Lunes 11 de noviembre de 2019
Gobierno Federal

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PILARES DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Foto: Especial
2019-11-08 19:48:15 por Antonio Caporal
CIRT

Los trabajos de la 60 Semana Nacional de Radio y Televisión fueron el escenario ideal donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como los comunicadores, trabajadores y empresarios de la industria, reafirmaron el inalienable compromiso que tienen con los mexicanos en cuanto a garantizar el derecho a la información y el pleno ejercicio de la libertad de expresión, además de difundir campañas de beneficio social y, sobre todo, estar al servicio de la gente durante los desastres naturales.

Fue un encuentro cordial y fructífero en el que se destacó el liderazgo del primer mandatario, en tanto que este reconoció a los medios como pilares de la libertad de expresión y les ofreció garantías plenas para la libre manifestación de ideas.

Y en respuesta a planteamientos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el jefe del Ejecutivo hizo un importante anuncio: se comprometió a reducir los tiempos oficiales del Estado, es decir, el “impuesto en especie” que el “gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz” aplicó a los medios electrónicos de comunicación en aquel entonces y que ha dado pie a otros “abusos del poder” hacia los medios, como lo es la obligación de transmitir cientos de miles de spots (60 millones en 2018) durante los procesos electorales.

Compromiso con la libertad

Al asistir a los trabajos de la Semana Nacional de Radio y Televisión, López Obrador expresó su agrado por reunirse nuevamente con trabajadores y empresarios de los medios de comunicación, a quienes aseguró que su gobierno ofrece “garantías plenas para el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación de las ideas”.

Al respecto apuntó: “Nosotros tenemos ideales, tenemos principios, nos guiamos por nuestras convicciones; de modo que es sincero decirles que ustedes van a contar siempre con la más completa y absoluta libertad para manifestarse, para ejercer el derecho de manifestación y de prensa”.

También destacó: “Creo además que en los tiempos que estamos aplica más que nunca la frase de que la libertad no se implora: la libertad se conquista. Y que ustedes siempre han actuado de esa forma: se han abierto espacios a pesar de las limitaciones y obstáculos, y de la censura del Estado autoritario”.

El jefe del Ejecutivo recordó a los integrantes de los medios de comunicación que su administración tiene en marcha un cambio profundo de la vida pública del país: la Cuarta Transformación.

De manera enfática el presidente de la República afirmó que uno de los principales cambios que impulsa su gestión tiene que ver con el respeto a las libertades, concretamente la de informar y la de expresarse: “En estos cambios está el que podamos garantizar espacios para el debate, para la discusión, garantizar el derecho a disentir, que ya no haya un régimen autoritario; y que se entienda que se requiere hacer ajustes, poner en correspondencia las leyes, las normas, con la nueva realidad, con las nuevas circunstancias”.

No acaparamiento

Por otro lado el jefe del Ejecutivo federal indicó que ha estado atento a lo planteado por los comunicadores, trabajadores y empresarios de la CIRT en cuanto a los tiempos oficiales.

Al respecto agregó: “Desde hace algún tiempo traigo (en mente) lo de los tiempos oficiales; lo traigo como un tema a atender y ahora se supo plantearlo. Imagínense lo que representa para mí que se haya hecho referencia al 68, que se impone este decreto —sin ofender a nadie— en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, uno de los más autoritarios, quien utilizó la fuerza y la violencia para reprimir a jóvenes, a estudiantes, en aquel 1968”.

Por lo mismo, puntualizó, “quiero informarles que voy a analizar lo de los tiempos oficiales, que es un impuesto a la radio y a la televisión”.

Refirió que llegó a la conclusión de que debe analizar la conveniencia de que actualmente persistan los tiempos oficiales, a partir de tres razonamientos: “Primero, la importancia que tienen la radio y la televisión para garantizar el derecho del pueblo a la información. Segundo, un gobierno democrático no necesita de propaganda, no necesita de muchos tiempos oficiales ¿Para qué tanto? El principal cambio de los últimos tiempos es el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, es una sociedad distinta. En un régimen autoritario, antidemocrático, pues se necesita la propaganda para afianzar al gobierno. Cuando hay un pueblo consciente como el que afortunadamente se tiene en nuestro país, cambia todo, la gente está muy despierta, no es fácil manipularla”.

Entonces, aseveró, “no hace falta tanta propaganda, tanto acaparamiento por parte del gobierno de los espacios de comunicación”.

Y la “tercera razón es que yo tengo manera de comunicarme con los ciudadanos, lo hago todos los días, casi dos horas en las ruedas de prensa o diálogos circulares. No me hace falta que haya demasiado tiempo oficial, ahí tengo oportunidad de estarme comunicando con los ciudadanos”.

Por eso “hago el compromiso con ustedes de analizar esta propuesta de reducir la contribución, el impuesto, los llamados tiempos oficiales. Y les voy a dar una respuesta pronto sobre este asunto; además ni siquiera se requiere de una reforma legal, es un decreto, tengo yo esa facultad. De modo que pronto van a conocer ustedes sobre una propuesta que va ir en el sentido de reducir los tiempos oficiales para que ustedes tengan ese estímulo, ese apoyo por los servicios tan importantes que prestan a la sociedad mexicana”.

Cargas tributarias y regulatorias

José Luis Rodríguez Aguirre, presidente del Consejo Consultivo de la CIRT, formuló un reconocimiento al presidente de la República “ya que impulsa a cada momento el servicio y la preocupación por el prójimo”.

En este sentido planteó: “Es de primordial relevancia para nosotros puntualizar la importancia que tienen los siguientes principios: el derecho a la crítica, el derecho a disentir, la no censura, la libertad completa en el discurso, el valor supremo del derecho a la información, por supuesto la libertad de expresión”.

Precisó que se trata de preceptos asentados en la misma Constitución y que el presidente de la República continuamente asevera deben ser defendidos: “Y sé que lo hace con convicción y verdaderamente de corazón”.

Reconoció que estos conceptos deben realizarse siempre con responsabilidad, dentro del ámbito de la libertad de las ideas pero con responsabilidad.

Asimismo recordó que en la Constitución se define a la radiodifusión como “un servicio público gratuito al que el Estado debe garantizar sea prestado con calidad en beneficio del pueblo de México”.

Sin embargo, aseguró, ello no sucede porque “en definitiva contamos con un piso absolutamente disparejo con respecto de cualquier otro sector empresarial, como otras concesiones o las empresas extranjeras distribuidoras de contenido, denominadas OTT, y empresas del mismo sector en otros países”.

Explicó que la carga tributaria y regulatoria que ha sido impuesta a los empresarios de los medios de comunicación electrónicos no tiene precedente: “Estas OTT en contenidos y publicidad transmiten lo que quieren, cuando quieren y como quieren sin ningún tipo de restricción; y a nosotros, estando ahí cautivos, nos sobrerregulan y sobretributan fuera de todo parámetro; y siendo que nosotros somos un servicio totalmente gratuito y los otros cobran por usuario”.

Entonces, dijo, “la ecuación no da”. Y puso un ejemplo de las desventajas para los medios de comunicación electrónicos: “La radiodifusión en México es la única industria concesionada que tiene que pagar una gigantesca contraprestación a 20 años de un solo golpe y porrazo, en una sola exhibición, misma que para otras concesiones en nuestro país y cualquier otro lugar del mundo es mucho menor y se paga año con año”.

Además, indicó, los integrantes de la CIRT tienen cargas tributarias: “Nosotros debemos pagar nuestro Impuesto Sobre la Renta, así que pagamos hasta tres veces por el aprovechamiento del espectro, lo cual a nuestro modo de ver está fuera de toda lógica y fuera de toda legalidad”. En consecuencia cuestionó: “¿Quién paga por un mismo bien más de una vez?

También recordó el origen autoritario de los tiempos oficiales: “Lo que sí de plano es que contamos con un tributo que nos fue impuesto por un abuso de poder y pasando por encima de lo que expresamente marca la Constitución. Ese tributo denominado ‘el decreto mordaza’ fue impuesto por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y no en contra de los derechos de la radio y la televisión sino del derecho a la libertad de expresión y derecho a la información del pueblo de México”.

Precisó que fue una especie de castigo a los medios por la cobertura que dieron a las movilizaciones de los estudiantes, así como a los actos represivos del gobierno: “Este nació a partir de la cobertura que dieron la radio y la televisión a los lamentables y trágicos sucesos de 1968. Una penosa transgresión a la ley”.

En este contexto el presidente del Consejo Consultivo de la CIRT solicitó al jefe del Ejecutivo federal analizar la legalidad del referido decreto: “Mucho le agradeceremos revise este tema, mismo que va en la línea de su prioridad, que es privilegiar el Estado de Derecho, impulsar la honestidad y combatir la corrupción”.

El representante de la CIRT aseguró al presidente López Obrador que cuenta con el respaldo de los trabajadores y empresarios de la industria: “En lo que se refiere a dichos conceptos y cualquier esfuerzo que conlleve a impulsar a nuestra gran nación cuente con nosotros. Nuestro amor y vocación por servir a México es igual que el suyo: mutuo y absoluto”.

Multiplicación del abuso

Para entender mejor el tema de los tiempos oficiales es necesario saber que estos se conforman por el tiempo fiscal y los tiempos del Estado.

El primero es el impuesto que pueden pagar en especie las empresas (estaciones de radio y emisoras de televisión) que poseen concesiones para el uso de bienes de la nación (espectro radioeléctrico) y declaradas expresamente de interés público.

El decreto que autoriza el cobro de este impuesto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, entró en vigor el 1 de enero de 1969 y equivalía a 12.5% de tiempo de transmisión en radio y televisión. Este mismo porcentaje se redujo a 1.25% en 2002, quedando en 18 minutos diarios.

A su vez los tiempos del Estado quedaron establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: se trata de 30 minutos continuos o discontinuos gratuitos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social; eran administrados por la Secretaría de Gobernación.

De esta manera los tiempos oficiales a los que se ha hecho referencia son la suma de los 18 minutos (diarios) de tiempo fiscal y los 30 minutos (diarios) de tiempos del Estado.

En 2007 los partidos políticos modificaron la Constitución e inventaron leyes y reglamentos para, entre otras cosas, apropiarse de los tiempos oficiales en los medios electrónicos, particularmente de los espacios de mayor audiencia (entre las seis de la tarde y las doce de la noche), mismos que fueron construyéndose durante años por la industria de la radio y la televisión a través de la inversión de cuantiosos recursos para producir programas de entretenimiento, telenovelas y noticieros.

El caso es que mientras en las elecciones de 2006 los partidos transmitieron apenas 704 mil spots cuando tenían que pagar por ellos, una vez que los spots fueron gratuitos se multiplicaron exponencialmente: por ejemplo, en 2018 los partidos y las autoridades electorales transmitieron casi 60 millones de spots en tres mil 111 estaciones de radio y emisoras de televisión en el país.

Y conforme aumente el número de radiodifusoras y canales de televisión se incrementará el número de spots: de 43.7 millones de 2012 (ya con la reforma electoral aprobada y los spots gratuitos) pasó a 59.7 millones en el proceso del año pasado.

Dimensiones

Al haberse apropiado de los tiempos oficiales en medios electrónicos los partidos se adjudicaron una prerrogativa en especie —“costo de oportunidad” le denominan los expertos—, que en el proceso electoral federal y 30 concurrentes de 2018 representaron recursos del orden de los cinco billones de pesos.

Para llegar a dicha cifra Vértigo consultó el directorio de Medios Audiovisuales editado por Medios Publicitarios Mexicanos SA de CV, el cual contiene las tarifas que las televisoras y radiodifusoras del país cobran por sus espacios en sus diferentes horarios y/o programas.

Se hizo un promedio de costos de canales de televisión por un mensaje de 30 segundos (tiempo de duración de los spots de los partidos). Asimismo se consideró que en el horario de mayor audiencia (Prime time) se establece la tarifa más alta, y en el de menor audiencia está la tarifa más baja, que puede ser incluso diez veces menor en precio en el mismo canal.

Igual se hizo con las estaciones de radio, es decir, se promediaron pequeñas radiodifusoras del interior de la República y cadenas más grandes.

En cada apartado —radio y televisión— se multiplicaron los promedios de costos por el número de spots transmitidos. El resultado: más de cinco billones de pesos.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias apunta en una de sus publicaciones: “Los partidos políticos disponen hoy de mayores prerrogativas que antes: a los recursos líquidos que reciben del Instituto Nacional Electoral (INE) debe sumarse el valor de mercado de los spots que reciben de forma gratuita. Los spots no representan una erogación presupuestal directa pero implican un costo de oportunidad y tienen un valor económico”.

A su vez la organización México Evalúa refiere: “Sean contabilizados o no, los tiempos de radio y televisión tienen un costo de oportunidad o valor intrínseco. Al utilizar este tiempo para las campañas electorales se deja de utilizar para otros fines importantes de la sociedad, como la promoción de campañas de vacunación o actividades similares”.

Desde 2007 la sociedad y los expertos en la materia han demandado una nueva reforma electoral que modifique la Constitución para que los partidos políticos dejen de contar con spots gratuitos en radio y televisión y a su vez se les permita, de nuevo, adquirir espacios en dichos medios para difundir sus propuestas. Por ejemplo el ex diputado federal José Sandoval Rodríguez, entre otros legisladores y expertos en la materia, propuso que el acceso a radio y televisión por parte de partidos políticos y candidatos sea “libre y se solvente con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, con la estricta vigilancia de las autoridades electorales”.

Compromiso

El cumplimiento de la promesa del presidente López Obrador concertaría en los hechos la respuesta a una añeja demanda de la sociedad mexicana: quitar a los partidos políticos y autoridades electorales la propiedad exclusiva de los tiempos oficiales.

De esta manera en los siguientes días el jefe del Ejecutivo federal habrá de informar el camino jurídico que asumirá su administración para cumplir con su compromiso de reducir los tiempos oficiales: de acuerdo con los expertos los tiempos fiscales son producto de un decreto presidencial y con un instrumento jurídico semejante se pueden eliminar, en tanto que el establecimiento de los actuales tiempos oficiales son consecuencia de una reforma constitucional, lo que significa que se deberá legislar en la materia.

Por lo pronto la industria de la radio y la televisión ve la promesa presidencial con optimismo y mantiene firme su inalienable compromiso con el derecho a la información y la libertad de expresión, así como con la difusión de campañas de beneficio social (valores cívicos, cuidado del medio ambiente, recomendaciones en materia de salud, educativas, culturales y deportivas) y, por supuesto, con poner al servicio de la sociedad todos sus espacios en caso de presentarse un desastre natural como huracanes o temblores, de lo cual todos somos testigos.

 

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Antonio Caporal
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