Organizaciones ciudadanas y legisladores iniciaron el camino jurídico que deben recorrer para revertir el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), toda vez que consideran que no cubre el perfil para el cargo, además de que “mintió” al registrarse como aspirante, lo que se suma al hecho de que su designación es producto de un proceso “irregular”.
Asimismo gobernadores de diez entidades, legisladores, partidos políticos, Organizaciones No Gubernamentales y abogados expresan su inconformidad con la designación.
Incluso la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que el proceso de designación de la nueva titular de la CNDH será revisado por instancias internacionales.
De la SCJN a la CIDH
Luego de que Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la CNDH diversos legisladores iniciaron el proceso para impugnar por diversas vías el nombramiento.
Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, comenta que un primer paso fue presentar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en virtud de que “hubo vicios en el procedimiento” para el nombramiento de Piedra Ibarra toda vez que “se validó indebidamente el cómputo respectivo” en el Senado.
Cabe señalar que el Tribunal Electoral resolvió desechar diversas demandas en ese sentido, con el argumento de que la votación en el Senado “no puede considerarse como acto de naturaleza electoral”.
El segundo paso fue presentar juicios de amparo ante diversos juzgados de distrito en materia administrativa.
De hecho Michael Chamberlin Ruiz, Carlos Pérez Vázquez y Laura Castellanos Mariano, quienes se registraron como aspirantes a presidir la CNDH, solicitaron el amparo manifestando que en el proceso de elección que se siguió en el Senado “se violaron cinco artículos constitucionales”; también solicitó un amparo la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Estas solicitudes fueron rechazadas por los juzgadores pero en todos los casos el fallo todavía puede ser impugnado ante un tribunal colegiado, por lo que aún no es definitivo.
A su vez el senador Gustavo Madero, quien igual solicitó un amparo con la tesis de que hubo “un procedimiento ilegal” en la designación, explica que son tres los recursos jurídicos que se presentarán contra dicha elección.
“La primera, y que varios senadores y particulares ya registraron, fue a través de pedir un amparo ante tribunales administrativos por el procedimiento irregular de la elección”, puntualiza.
La segunda, indica, será por medio de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante lo que se conoce como “acto innominado” ya que Piedra Ibarra “no cumple con los requisitos constitucionales para ser electa como presidenta de la CNDH”; esta última, agrega, será presentada por 45 senadores.
Y la tercera vía será acudir ante las autoridades investigadoras, como la Fiscalía General de la República, para interponer una denuncia penal contra Piedra “por falsedad de declaraciones”; esto “dado que ella firmó bajo protesta de decir verdad que en un año antes de la elección no ocupaba puesto directivo de algún partido y en cambio el Instituto Nacional Electoral confirmó que está registrada como integrante del Consejo Estatal de Morena en Nuevo León”.
Alberto Athié Gallo, también aspirante a presidir la CNDH y ex integrante del Consejo Consultivo del organismo (recién renunció), señala que seguirá el camino legal para impugnar la designación de Piedra: “Estamos preparando un amparo apoyados por la Barra Nacional de Abogados”.
De ser necesario, asegura, llevará su demanda hasta instancias internacionales.
Kenia López señala que una vez que se agoten todas las instancias nacionales se presentará la denuncia correspondiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para finalmente llegar a la Corte Interamericana”.
Ola de quejas
De manera inédita autoridades estatales y municipales, legisladores, organizaciones sociales, agrupaciones de abogados, partidos políticos, aspirantes que participaron en el proceso de designación y hasta integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH externan su desacuerdo con el nombramiento de Piedra Ibarra.
Y en cada caso su pronunciamiento es de especial relevancia por lo que representan para el Estado mexicano.
En una breve carta dirigida a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, Alberto Athié Gallo informa de su separación del Consejo Consultivo de la CNDH, justo después del nombramiento de Piedra Ibarra.
Por separado, en una misiva conjunta dirigida a la Presidencia del Senado, Mariclaire Acosta Urquidi, María Ampudia González, Angélica Cuéllar y María Olga Noriega Sáenz igual informan de su renuncia al referido consejo.
En el documento exponen: “Es muy notoria la cuestionada elección de la nueva titular de la CNDH, que le resta legitimidad a la institución”.
Agrega que la designación se llevó a cabo “sin apego a los indicadores que fueron asumidos voluntariamente por las comisiones del Senado responsables del proceso, y además fue consumado en el pleno de manera arbitraria. Una ombudsperson carente de legitimidad será incapaz de establecer una interlocución válida con los distintos actores involucrados en la observación, protección y promoción de los derechos humanos, ni podrá generar confianza ni certeza jurídica necesarias para su misión”.
Cabe destacar que nunca un integrante del Consejo Consultivo había renunciado.
Por otro lado cobra singular trascendencia el pronunciamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en un comunicado expone: “El proceso de designación de la Presidencia de la CNDH realizado por el Senado estuvo marcado por un ambiente de polarización, dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la candidata a quien se tomó protesta y cuestionamientos respecto de si en la tercera votación se alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución”.
La oficina en México del Alto Comisionado recuerda que “existe el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos que examina y analiza el cumplimiento de las características principales de las instituciones nacionales de derechos humanos, siendo una de ellas la independencia de la institución nacional de los derechos humanos de cada país”.
En este sentido advierte: “La ONU-DH recuerda que el proceso de designación es uno de los aspectos más importantes que se revisan periódicamente por el referido Subcomité de Acreditación”.
Por otro lado los comités de Participación Ciudadana estatales y nacional que forman parte, respectivamente, de los sistemas anticorrupción estatales y del Sistema Nacional Anticorrupción manifiestan su desacuerdo con el nombramiento.
Y al respecto destacan: “La Ley de la CNDH expresamente señala como requisito para ocupar la presidencia de la comisión no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación; no obstante Rosario Piedra Ibarra forma parte del padrón ‘Integración de los órganos directivos a nivel nacional y estatal’ que Morena comunicó al INE en cumplimiento a la normativa electoral, el cual está actualizado al 24 de octubre de 2019 y en el que se señala que ocupa el cargo de consejera del Consejo Nacional”.
Por tanto, aseguran los integrantes de los sistemas anticorrupción del país, Piedra “no acredita el tiempo que se requiere para haber dejado de formar parte de órganos de dirección dentro de un partido político”.
Por ello “expresamos nuestra preocupación ante estos hechos y solicitamos respetuosamente a los poderes del Estado mexicano llevar a cabo nombramientos en donde se funde y motive la idoneidad de los candidatos que compiten de forma pública, abierta y transparente por los puestos de las distintas instituciones, tanto las que pertenecen al Sistema Nacional Anticorrupción en todo el país como otras, como la CNDH”.
Otro pronunciamiento contra la designación de Piedra viene de parte de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. “Manifestamos nuestra preocupación por los hechos acontecidos en el Senado que culminaron en la designación de Piedra Ibarra como titular de la CNDH, en franca violación al texto expreso de la Constitución mexicana”.
A los senadores de oposición les piden que no permitan que la Mesa Directiva del Senado “atropelle sus atribuciones”, en tanto que al Poder Judicial de la Federación le demandan que “garantice el acceso a la justicia de los senadores que vieron vulnerados sus derechos” por parte de la referida Mesa Directiva.
Asimismo la organización de abogados dirige una carta a Piedra Ibarra en la que expone: “La Barra Mexicana, Colegio de Abogados le solicita su renuncia como titular de la CNDH en virtud de las irregularidades acaecidas en el proceso de su designación y sobre todo porque no cumple con los requisitos legales para el cargo”.
Organizaciones No Gubernamentales como Amnistía Internacional, Fundar y Artículo 19, además de una veintena de asociaciones agrupadas en el Colectivo #CNDH Autónoma, también descalifican el proceso de designación de Piedra Ibarra en el Senado como el hecho de que la nueva titular del organismo “mintió” al afirmar que no formaba parte de los órganos de dirección del algún partido político.
Para las organizaciones ciudadanas está claro que con la designación de Piedra se “sepultó la legalidad”.
Los gobernadores que pertenecen al PAN aseguran que “no van a atender ni recibir ninguna recomendación” que emita la CNDH. Se trata de los mandatarios de Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Quintana Roo, Durango, Baja California Sur y Nayarit, quienes gobiernan a casi 25 millones de personas, es decir, aproximadamente 20% de la población total del país.
Además la dirigencia nacional del PRD expresa que desconocen a Piedra Ibarra como ombudsperson, en tanto que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostiene que “no cumple con los requisitos de autonomía ni con el perfil para encabezar la CNDH”.
Hallazgos
Miguel Meza, integrante del Área de Investigación y Litigio Estratégico de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, explica que luego de revisar la documentación que Piedra Ibarra entregó al Senado encontró una carta firmada por ella en la cual “jura que no ha sido dirigente partidista durante el último año y sin embargo el INE la sigue teniendo registrada como dirigente de Morena: es un cargo de consejera nacional y consejera estatal del partido, lo que prueba que sí formó parte de Morena al registrarse como aspirante”.
Además, dice, encontró otro documento “de julio de este año, en el que firma como consejera nacional del partido. Estamos hablando de que ella era consciente de dónde se encontraba parada y aun así fue con el Senado y les firmó un documento jurando que no había sido dirigente”.
De hecho los senadores Juan Zepeda, de MC; Claudia Anaya, del PRI, y Kenia López, del PAN, denuncian también que Piedra Ibarra “mintió” al Senado en los documentos que entregó para registrarse como aspirante a la CNDH.
Señalan que en el documento que entregó bajo protesta de decir verdad ella aseguró que no desempeñaba ni había desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación, pero “el INE aseguró que ella fue consejera nacional de Morena hasta el 14 de noviembre”.
En este sentido manifiestan que impugnarán “ante las instancias necesarias para que Piedra Ibarra deje el cargo de titular de la CNDH”.
Trayectorias de los ombudsperson antes de presidir la CNDH
Jorge Carpizo
Doctorado en Derecho Constitucional.
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Rector de la UNAM.
Ministro de la SCJN.
Libros: La Constitución Mexicana de 1917 y Estudios constitucionales.
Jorge Madrazo
Maestría en Derecho Constitucional.
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Coordinador de Humanidades de la UNAM.
Libros: Reflexiones constitucionales y Las nuevas bases constitucionales y legales del sistema judicial mexicano: la reforma judicial 1986-1987.
Mireille Roccatti
Doctorado en Derecho.
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Defensa de Derechos Humanos.
José Luis Soberanes
Doctorado en Derecho.
Académico Honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Integrante de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Integrante de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Consejero titular de la Asociación Interamericana de Profesores de Derecho.
Raúl Plascencia
Doctorado en Derecho.
Investigador del Sistema Nacional de Investigadores.
Integrante de Número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Primer visitador general de la CNDH.
Vicepresidente cuarto de la Federación Iberoamericana de Ombudsman.
Rosario Piedra Ibarra*
Maestría en Sicopedagogía.
Docente de los Servicios de Educación Especial en Nuevo León.
Fundadora del Frente Nacional contra la Represión.
Secretaria de Derechos Humanos del Partido Morena.
Candidata a diputada federal por Morena y candidata a diputada local por el PRD.
*Nota: en el caso de Piedra Ibarra se da cuenta del currículum completo; en los demás casos se trata de un breve resumen de sus respectivas trayectorias.