Las reformas electorales que se aprobaron entre 1977 y 1996 representaron la obtención de una serie de nuevos derechos para los partidos políticos que entonces eran oposición al régimen del PRI,sin que ello afectara las garantías fundamentales de la ciudadanía o representara un alto costo de las elecciones.
Sin embargo la que se decretó en 2007 sí provocó la cancelación de derechos ciudadanos, así como el incremento del costo de los comicios. Todo esto debido a que el presidente Felipe Calderón Hinojosa instruyó a su partido, el PAN, a ceder a las demandas de PRD, PT y MC a fin de lograr de estos el reconocimiento político —no jurídico— a su gobierno, toda vez que el ex mandatario fue acusado de propiciar un fraude electoral para ganar los comicios de 2006.
Moneda de cambio
Con un “plantón” de varias semanas que paralizó la actividad económica en la zona centro de la Ciudad de México, un bochornoso escándalo en el Congreso de la Unión al momento de rendir protesta y la polarización de la sociedad mexicana, Calderón aceptó la aprobación de una reforma electoral al gusto de sus oponentes, sin importarle las graves consecuencias.
Para él, en ese momento álgido, lo importante era borrar de la opinión pública los calificativos de “presidente espurio e ilegítimo”.
Ahí están los ensayos, estudios y opiniones de constitucionalistas, comunicadores, politólogos, académicos, organizaciones ciudadanas, grupos empresariales e incluso legisladores que dan cuenta del fracaso de la citada reforma de 2007; y más que del fracaso, del daño que ha causado a las garantías ciudadanas y a la democracia en general.
Ahora Morena y otros partidos impulsan en la Cámara de Diputados cambios legales que buscan corregir los desaciertos de la fallida reforma de 2007.
En los siguientes días la sociedad conocerá a quienes impulsan las modificaciones y a quienes pretenden mantener el régimen de privilegios para los partidos políticos y los institutos electorales.
Avances para los partidos
Según los expertos las reformas electorales aprobadas entre 1977 y 1996 incrementaron los derechos de los partidos políticos, que demandaban mayor equidad en la contienda, lo que a su vez propició en buena medida la alternancia en el poder: Presidencia de la República, gubernaturas, Congreso y presidencias municipales.
Si bien esta situación incrementaba el poder de los institutos políticos que en aquel periodo eran de oposición, señalan los especialistas, de ninguna manera significó la cancelación de derechos a la ciudadanía.
De hecho la reforma de 1977 estableció que los partidos políticos recibieran financiamiento público para hacer más equitativa la contienda frente al partido en el poder, en ese entonces el PRI. También se instauró la figura de diputados plurinominales, además de que las fuerzas políticas obtuvieron tiempos permanentes en radio y televisión.
En la reforma de 1986 se estableció que los partidos podían recibir financiamiento privado, además de los recursos públicos que ya se les asignaban. También se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral para que pudieran impugnar resultados de los comicios que, a su juicio, eran fraudulentos.
En 1990 surgió el Instituto Federal Electoral (IFE), aunque este era encabezado por el secretario de Gobernación. Aumentó el tiempo oficial en radio y televisión para los partidos y se elaboró un nuevo padrón electoral.
Para 1993 se incorporó la fotografía a la credencial de elector, mientras que en 1994 a las boletas electorales se les agregó un “talón” foliado para tener mayor control en el recuento de votos.
La reforma de 1996 estableció la autonomía del IFE con respecto del Poder Ejecutivo federal: el secretario de Gobernación dejó de encabezar el instituto; también se acordó que a los consejeros electorales del propio organismo los designe la Cámara de Diputados.
Origen de los problemas
El resultado de las elecciones presidenciales de 2006 fue desconocido por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, sus seguidores y los partidos que lo postularon, es decir, PRD, PT y MC. Todos denunciaron una ilegal intervención del presidente Vicente Fox a favor del candidato Felipe Calderón, así como una “guerra sucia” instrumentada por este último para aventajar en las preferencias electorales.
Sin convencer con argumentos jurídicos o políticos para defender su triunfo Calderón Hinojosa optó por dejar que la oposición, concretamente la de izquierda, incrementara sus privilegios partidistas, sin importarle que se afectaran una serie de derechos individuales y colectivos de los mexicanos, además de que se incrementara exponencialmente el monto de recursos asignados a las fuerzas políticas y organismos electorales.
En el decreto de la reforma electoral de 2007 se estableció, por ejemplo, entre otros puntos, que “el primer objetivo es disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales”. Y ello no sucedió: de 2006 a 2018 el presupuesto del sistema electoral —Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales locales, así como partidos políticos y tribunales electorales— creció más de 100%, mientras que la Lista Nominal entre aquel año y el actual creció solo 20% aproximadamente.
Es evidente que el compromiso de reducir el costo de los procesos electorales quedó muy lejos de cumplirse.
Baste con señalar que diversos estudios estiman que el costo del voto en 2006 fue de alrededor de 300 pesos, en tanto que para 2018, con un porcentaje de participación de apenas 62%, el costo del voto fue de 890 pesos.
Spotiza
En 2006 los partidos de izquierda dieron por hecho que los spots transmitidos a través de los medios de comunicación electrónica fueron fundamentales para perder los comicios.
Ante los argumentos de protesta Felipe Calderón incrementó el descontento de sus opositores con frases como: “Haiga sido como haiga sido, pero ganamos”.
Posteriormente, cuando crecía la amenaza de la parálisis legislativa y la ingobernabilidad en el país, Calderón aceptó que su partido aprobara el otro gran agravio de la reforma político-electoral de 2007 hacia la sociedad: la creación del denominado Modelo de Comunicación Política.
Por años el Estado mexicano contó con 48 minutos de transmisión en todas las estaciones de radio y televisión del país. Dichos tiempos se distribuían entre los tres poderes de la Unión y los organismos autónomos a fin de que ellos difundieran spots o programas con información útil para la sociedad, como por ejemplo las campañas de vacunación o bien los servicios que ofrecen los organismos públicos autónomos.
Pero en 2007 la crisis política generada por Calderón dio paso a que los legisladores decidieran que durante los procesos electorales (diez meses aproximadamente) dichos tiempos oficiales pasaran a formar parte de las prerrogativas que reciben los partidos políticos, a fin de que estos difundieran sus mensajes sin pago alguno a los concesionarios de radio y televisión, y además en los mejores horarios.
En la exposición de motivos de la reforma electoral de 2007 el Congreso señaló que uno de los principales objetivos de este nuevo ordenamiento es “evitar el uso y abuso de los medios de comunicación”.
Para la elección de aquel 2006 se transmitieron 704 mil spots; para 2012 el número de anuncios de los partidos y autoridades en radio y televisión ascendió a 43.7 millones, y para el proceso de 2018 fueron ya 59.7 millones de spots los que se transmitieron en tres mil 111 radiodifusoras y televisoras del país.
Una y otra vez los expertos en la materia y la sociedad en general expresan su rechazo a los millones de spots que se transmiten durante los diez meses que en promedio dura un proceso electoral. Spots que, por cierto, ni siquiera propician el aumento de la participación ciudadana en los comicios.
Aunado a la llamada spotiza la reforma electoral de 2007 también oficializó la censura: por un lado, legisladores establecieron en el artículo 41 de la Constitución la prohibición para que los ciudadanos comunes puedan contratar espacios en medios de comunicación electrónicos con el objetivo de transmitir mensajes en materia político-electoral; es decir, los partidos políticos reservaron ese derecho para sí mismos.
Por otro lado, una serie de reglamentos permitieron a la autoridad electoral, en su momento, establecer la prohibición para que los medios de comunicación electrónicos pudieran llevar a cabo debates entre candidatos a distintos cargos de elección popular.
Asimismo le permitieron a esa misma autoridad electoral establecer criterios para prohibir e incluso sancionar económicamente ciertos comentarios emitidos por los comunicadores o analistas en sus espacios de televisión y radio.
Y ni hablar de la sobrerregulación de los procesos electorales: la reforma de 2007 auspiciada por la administración de Calderón Hinojosa y su partido tenía como uno de sus justificantes el argumento de que se acabarían los conflictos poselectorales.
El hecho es que se crearon una serie de leyes y reglamentos que sobrerregularon los procesos y el resultado fue un incremento —de 2006 a 2018— de 1,335% en el número de quejas e impugnaciones presentadas ante los tribunales electorales.
Resumiendo: la reforma electoral de 2007 que heredó el sexenio de Calderón Hinojosa marcó un retroceso para las libertades ciudadanas, además de que propició el incremento de recursos para partidos políticos e institutos electorales y ni siquiera disminuyó las protestas por los supuestos fraudes electorales; por cierto la acusación de que Calderón Hinojosa cometió fraude para ganar la Presidencia abarcó todo su sexenio.
Partidos en la mira
Recientemente la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó —con 19 votos a favor (de Morena y el PES) y 14 en contra (de PAN, PRI, MC, PRD e incluso el PT)— el dictamen de la iniciativa que establece reducir 50% el financiamiento público de los partidos políticos para sus actividades ordinarias.
Explica el dictamen de dicha comisión que en nuestro país el artículo 41 de la Constitución prevé que para asignar financiamiento público se aplicará la fórmula consistente en multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por 65% del valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización, esto es, “la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes”.), el cual es equivalente a 84.49 pesos, de acuerdo con lo publicado por el INEGI.
“Ello permite que las erogaciones a los institutos políticos aumenten constantemente, derivado del incremento que año con año tiene el Padrón Electoral y el valor de la UMA, lo que cada vez genera un mayor descontento social”, indica la iniciativa.
A partir de este argumento los legisladores de Morena y PES aprobaron el dictamen de la iniciativa que establece que “el financiamiento público destinado al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos se fije anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por 32.5% del valor diario de la UMA”.
Con ello prevén obtener un ahorro de más de dos mil 600 millones de pesos en 2020, toda vez que el INE ha presupuestado cinco mil 239 millones de pesos para el gasto ordinario de los partidos el próximo año.
Sin embargo los legisladores de los partidos de oposición ven de otra manera la decisión de reducir el financiamiento público y por ello votaron en contra del referido dictamen en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales; incluso el PT, aliado de Morena, se opuso a la medida.
Democratizar al INE y reducir su gasto
La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, específicamente en el tema de los recursos para los partidos y los organismos electorales, enmarcó una confrontación entre el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y los diputados federales de Morena.
En un principio el presidente del órgano electoral acudió a la Cámara de Diputados para presentar el proyecto de gasto del INE para 2020, que asciende a doce mil 493 millones de pesos (adicionales a los cinco mil 239 millones solicitados para los partidos).
Detalló que este será distribuido en 18 rubros. “El primero y más grande será para la expedición de la credencial para votar con fotografía y la actualización del Padrón Electoral”.
También explicó que los recursos son para la preparación de la elección federal de 2021, a partir de septiembre del próximo año, “la más grande de la historia; y esto impide cancelar proyectos, posponer el mantenimiento de nuestros sistemas o mantener plazas congeladas, indispensables para desplegar adecuadamente la organización del proceso”.
La diputada Carmen Bernal, del PT, señaló que “según datos de la Auditoría Superior de la Federación el costo del proceso electoral por votante es cada vez más caro”, por lo cual “se requieren nuevos indicadores y metas para evaluar el funcionamiento del instituto durante las elecciones”.
A su vez la legisladora Dominga Pérez, de Morena, propuso “evitar el derroche en cada elección por parte del INE y los partidos políticos con contrataciones de personal. Todos se justifican con el argumento de la democracia”. Pidió que el instituto “haga una propuesta más austera sin que se afecten los programas básicos”.
Por MC la diputada Maiella Gómez se pronunció “por un modelo que cueste menos y aumente la calidad en el sistema de organización y de partidos. Llamó a ejercer un presupuesto responsable, evaluar si es necesario gastar en la burocracia electoral, hacer modificaciones legales y transitar al uso de la tecnología para emitir el voto”.
Días después de la asistencia de Córdova a San Lázaro el diputado Sergio Gutiérrez, de Morena, planteó modificar al artículo 41 de la Constitución para que la presidencia del Consejo General del INE sea rotativa cada tres años.
Lo anterior, explicó el legislador morenista, a fin de evitar que la conducción de dicho órgano “sea coto exclusivo de una persona durante nueve años y que solo una visión encamine los trabajos de tan importante institución”.
Agregó: “El periodo de nueve años establecido actualmente fomenta la concentración de funciones en una sola persona sin dar oportunidad a sus pares para desempeñar el cargo de manera rotativa, hecho que fortalecería la pluralidad de la institución y velaría por la democracia del país”.
Lorenzo Córdova respondió que la iniciativa que propone acortar el periodo de la presidencia del Consejo General va en contra de la autonomía del organismo: “Es claro que hay una intencionalidad de establecer control político de la autoridad electoral. Es una propuesta, junto con la que ya se había planteado hace varios meses (desaparecer a los organismos públicos locales), que va a contracorriente de lo que fue esa gran transición pactada por personajes de un gran renombre, entre ellos el hoy diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien apostó por la autonomía de las autoridades electorales en contra de los órganos del poder político”.
Igualmente comentó que “el periodo actual de duración de los miembros del Consejo General del INE tiene una lógica transexenal con el objetivo de que las designaciones no se subordinen a los ciclos naturales de los órganos políticos Ejecutivo y del Legislativo”.
En cambio, dijo, “la propuesta de que la presidencia del Consejo entre en la lógica de los ciclos políticos, cada tres años, implicaría que cada Legislatura, con las mayorías que se van conformando en cada elección, sería la que definiría la presidencia del órgano electoral”.
Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aclaró que la iniciativa para acortar la presidencia del INE fue presentada a título personal por algunos diputados y no es un proyecto impulsado por toda la bancada. Agregó que el planteamiento se ha “exagerado”, al grado de acusar a su partido de pretender afectar a los organismos autónomos y, aún más, a la democracia.
Lo que sí es cierto, expresó, es que en la discusión sobre el presupuesto para el gasto electoral Lorenzo Córdova “ha soltado los demonios”.
Al respecto añadió: “Nunca aceptan que puede haber espacio para la eficacia en el uso de los recursos; les tocas un peso y entonces ‘pones en peligro la democracia’, ‘pones en peligro la certeza de los resultados electorales, de la actuación de las instituciones’; pero lo que no te dicen es que los consejeros están amparados para ganar un millón 800 mil pesos, que es más de lo que gana el presidente de la República”.
Esperanzas
Por todo esto es que entre las innumerables fallas del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa destaca sin duda la reforma electoral de 2007. Esto es lo que nos dejó su carencia de legitimidad frente a sus adversarios políticos:
Más de una década de violaciones al derecho a la información y a la libertad de expresión, de censura a los medios de comunicación, de multas y amedrentamientos contra los periodistas y los analistas que trabajan o participan en programas informativos, de leyes y reglamentos que claramente se contraponen a diversos artículos constitucionales.
Más de una década de expropiación autoritaria e ilegal de los tiempos oficiales en beneficio de partidos políticos y autoridades electorales, de ineficiente y escandalosa spotiza que en el periodo electoral de 2018 alcanzó casi los 60 millones de spots, de daños billonarios a la economía de quienes trabajan en los medios de comunicación electrónicos.
También más de una década de derroche del erario público: burocracias privilegiadas, con altos sueldos y ofensivas prestaciones de las élites de los organismos electorales; de gastos superfluos de los partidos políticos.
Hoy Morena busca corregir toda esa serie de desaciertos de la fallida reforma electoral de 2007. Sus iniciativas, como lo hemos visto, van en ese sentido y aún falta ver de qué manera acompañarán el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de la reducción de los tiempos oficiales, es decir, el “impuesto autoritario e ilegal” que se estableció en perjuicio de los medios de comunicación electrónicos.
Todos esperan hoy decir pronto adiós a la reforma electoral de 2007 que nos heredó Felipe Calderón Hinojosa.
Organismos electorales (siglos XX y XXI)
Contar con un organismo autónomo y conformado por ciudadanos independientes de los poderes de la Unión y los partidos políticos llevó varias décadas de lucha de las organizaciones ciudadanas y de los entonces partidos de oposición al régimen del PRI.
Como bien sabemos las elecciones durante prácticamente todo el siglo XX fueron organizadas por el Ejecutivo federal, que se encargaba de designar funcionarios de casilla (los ciudadanos que cuentan los votos el día de los comicios), computar los resultados en oficinas del propio gobierno y validar los resultados sin tener instrumentos jurídicos o instancias para conocer de quejas e impugnaciones de dichos resultados.
En la Constitución de 1917 se estableció la creación de la Junta Empadronadora, las juntas computadoras locales y los colegios electorales como organismos encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al presidente de la República y los integrantes del Congreso de la Unión.
En 1946 el presidente Manuel Ávila Camacho creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el secretario de Gobernación y otro integrante del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia.
En 1973 desapareció la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y en su lugar el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Comisión Federal Electoral, cuyo titular era el secretario de Gobernación.
En 1990 el Congreso de la Unión creó el Instituto Federal Electoral (IFE), al que se encargó organizar las elecciones federales —en los estados se crearon institutos electorales locales—; sin embargo el presidente del organismo era el secretario de Gobernación.
En 1994 se instituyó la figura de consejeros ciudadanos: personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, pero el secretario de Gobernación continuó al frente del organismo.
Por fin en 1996 se otorgó autonomía plena al IFE y el secretario de Gobernación, representante del Poder Ejecutivo, dejó de ser el presidente del organismo, es decir, el gobierno dejó de estar al frente en la organización de las elecciones.
En 2014 el IFE se transformó en Instituto Nacional Electoral, al que se otorgaron nuevas facultades.
Metas incumplidas de la reforma electoral de 2007
Expectativa (2007) | Realidad (2018) |
Sistema electoral menos costoso. | Incremento de 110% del costo del sistema. |
Mayor participación ciudadana y reducción del costo del voto. | Mismo nivel de participación ciudadana y aumento de 307% del costo del voto. |
Acabar con la spotización de la política por tantos spots que se transmiten. | Aumento de 8,475% en el número de spots transmitidos. |
Erradicar los conflictos poselectorales y las quejas. | Incremento de 1,335% del número de quejas e impugnaciones interpuestas ante el Tribunal Electoral. |
Elevar el nivel del debate de las contiendas. | Ataques personales, denostaciones y acusaciones sin sustento todos los días. Además, escasas propuestas. |
Apertura a la participación de los ciudadanos sin partido para contender por un cargo de elección. | Implementación de requisitos casi incumplibles y desventajosos con respecto de los partidos, para que los ciudadanos accedan al registro como candidatos independientes. |
Dar certeza a las elecciones. | Desconfianza y descrédito de las autoridades electorales, con el consecuente desconocimiento de los resultados en las votaciones. |
Empoderar al ciudadano. | Canceló la libertad de expresión y el derecho a la información. |
Ampliar los derechos. | Prohibir debates en determinados periodos; prohibir la contratación de espacios en radio y televisión para emitir opiniones o críticas en temas político-electorales. |
Fortalecer la democracia. | Desencanto ciudadano con la democracia. |
Presupuesto IFE/INE (en pesos)
Año Presupuesto Lista Nominal
2006 (sin reformas) 11,892.1 millones 71.7 millones
2018 (con reformas) 24,215.3 millones 86.6 millones
Costo del voto
(en pesos)
2006 290.00
2018 890.00
Spots
2006 704,502
2018 59,731,200
Asuntos atendidos por el TEPJF
2006 3,745
2018 50,000
Nota: El costo del voto, el número de electores y los expedientes atendidos por los tribunales para 2018 son estimaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos de IFE/INE y TEPJF