Arrancó el proceso para la designación de un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Senado de la República espera ya la terna que debe enviar el Ejecutivo federal, a fin de analizar los perfiles de los candidatos propuestos y de ahí proceder a la deliberación que permita que alguno de ellos obtenga la mayoría calificada (dos terceras partes) que se requiere para elegir a quien ocupará el cargo.
Procedimiento
Una vez que el primer mandatario envíe al Senado la terna de los candidatos que elija para el cargo la propuesta se turnará a comisiones, en este caso a la de Justicia, para la elaboración del dictamen correspondiente.
Cuando dicha comisión someta a votación el dictamen sobre la terna habrá dos escenarios: en el primero, si la mayoría de sus integrantes lo aprueba, el dictamen sobre la terna pasará al pleno para someter a votación las propuestas. El candidato que reciba más sufragios tendrá que alcanzar una mayoría calificada de los senadores que se encuentren en ese momento, es decir, dos terceras partes de los votos emitidos.
En el segundo escenario, en caso de que no se alcance la mayoría calificada se desechará la propuesta, el presidente de la República deberá enviar una segunda terna de candidatos y se repetirá el procedimiento.
Si en una segunda ocasión tampoco se logra alcanzar la mayoría calificada la terna se desechará y el jefe del Ejecutivo designará directamente a quien será el próximo ministro o ministra de la Suprema Corte.
Retrasos
Para su adecuado funcionamiento es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuente con sus once ministros, habida cuenta de la distribución de los asuntos que cada uno de ellos atiende como máximos jueces del país.
La SCJN tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden constitucional, es decir, que se respete lo que establece la Carta Magna respecto de actos, leyes y normas que emitan el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, los gobiernos estatales y/o los Congresos locales.
La falta de uno o varios de sus integrantes por enfermedad, fallecimiento, licencia, encargos o renuncias provoca retrasos en la resolución de proyectos que se analizan en las sesiones del pleno ya que se da entonces el caso de que no se puede alcanzar una mayoría calificada.
Certeza jurídica
Sin uno de sus integrantes, de hecho, el pleno de la Suprema Corte sesionó el martes 8 de octubre para revisar dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la extinta Procuraduría General de la República (PGR) contra diversos artículos del código penal de Veracruz.
Pero la falta de uno de sus integrantes impidió que se alcanzara la mayoría calificada (ocho ministros) ya que siete ministros votaron a favor de anular los artículos impugnados por la CNDH y la PGR, lo que no se logró a falta de un voto.
Ante esta situación el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pidió a los ministros flexibilizar sus posturas, sin renunciar a sus convicciones, para con ello dar certeza jurídica a las resoluciones.
Zaldívar calificó la situación de seria y delicada, considerando que los ministros tienen una responsabilidad de Estado y en estos momentos la Suprema Corte está incompleta.
“Y salvo que sean cuestiones de convicción, que son muy respetables, creo que todos tendríamos que tratar de sumar para dar certeza al orden jurídico nacional: estamos hablando de delitos de secuestro, estamos hablando de cosas extraordinariamente relevantes”, subrayó.
Zaldívar Lelo de Larrea resaltó que durante el tiempo que el pleno de la Suprema Corte se encuentre incompleto será necesario que los ministros hagan un esfuerzo para alcanzar la mayoría calificada cuando sea necesario.
Integrantes
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es el actual presidente de la Suprema Corte. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica.
El presidente de la Primera Sala es el ministro Juan Luis González Alcántara, licenciado y doctor en Derecho por la UNAM. Cuenta con especialidad en Finanzas Públicas, maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela Fletcher de Derecho y Maestría en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona. Fue nombrado ministro el 20 de noviembre de 2018.
El ministro Luis María Aguilar Morales es licenciado en Derecho por la UNAM. Ingresó en el Poder Judicial Federal en 1968 y ocupó diversos cargos en tribunales colegiados como secretario de estudio y cuenta, juez de distrito y magistrado de circuito. Fue consejero de la Judicatura. En diciembre de 2009 fue designado ministro.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho por la Universidad de Harvard. Ocupó varios cargos en la Administración Pública Federal y en el sector hacendario. En noviembre de 2012 fue designado como ministro para un periodo de 15 años.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Es maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Es máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. También es doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández es licenciada en Derecho por la UNAM. Cuenta con Especialidad Judicial y en Derecho Penal por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte. Fungió como juez y magistrada en varios tribunales en materia administrativa.
El presidente de la Segunda Sala es el ministro Javier Laynez Potisek, quien ocupa ese cargo desde diciembre de 2015. Es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, con maestría y doctorado en Derecho Público por la Universidad de París. Fue consejero jurídico adjunto del Ejecutivo federal por más de diez años, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República, y procurador fiscal de la Federación.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa es licenciada en Derecho por la UNAM. Cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Es diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Fue magistrada y presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo capitalino.
El ministro José Fernando Franco González Salas es licenciado de la Escuela Libre de Derecho. Realizó estudios de Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad de Warwick del Reino Unido. Ocupa el cargo de máximo juez del país desde diciembre de 2006.
El ministro Alberto Pérez Dayán es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, titulándose en 1984 con mención honorífica. Cuenta con la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, la Maestría en Derecho y el Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Un perfil similar deberá tener cualesquiera que aspire a ocupar el cargo hoy vacante en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Magistrado suspendido
El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, informó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió de manera indefinida a un magistrado federal del primer circuito por “inconsistencias” graves en su situación financiera.
En conferencia de prensa destacó que se trata de una decisión de la mayor importancia porque el magistrado (del que no mencionó su nombre) “venía siendo una pieza muy relevante, por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial, para una red de conductas indebidas que no serán toleradas por el Poder Judicial de la Federación”.
Zaldívar apuntó que esta determinación forma parte de la política de cero tolerancia a la corrupción que encabeza como ministro presidente de la Suprema Corte, que entre otras medidas incluye regular las readscripciones de jueces y magistrados para evitar conflictos de interés e investigar posibles actos de corrupción.
Trascendió en varios medios impresos que el magistrado suspendido es Jorge Arturo Camero Ocampo, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien revisaba suspensiones y amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
Responsabilidad
Como máximo tribunal constitucional del país la Suprema Corte tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución, además de solucionar de manera definitiva otras cuestiones jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad.
Entre los asuntos que le corresponde atender se encuentran los llamados Medios de Control de la Constitucionalidad, como son los amparos directos trascendentales, casos de incumplimiento de sentencias o repetición de actos reclamados, asuntos de violaciones a la suspensión del acto reclamado o de admisión de fianzas ilusorias o insuficientes, así como los juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, contradicciones de tesis y controversias que por razón de competencia surjan entre los tribunales locales y federales.