridades no harán nada ni siquiera para defender a los ciudadanos cuando son agredidos.

Lo hemos visto ya muchas veces. El sexenio dio comienzo con una toma de las vías de ferrocarril de Michoacán por activistas de la CNTE. La acción costó cientos de millones de pesos a empresas ferroviarias y plantas industriales. En las últimas semanas vimos cómo grupos feministas y anarquistas radicales, que el presidente tilda de “conservadores”, vandalizaron monumentos históricos como el Ángel de la Independencia y las estatuas del Paseo de la Reforma, rompieron vidrieras de comercios, prendieron fuego a una librería, bloquearon durante horas vías de comunicación y los accesos al aeropuerto internacional de México, secuestraron y golpearon a 92 choferes de autobuses de transporte e incluso amarraron a un alcalde para arrastrarlo desde un vehículo.

Proteger la integridad física de las personas, la propiedad o los monumentos históricos no es un acto de represión sino un uso legítimo de la fuerza pública. El Estado existe para garantizar la seguridad y la propiedad de los gobernados. No es una responsabilidad de la que pueda desentenderse.

El problema es que los gobiernos de la Cuarta Transformación han mandado el mensaje de que no usarán la fuerza pública en ningún caso cuando haya abusos en manifestaciones o protestas. Supongo que los manifestantes podrán matar a alguien en público sin que la autoridad quiera intervenir. Pero esto no es tolerancia: es una abdicación de una de las responsabilidades fundamentales de un gobierno.

Es verdad que Morena surge de un movimiento que utilizó las protestas y las marchas como uno de sus instrumentos más importantes de lucha política. Pero hoy le toca ser gobierno. Y un gobierno no puede quedarse cruzado de brazos cuando un grupo destruye propiedades o agrede a inocentes. El presidente y los demás funcionarios han jurado respetar y hacer respetar las leyes de la República.

 

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Sergio Sarmiento

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