BLOQUEO AL CONGRESO

La extorsión como forma de exigir dinero y privilegios al gobierno.

Sergio Sarmiento
Columnas
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Ilustración

Dice el artículo 74, párrafo IV, de la Constitución mexicana que “la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre”. En el momento en que escribo estas reflexiones, varios días después, ese presupuesto no ha sido aprobado. El “reloj legislativo” ha estado detenido desde el 6 de noviembre, como si los días pudieran pasar para toda la sociedad pero no para los legisladores. A nadie parece importarle, sin embargo. Si quebrantar la ley es un deporte nacional, violar la Constitución es irrelevante.

En años anteriores, antes de que el gobierno tuviera mayoría absoluta en el Congreso, el presupuesto se aprobaba todos los años no solo con grandes mayorías sino a veces por unanimidad. Hoy no sabemos ni siquiera qué puede ocurrir.

Suponemos que Morena y sus aliados tienen ya los votos para la mayoría simple que requiere la aprobación, a pesar de la rebelión de un grupo de diputados gobiernistas que representan a organizaciones campesinas y que exigen más dinero, al igual que grupos como la priista Antorcha Campesina.

Pero el problema es que no ha habido ni siquiera oportunidad para que sesione la Comisión de Presupuesto y mucho menos el pleno de la Cámara de Diputados. Un grupo de unos cientos o pocos miles de activistas que dicen representar a organizaciones campesinas bloquean los accesos del Palacio Legislativo desde hace varias semanas e impiden que los diputados puedan sesionar.

Se esperaba que en estos días los líderes de la cámara optaran por reunirse en una sede alterna; pero hasta el momento de escribir este artículo el bloqueo se mantiene.

Mensaje

El gobierno federal de López Obrador y el capitalino de Claudia Sheinbaum sostienen que es incorrecto usar la fuerza pública para enfrentar plantones o movilizaciones de grupos políticos. Este principio, sin embargo, se aplica de forma discrecional. El 20 de noviembre, por ejemplo, el gobierno sí usó a los granaderos —policías vestidos y equipados como granaderos, aunque ya no se les llame así— para impedir que los activistas del plantón de Palacio Legislativo se trasladaran al Zócalo para interrumpir los festejos de la Revolución Mexicana que había ordenado el presidente. También hace algunas semanas se roció con gas lacrimógeno a un grupo de alcaldes de oposición que se manifestaban a las puertas de Palacio Nacional. Pero el gobierno no ha querido usar esa misma fuerza pública para levantar un plantón que impide las sesiones de la Cámara de Diputados.

Por lo pronto uno de los resultados ha sido violar la Constitución. La Cámara de Diputados no ha podido cumplir con su mandato de aprobar el presupuesto de egresos en el tiempo que determina la ley. Lo que más preocupa no es esta falta a la máxima legislación del país sino que el gobierno manda el mensaje de que la extorsión es una forma aceptable de exigir dinero y privilegios al gobierno.

Yo, como muchos mexicanos, tengo objeciones importantes a las disposiciones del presupuesto y me parece correcto que todos los grupos puedan expresar sus puntos de vista. Esto es parte de un proceso democrático. Lo que no es democrático es que ciertos grupos de poder utilicen un bloqueo para presionar a los legisladores o al gobierno para someterlos a sus deseos.

La fuerza pública no se debe usar de manera gratuita. Pero en cualquier país democrático se recurre a ella para levantar un bloqueo de dos semanas del Parlamento nacional.