Santiago, 26 Noviembre.- En países desarrollados, como Alemania, Suecia o Noruega, las fuerzas armadas colaboran en la protección de infraestructura crítica, aseguró el presidente Sebastián Piñera.
De aprobarse la ley que permite al ejército colaborar con Carabineros sin necesidad de decretar el estado de excepción, las fuerzas armadas protegerían plantas de agua potable, líneas eléctricas, sistemas de telecomunicaciones, hospitales y talleres del metro, abundó el mandatario en defensa del proyecto que anunció el 24 de noviembre.
La medida podrá decretarse “cuando esté en riesgo la seguridad de la nación. Esto no restringirá derechos como el de reunión o libre circulación para los ciudadanos”, indica un gráfico difundido por Piñera en Twitter.
Además de los países mencionados, el gráfico también asegura que la medida se emplea en Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Gran Bretaña y Francia.
La iniciativa de Piñera fue presentada tras más de cuatro semanas de protestas ciudadanas contra decisiones de su gobierno, como la presunción de aumentar el costo del metro en Santiago, y en demanda de derechos sociales como el acceso público a la salud, la educación y el retiro.
Las protestas, además, han derivado en un llamado social a redactar una nueva constitución, debido a que la vigente es considerada una herencia política de la dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet de 1973 a 1990.
Piñera defendió su proyecto de ley el mismo día que la organización internacional Human Rights Watch (HRW) dio a conocer que Carabineros ha incurrido en serias violaciones de derechos humanos, incluidos el uso excesivo de la fuerza pública y abusos durante las detenciones.
“La policía en Chile es responsable de golpizas brutales, abuso sexual y uso indiscriminado de escopetas que han causado la pérdida de la visión a manifestantes y testigos”, acusó Tamara Taraciuk, directora interina para las Américas de HRW.
La evaluación de HRW coincide en lo esencial con otras observaciones nacionales e internacionales que acusan que el gobierno de Piñera está violando sistemáticamente los derechos humanos en el país.
Entre los observadores del actuar de las fuerzas oficiales en Chile se cuentan Amnistía Internacional, el Colegio Médico de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la defensoría jurídica de la Universidad de Chile, y diputados de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo.