¡POR FIN! A LA MITAD EL PRESUPUESTO DE PARTIDOS

La oposición ve en la medida una estrategia del régimen de Morena para debilitarlos en las contiendas electorales.  

Antonio Caporal
Política
Foto: Especial
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Las reformas electorales de 2007 y 2014 establecieron en la Constitución una fórmula para asignar el financiamiento público a los partidos políticos que les garantiza una considerable cantidad de recursos, así como un incremento anual, pero con la aprobación del dictamen de la iniciativa para reducir 50% el presupuesto para gasto ordinario de las fuerzas políticas los legisladores están ahora en camino de cumplir con una añeja demanda ciudadana: reducir el costo del sistema de partidos.

Se prevé que esta semana se concrete en el pleno de San Lázaro el recorte, a pesar de que la oposición no apoya la iniciativa y, de hecho, critica la medida desde que se planteó al inicio de la actual Legislatura.

Aprobada

El pasado martes 29 de octubre la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó —con 19 votos a favor (de Morena y el PES) y 14 en contra (de PAN, PRI, MC, PRD e incluso el PT)— el dictamen de la iniciativa que establece reducir 50% el financiamiento público de los partidos políticos para sus actividades ordinarias.

En el dictamen los legisladores señalan que después de hacer un análisis de las iniciativas presentadas es claro que todas coinciden en la necesidad de reducir el financiamiento público a los partidos, aunque “sin dejar de proteger la equidad en las contiendas electorales”.

Indica que si bien es cierto que las organizaciones políticas “juegan un papel importante en los regímenes democráticos”, también lo es que en algunos países, como México, llegan a representar “un alto costo para la sociedad”.

Explica el dictamen que en nuestro país el artículo 41 de la Constitución prevé que para asignar financiamiento público se aplicará la fórmula consistente en multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por 65% del valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización, esto es, “la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes”), el cual es equivalente a 84.49 pesos, de acuerdo con lo publicado por el INEGI el 31 de octubre.

“Ello permite que las erogaciones a los institutos políticos aumenten constantemente, derivado del incremento que año con año tienen el Padrón Electoral y el valor de la UMA, lo que cada vez genera un mayor descontento social”, señala la iniciativa.

Añade el documento que “el voto en México representa uno de los más caros a nivel mundial, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestros país es el que más subsidio otorga a los partidos”.

A partir de estos argumentos los legisladores de Morena y el PES aprobaron el dictamen de la iniciativa que establece que “el financiamiento público destinado al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos se fije anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por 32.5% del valor diario de la UMA”.

Con ello prevén obtener un ahorro de más de dos mil 600 millones de pesos en 2020, toda vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha presupuestado cinco mil 239 millones de pesos para el gasto ordinario de los partidos el próximo año.

Por otro lado el dictamen también establece que en cuanto a la forma de distribuir el total del financiamiento público asignado a los partidos se mantiene el texto actual de la Constitución, es decir, 30% de la cantidad que se obtenga se distribuirá de manera igualitaria entre los partidos nacionales con registro y 70% de acuerdo con el porcentaje de votos que cada partido haya obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Al respecto el dictamen señala: “De esta manera se continuará otorgando mayores recursos a aquellos institutos políticos que hayan recibido mayor apoyo de los ciudadanos, lo que constituye un incentivo para que los partidos políticos encaminen sus esfuerzos a conseguir el voto ciudadano en cada elección”.

Renuentes

Tatiana Clouthier, diputada de Morena e impulsora de la iniciativa, apuntó: “Actualmente se tiene un sistema de financiamiento partidista en el que las erogaciones a estos institutos políticos aumenta constantemente, pero esto no se traduce en una mayor confianza por parte de los ciudadanos a los partidos, en mayor participación o en una democracia de mayor calidad”.

Aseguró que disminuir el recurso público a los partidos no los hace más propensos a buscar otras fuentes de financiamiento: “El que es corrupto es corrupto con poquito, con mucho o sin nada; ese ha sido un pretexto para no reducir su financiamiento”.

Sin embargo los legisladores de los partidos de oposición ven de otra manera la decisión de reducir el financiamiento público y por ello votaron en contra del referido dictamen en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales; incluso el PT, aliado de Morena, se opuso a la medida.

Así, por ejemplo, Alberto Anaya Gutiérrez, presidente nacional del PT, afirmó que a su partido le “preocupa porque desde 1996 a la fecha lo que hemos visto es cerrazón de espacios democráticos y restricciones para que los partidos emergentes y las oposiciones subsistan”.

Y agregó: “Nos preocupan los vientos de regresión democrática; el pretexto de reducir el financiamiento público a los partidos políticos nos parece grave. El PT es partidario de que no haya financiamiento privado, que todo el financiamiento sea público, porque se trata de que los gobernantes y los representantes populares lleguen sin compromisos con poderes fácticos; que no le deban más que a la ciudadanía su posibilidad de participar en la vida democrática”.

Carlos Puente Salas, diputado del PVEM, afirmó que su partido entiende muy bien que hay indignación ciudadana y existe la exigencia de tener elecciones más baratas: “Debemos disminuir el financiamiento de los partidos políticos, claro que sí, pero se requiere un rediseño institucional que permita hacer más eficientes los procesos, eliminar la burocracia, facilitar la participación electoral”.

Y por ello, dijo, “debemos revisar cómo es que repartimos el financiamiento: busquemos transitar a un esquema más equitativo o incluso igualitario”.

Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, aseveró que nadie se opone al uso racional de los recursos públicos, ya que es una exigencia de la sociedad, pero hay que analizar bien la situación: “Si queremos una democracia más austera, que siga siendo eficiente, que sea de calidad y que no subvierta los principios democráticos, necesitamos aproximarnos de manera integral. Me parece bien reducir el financiamiento público pero decir reducimos a rajatabla 50% es confundir los fines, los medios, los objetivos…”

A juicio de la priista “las prerrogativas son una forma de garantizar la pluralidad partidista en el país. Y si el objetivo es que se bajen los costos del sistema electoral debe revisarse todo el presupuesto y el andamiaje burocrático, porque de otra manera significaría debilitar a las entidades de interés público, como son los partidos que representan a la ciudadanía”.

Héctor Larios, secretario general del PAN, expresó en tanto que su partido está a favor de que se reduzcan las prerrogativas pero a cambio de que se permita mayor financiamiento privado. “Parece una intención muy positiva pero en realidad lo que quiere el gobierno es acabar con la oposición, porque reduce el financiamiento público y adicionalmente no permite recibir ningún otro ingreso para matarnos de inanición”.

Y Ángel Ávila, representante de la dirigencia colegiada del PRD, expuso: “Estamos ante una reforma para asfixiar a la oposición, para que no tenga los mínimos recursos indispensables para poder hacer campañas”.

Larga lucha

La reducción del financiamiento público a los partidos es una demanda añeja.

Francisco Búrquez Valenzuela, presidente de la organización ciudadana Ola Libertad, resalta que en la actualidad nuestro país se encuentra “en un momento de extrema gravedad económica, lo cual nos exige un esfuerzo mayor porque el monto que reciben los partidos es excesivo”.

La lucha por reducir los recursos de los partidos comenzó luego de la aprobación de la reforma político-electoral de 2007 y alcanzó su clímax en 2017, tras los sismos de septiembre en diversas entidades del país, los cuales provocaron muertos, heridos, así como daños en casas, comercios, escuelas, hospitales y templos religiosos: la sociedad exigió entonces que los partidos donaran el total de los recursos que tenían asignados para “gastos ordinarios” y “gastos de campaña” durante el proceso electoral de 2018, que ascendieron a casi siete mil millones de pesos.

De hecho en los comicios federales y concurrentes de 30 entidades de 2018 se canalizaron a los partidos políticos nacionales y locales alrededor de doce mil 400 millones de pesos.

Para este 2019, sin comicios federales y con apenas seis procesos locales —hubo tan solo dos gubernaturas en disputa—, se decidió canalizar a los partidos nacionales y locales de las 32 entidades aproximadamente nueve mil y medio millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal de 2020 el INE presupuestó cinco mil 239 millones 651 mil pesos para el gasto ordinario de los partidos políticos, a pesar de que tampoco habrá comicios federales y tan solo se celebrarán dos elecciones locales.

Otro dato: el presupuesto otorgado a las fuerzas políticas nacionales en el periodo 1997-2019 supera los 80 mil millones de pesos.

Esta semana el pleno de la Cámara de Diputados podría responder formalmente a una añeja demanda social: reducir el financiamiento público a las fuerzas políticas.

Financiamiento público programado para los partidos en 2020

Partido

Prerrogativas

PAN

970,854,658

PRI

914,603,291

PRD

451,135,808

PT

395,435,270

PVEM

430,566,479

MC

415,378,793

Morena

1,760,357,966

Fuente: INE