México no ha podido escapar a la violencia del crimen organizado. En las últimas semanas hemos visto una tragedia tras otra: de Aguililla a Tepochica y al fallido operativo de Culiacán. Después vino la matanza de tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón que horrorizó al país.
Nos dice el gobierno que la “nueva estrategia” en la lucha contra el crimen organizado y la violencia empieza a tener éxito pero los homicidios siguen creciendo y la nueva oleada de violencia ha hecho que México vuelva a ser noticia principal en los periódicos e informativos de todo el mundo. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido enviar tropas a México para “borrar de la faz de la Tierra” a los “monstruos” del crimen organizado.
El problema no comenzó en este sexenio: arrastramos un alza en la violencia desde 2007. Es verdad, como ha apuntado el secretario de seguridad ciudadana Alfonso Durazo, que la responsabilidad proviene de una vieja guerra contra las drogas que no comprendió nunca su impotencia ni los enormes daños colaterales que ocasionaba. Pero no hay ningún indicio de que las cosas hayan cambiado; por el contrario, están empeorando.
Mientras el Estado mexicano pierde batalla tras batalla ante el crimen organizado el Congreso de la Unión ha aprobado nuevas leyes que convertirán por decreto a contribuyentes pacíficos empadronados en supuestos miembros del crimen organizado. La idea original era combatir a las empresas factureras, las que emiten facturas falsas, pero se ha modificado para castigar a cualquier persona física o empresa que presuntamente evada impuestos por más de 7.8 millones de pesos.
La tipificación, sin embargo, es falsa. Una persona que evade impuestos es un evasor pero no un miembro del crimen organizado. Quienes forman parte de las organizaciones de tráfico de drogas o de secuestradores no se dan de alta en el SAT ni tramitan su firma electrónica ni obtienen facturas por sus gastos para realizar deducciones. No dudo que muchos contribuyentes busquen reducir su carga fiscal, lo cual es humano, y quizás algunas de las técnicas que utilizan son cuestionables, producto en parte de la complejidad de la legislación fiscal mexicana. Pero eso no los hace integrantes del crimen organizado ni responsables de actos de violencia como los que aterrorizan al país.
Agravios
El gobierno y el Congreso decidieron arrojar a estos contribuyentes en la misma categoría que los miembros del crimen organizado porque la legislación que se ha construido para perseguir a los mafiosos los deja sin defensa legal. Ahora también a los presuntos responsables de evasión fiscal se les despojará de sus garantías individuales. Para ellos no hay presunción de inocencia: se les castigará antes de ser juzgados. Primero la Unidad de Inteligencia Financiera congelará sus cuentas bancarias para impedir que tengan una defensa legal adecuada; después se les aplicará prisión preventiva oficiosa, para que se les prive de la libertad durante su juicio; y, además, se les confiscarán bienes y propiedades con la figura de extinción de dominio, aun cuando no se les haya declarado culpables.
Supongo que el Estado mexicano está agraviado por las derrotas sufridas en sus batallas con el crimen organizado. Pero la solución no es convertir por arte de ley en criminales a quienes no lo son, a simples contribuyentes, solo para afirmar después que en estos casos el gobierno sí está logrando vencer al poderoso crimen organizado.