Lunes 18 de noviembre de 2019
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BAJA CALIFORNIA: EN DUDA

Foto: Especial
2019-10-18 14:23:12 por Antonio Caporal
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A más de cuatro meses de que se realizaron las elecciones para gobernador en Baja California y a dos semanas de que asuma el cargo el nuevo mandatario, no hay todavía certeza sobre si la próxima administración estatal tendrá un periodo de dos o de cinco años.

Por un lado legisladores de oposición, organismos ciudadanos, agrupaciones empresariales y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) demandan que se respete lo establecido en cuanto a que el periodo del futuro gobierno sea de un par de años.

Y, por otro lado, el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez y la mayoría de Morena en el Congreso de Baja California insisten en que dicho periodo debe ampliarse y para ello cuentan ya con una reforma a la Constitución local que, justamente, amplía la duración de la futura administración de dos a cinco años, solo que falta publicarla en el Diario Oficial del estado para que sea oficial.

Los legisladores bajacalifornianos de Morena esperan que la consulta ciudadana de este 13 de octubre les proporcione el respaldo popular para concretar el trámite legislativo de la ampliación del mandato, aunque enfrenten el rechazo unánime de los actores políticos y sociales del país, y pese a que aún faltaría conocer el rumbo que tomaría una eventual controversia constitucional discutida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Fallas de origen

Durante las discusiones de las reformas político-electorales de 2007 y 2014 se propuso que las elecciones de gobernador de cada entidad fueran concurrentes con las federales —presidenciales o intermedias—, por lo que recomendaron a los Congresos locales legislar al respecto.

Varias entidades ya tenían elecciones constitucionales concurrentes con las federales; en otros casos los Congresos ignoraron la sugerencia, mientras que en algunos estados los legisladores ajustaron los periodos de sus gobiernos sin mayor problema —para empatar los comicios—, no así en Baja California, donde luego de que la pasada Legislatura acortó a dos años el periodo del gobierno que inicia este 1 de noviembre —para empatar la elección constitucional con la federal intermedia de 2021— la situación se complicó.

En las elecciones del pasado 2 de junio obtuvo el triunfo Jaime Bonilla Valdez, postulado por Morena, PT, PVEM y el extinto PES.

Posteriormente, el pasado 8 de julio, 21 diputados del Congreso de Baja California aprobaron la ampliación de dos a cinco años para el periodo de gobierno del mandatario electo.

Los legisladores bajacalifornianos argumentaron que su decisión fue para no hacer un nuevo gasto en una elección constitucional dentro de dos años, así como también aseguraron que “es mejor una gubernatura de cinco que de solo dos” años.

La iniciativa para ampliar el periodo de Bonilla se aprobó en la pasada Legislatura, misma que concluyó el 31 de julio.

Rechazo unánime

La extensión del periodo provocó el rechazo de diversos actores de la sociedad: el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, consideró que aceptar dicha prolongación de mandato podría acarrear “mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático”.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), apuntó que la pasada Legislatura bajacaliforniana “pasará a la historia como la más ignominiosa para el orden jurídico de Baja California”, toda vez que “vulnera el orden democrático”.

El Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar, sostuvo que la decisión de los diputados de Baja California “vulnera el Estado de Derecho”.

Legisladores de todos los partidos, incluido Morena, se pronunciaron en el mismo sentido de calificar como un acto inconstitucional la ampliación del mandato.

El 19 de julio pasado emitieron el siguiente punto de acuerdo: “La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena y rechaza la reforma constitucional aprobada por el Congreso de Baja California en virtud de que pretende extender ilegal e inconstitucionalmente de dos a cinco años el mandato del gobernador electo, atentando con ello al Estado de Derecho, a la democracia y violando flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Baja California”.

Asimismo los legisladores recordaron que días antes de la jornada electoral en Baja California el TEPJF resolvió el juicio de revisión constitucional 22/2019, en el que estableció que debía “respetarse y acatarse el periodo de dos años de gobierno previamente establecido desde el 17 de octubre de 2014 en el artículo 8 transitorio de la Constitución local”.

Litigiosidad

Los organismos empresariales CCE y Coparmex, así como los partidos opositores MC, PAN, PRD y PRI, presentaron una serie de impugnaciones y controversias constitucionales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la SCJN en demanda de que se declare inconstitucional la decisión del Congreso bajacaliforniano.

Pero en virtud de que el Congreso estatal no ha publicado la reforma correspondiente a la ampliación del mandato esta no ha surtido efectos legales y, por tanto, el Tribunal Electoral local, el federal y la Suprema Corte han rechazado las impugnaciones y controversias constitucionales interpuestas debido a que no hay materia para juzgar.

De hecho los nuevos legisladores argumentaron hace unas semanas que no habían publicado la referida reforma en el Diario Oficial del estado debido a que no contaban con el expediente.

Al respecto el presidente del INE, Lorenzo Córdova, expuso: “Lo que creo —piensa mal y acertarás, dicen— es que de repente va a aparecer el expediente, porque dice el Congreso que se perdió. Entonces sería gravísimo porque se alimentarían todas las sospechas: que aparezca el expediente el día anterior a la toma de posesión, que se publique de inmediato y entonces en la toma de posesión pretendan que sea por cinco años”.

Cabe señalar que el actual mandatario bajacaliforniano, Francisco Vega, presentó una controversia constitucional ante la SCJN a fin de que se obligara al Congreso local a publicar en el Diario Oficial del estado la reforma, pero la Corte rechazó el recurso con el argumento de que la “omisión de publicar dicha reforma no invade la esfera de atribuciones del gobernador”.

Lo que sí tuvo respuesta del TEPJF fue la impugnación presentada en el sentido de que se reconociera que la elección para gobernador del pasado 2 de junio en Baja California fue para un periodo de dos años. Al respecto el tribunal resolvió el pasado 2 de octubre: “Por unanimidad de votos la Sala Superior del TEPJF confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría para Jaime Bonilla Valdez por un periodo de dos años (…) como señala la Constitución local”.

En este sentido la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró: “Hay dos cosas importantes en la sentencia: uno, que validó la elección; y en segundo lugar, que se pronunció por los dos años, aunque ahí tengo mis dudas sobre si se extralimitó o no se extralimitó, porque la Constitución (estatal) fue modificada antes de la sentencia pero no ha sido publicada. Ahí hay un debate jurídico muy interesante”.

Sobre la resolución del tribunal el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “Si hay una resolución se tiene que cumplir”.

A su vez Bonilla Valdez afirmó que el tribunal electoral se excedió al afirmar que el periodo es de dos años ya que “eso lo resolverá, en su momento, la SCJN”.

Y remató: “El TEPJF no tiene poder sobre el Congreso de Baja California, el cual es autónomo, como todos los estados somos soberanos”.

En cuanto a los recursos de inconstitucionalidad estos han sido rechazados por la SCJN en virtud de que —hasta el cierre de esta edición— el Congreso local no había publicado en el Diario Oficial del estado la citada reforma y por lo tanto no hay acto jurídico impugnable.

Consulta

Luego de la serie de críticas y recursos legales contra la ampliación del mandato la nueva Legislatura de Baja California, con mayoría de Morena, emitió el pasado 22 de agosto el siguiente acuerdo: “Se aprueba realizar una consulta directa ciudadana por este Poder Legislativo del estado libre y soberano de Baja California, para que en forma abierta, transparente y democrática se conozca el sentir de los ciudadanos bajacalifornianos respecto de la ampliación de mandato de dos a cinco años de la gubernatura, y que el resultado de tal manifestación ciudadana sea retomada como mandato para esta Legislatura del estado. En el supuesto de aprobarse por un mandato de cinco años se continuará con el proceso legislativo correspondiente; si el sentido del resultado fuera por un mandato de dos años se interrumpirá dicho proceso legislativo”.

Dirigentes partidistas y organizaciones ciudadanas impugnaron el referido acuerdo.

Así, por ejemplo, Marco Navarro Romero, presidente de la Coparmex en Ensenada, aseguró que “esta consulta está fuera del marco legal” y recordó que la entidad tiene bases legales para llevar a cabo este tipo de procedimientos, como por ejemplo que el ejercicio lo organice el Instituto Estatal Electoral conforme a los lineamientos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana del estado y es un hecho que no se aplican dichos preceptos legales en la consulta convocada por el Congreso local.

En tanto el presidente de la Coparmex en Baja California, León Ptacnik, aseguró que la pregunta a realizarse es inducida porque dice: “¿Consciente de la situación actual de Baja California, está usted de acuerdo en que la gubernatura del estado debe ser de cinco años, para el progreso de Baja California?”

A su vez Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, afirmó que “es absurda y a toda luz ilegal la consulta ciudadana que organiza el Congreso de Baja California para respaldar el intento del gobernador electo, Jaime Bonilla, de extender su periodo de dos a cinco años”.

Agregó: “Si todo lo que ha hecho Bonilla para prolongar su mandato nos ha parecido grave, resulta alarmante que ahora se pretenda someter a consulta el resultado de un proceso electoral. Bonilla debe entender que su pretensión de prolongar el mandato ya fracasó y concentrarse en gobernar bien los dos años para los que fue electo. Los bajacalifornianos no merecen un gobernante concentrado en violar la ley: no votaron por eso”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano exigió a Jaime Bonilla que “renuncie a las artimañas legales a las que sigue aferrándose: ninguna consulta ciudadana, a toda luz carente de legalidad, podrá modificar los resultados de una elección constitucional”.

El primer paso de los dirigentes partidistas y organismos empresariales fue presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California en contra de la referida consulta.

El tribunal local se declaró incompetente para conocer de él por tratarse de un asunto “de naturaleza distinta a la electoral”, así que los quejosos acudieron al tribunal federal y este resolvió el pasado 9 de octubre lo siguiente: “Por unanimidad la Sala Superior del TEPJF confirmó la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California por la que se declaró incompetente para resolver las impugnaciones contra la consulta ciudadana”.

El TJEBC se declaró incompetente “porque la consulta ciudadana, organizada por el Congreso local, es de naturaleza distinta a la electoral, enmarcada en el ámbito legislativo, y no corresponde a las que se organizan conforme a la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana de aquella entidad”.

Como parte de los elementos para emitir esta resolución los magistrados del TEPJF tomaron en cuenta que “no se trata de una consulta popular como marca la Constitución Política de Baja California, ni tampoco es organizada por el instituto electoral del estado. Su aplicación no tendría efectos definitorios sobre el periodo del próximo gobierno sino sobre la determinación del Congreso local de enviar o no al titular del Poder Ejecutivo local el decreto que amplía de dos a cinco años la gubernatura, para su publicación; esto es, continuar con el proceso legislativo”.

El TEPJF también dejó en claro que “el proceso electoral ya concluyó y su desarrollo se dio en la vigencia de la disposición transitoria que establece que durará dos años el gobernador electo”.

Expertos

Reconocidos constitucionalistas y especialistas en asuntos jurídico-electorales externan su opinión sobre las acciones del Congreso bajacaliforniano.

René Ramírez Benítez, de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sostiene que la reforma para ampliar el mandato es inconstitucional.

En primer término explica que “si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformar las leyes electorales locales, estas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones”.

Indica que si no fuese suficiente la “SCJN, en 2007, estableció que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos”.

En este sentido, agrega, la Constitución General de la República establece controles republicanos del poder y uno de ellos “es la temporalidad del ejercicio, que permite alternancia y pluralidad política”.

El experto del CIDE reconoce que también es cierto que debe respetarse la autonomía y voluntad de Baja California, pero “las autoridades locales deben estar conscientes de que la autonomía de las entidades federativas está limitada por la Constitución federal y ello no vulnera el pacto federal. Al contrario, estipulando límites se fortalece; y al violar dichos límites se vulnera la máxima disposición normativa del país ya que todos los poderes locales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) también son regulados por la Constitución federal”.

Y concluye: “Lo que sucede en Baja California y su desenlace, sin duda, se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances institucionales y la debida defensa de la Constitución”.

Sobre la reforma para ampliar el mandato Diego Valadés, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expone: “Se trata de un acto de un órgano legislativo y desde mi punto de vista infringe lo que determina la Constitución General de la República en el artículo 41, porque este señala que las elecciones serán auténticas, libres y periódicas, pero lo importante para este caso es que sean auténticas ¿Qué quiere decir auténticas? Que sean ciertas y verdaderas, de manera que si el elector fue y votó en el sentido de que el periodo para el cual elegía al gobernador era de ‘N’ años —dos en este caso—, el legislador no puede modificar el sentido de la elección que ya pasó porque infringiría el principio de autenticidad electoral que establece el artículo 41 de la Federación, de manera que si se llegara a confirmar o que se publicara la reforma constitucional, sería inconstitucional”.

También recuerda que “en este momento no hay ningún acto jurídico impugnable porque no ha entrado en vigor la ley: mientras no sea publicada, no será un acto jurídico”.

Sobre la posibilidad de que Jaime Bonilla asuma el cargo sin que hubiera tiempo de presentar ante la SCJN una controversia constitucional el investigador de la UNAM expresa que aun así el recurso sí procedería porque “es inconstitucional”.

José Ramón Cossío, ex ministro de la SCJN, considera que la acción de inconstitucionalidad contra la citada reforma “tiene altas probabilidades de lograrse aplicando los precedentes que ya hay”. Recuerda que cuando varios Congresos modificaron sus calendarios para hacer concurrentes sus respectivas elecciones constitucionales con las federales y se acortaron diversos periodos de gubernaturas hubo algunos que pretendieron ampliar los mandatos y ello no fue permitido por la SCJN.

Pedro Salazar, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expone: “Es inaceptable, es inconstitucional y sienta un precedente muy ominoso para el Estado constitucional ya que este se mantiene de cierta certidumbre fundada en reglas y esta decisión política lo que hace es desafiar la certidumbre de que los ciudadanos de Baja California votaron por una persona para un periodo de dos años”.

Además dice que ese tipo de decisiones hace que la política vaya perdiendo legitimidad frente a la ciudadanía y asegura que de publicarse la reforma “lo que podría suceder es que las instancias jurisdiccionales revisen y eventualmente modifiquen la decisión política del Congreso del estado”.

Sobre el tema Alfredo Figueroa, consejero del INE, considera que si ampliar un periodo de gobierno es posible “también sería posible reducirlo y, por lo tanto, si a un Congreso opositor se le ocurre reducir el mandato a un gobernante ya no duraría seis años sino dos años o uno”.

Marco Antonio Baños, consejero del INE, considera que la llamada “Ley Bonilla” está muy ligada con el tema de la reelección presidencial.

Precisa que lo que hace poco planteó el diputado del Congreso de Tabasco, Charly Valentino León Flores, en el sentido de legislar para permitir la reelección presidencial, pareciera una ocurrencia pero es un asunto que requiere tratamiento legislativo: “Tenemos un conjunto amplio de lo que parecieran ser ocurrencias pero que se van tornando paulatinamente en cambios legislativos o políticas públicas”.

Agrega que este caso está ligado al de la llamada “Ley Bonilla” en Baja California, que pudiera ser una especie de laboratorio para ver “hasta dónde se puede estirar la liga”.

María del Carmen Alanís, ex presidenta del TEPJF, se refiere a la consulta organizada por el Congreso local y la califica como “ilegal”. Explica que “lo primero que debe tener una consulta es base legal y esta no la tiene”, toda vez que “ni la Constitución local ni la ley de la materia en Baja California tiene regulada la consulta ciudadana”.

Pero al final en todo este asunto, dice la ex magistrada electoral, “falta la publicación de la reforma para ampliar el mandato y los pronunciamientos de fondo de las autoridades judiciales de la nación”.

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