En medio de tantas opiniones, señalamientos, especulaciones, suposiciones y rumores, algunos intentando sostenerse en testimonios subidos a las redes digitales de comunicación, se ha planteado una supuesta “rendición” o “superación” de los integrantes del Ejército Mexicano ante delincuentes. Sin duda se trata de apreciaciones que van de la ignorancia a la intriga en contra de la institución.
Por una parte debiera valorarse con toda amplitud que la inacción de los militares en los acontecimientos en Culiacán el jueves de la semana pasada fue resultado de una orden del poder civil ante lo que se consideró, sin muchas bases ni información, la posibilidad de decenas de muertes.
El despliegue en la capital de Sinaloa del grupo criminal encabezado originalmente por Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada y Juan José Esparragoza fue posible por la contención ordenada por el gobierno de la República.
Ni en número ni en armamento, ni mucho menos en capacidades tácticas, hay un solo grupo criminal que pueda hacerle competencia a las Fuerzas Armadas de México, que por cierto se encuentran entre las mejores del mundo conforme a criterios comparativos especializados e incluso en competencias que año con año se celebran en varias partes del planeta. Los valores que le son inculcados al integrante del Ejército Mexicano, en este caso, son sin duda lo que marca la diferencia entre un servidor a la patria, hasta incluso perder la vida, frente a ciudadanos que han escogido el camino de la violencia y la obtención de dinero fácil y en el corto plazo.
La amenaza de parte de los delincuentes de atacar la unidad habitacional militar si la autoridad civil no liberaba a su líder representó un salto cualitativo para demostrar que se tiene enfrente a personas que sin escrúpulos son capaces de hacer cualquier cosa, por inimaginable que sea, para seguir su labor corrosiva y destructiva contra la sociedad y las instituciones.
Reto
Cabe aquí señalar que, ante ese escenario, la autoridad civil en todos sus ámbitos tiene la seria y profunda responsabilidad de que así como se le solicita a los integrantes de las Fuerzas Armadas una gran cantidad de labores que en sentido estricto no son de su ámbito profesional e institucional, deben aquellas corresponder con los apoyos legales, institucionales, políticos, mediáticos y presupuestales para que los militares mejor puedan cumplir las tareas encomendadas.
No hay duda de que lo sucedido en Sinaloa la semana pasada marcará un antes y un después. No solo por lo que se refiere a la violencia desplegada por los grupos criminales ante la evidente inacción de las autoridades locales sino por la descoordinación manifestada desde las áreas civiles federales para hacer frente a lo que ha sido en la historia reciente de México el principal reto lanzado por la criminalidad al Estado mexicano. En el corto plazo la autoridad deberá dar una respuesta ejemplar y contundente de que no se puede agredir a la sociedad y al gobierno de la República sin consecuencias legales.
La tarea más relevante del estamento civil será cumplir con la parte que le corresponde en esta crisis —por cierto la más importante en cuanto a la conducción y aplicación de las políticas en materia de seguridad pública—, para que a su vez las Fuerzas Armadas reciban el merecido respaldo que requieren en estos aciagos días.
Debemos reconocer la lealtad e institucionalidad del Ejército Mexicano y de las Fuerzas Armadas, que fueron sometidas a una muy difícil prueba. No son piezas de discurso o improvisadas declaraciones.