Es incuestionable la profunda transformación estructural, jurídica, administrativa y política de ese sector clave del gobierno de la República: como se ha apuntado en anteriores entregas las dimensiones de la seguridad, que van de la pública a la internacional, pasando por la interior y la nacional, registraron importantes ajustes a lo largo del primer año del sexenio del presidente López Obrador.
Un breve repaso es indispensable para encontrar las claves de la situación y de lo que puede venir en 2020.
No puede ser una lista exhaustiva, dado el volumen de documentos, reglamentos, leyes e incluso modificaciones a la Constitución, por lo que me remitiré a las expresiones más significativas de los programas y políticas en seguridad.
Comienzo con la desaparición del Estado Mayor Presidencial en su formato y esencia tradicional. Tanto el personal como sus instalaciones fueron reasignados a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la flamante Guardia Nacional.
Las implicaciones de esta decisión tienen un profundo impacto en las relaciones civiles militares, que de ninguna manera se limitan a las establecidas entre funcionarios, gobernantes o dirigentes políticos y los integrantes de las Fuerzas Armadas: se incluyen los contactos directos del presidente de la República con la ciudadanía en general, representantes de los medios de comunicación y líderes sociales de la más amplia procedencia.
La gran preocupación, no obstante, sigue siendo la integridad física y la salud del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esto también es notable luego de la renuncia a contar con un transporte aéreo especializado (responsabilidad, por cierto, de la Fuerza Aérea Mexicana).
En el mismo sentido tenemos la polémica decisión de construir el necesario aeropuerto en la Base Aérea Militar número uno de Santa Lucía, Estado de México. Con el nombre de General Felipe Ángeles (artillero oriundo de Hidalgo), la estratégica instalación cambiará por completo sus funciones y las Fuerzas Armadas de México deberán encontrar un lugar que supla de forma adecuada la pérdida que el nuevo aeropuerto civil supone.
A pesar de ser el Ejército Mexicano el encargado de la construcción y su eventual operación, el proceso será complejo a la vez que deberá ser supervisado por autoridades aeroportuarias internacionales para su mejor construcción y operación.
Reconocimiento
Desde otro ángulo para la creación de la Guardia Nacional, integrada en el proyecto original por elementos de la Policía Militar, la Policía Naval y las divisiones de la Policía Federal, el proceso ha sido, al menos, difícil. La carga principal de nuevo recae en la Secretaría de la Defensa Nacional y en particular sobre el Ejército. Ya desplegada por la mayor parte del país, desde su pase de entrada de revista el 30 de junio de este año la Guardia Nacional ha comenzado a dar buenos resultados y se espera su pleno funcionamiento para 2020.
Una decisión central fue la recreación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su antecedente fue la Secretaría de Seguridad Pública federal, auspiciada bajo la presidencia de Vicente Fox Quesada. La nueva secretaría implica, por una parte, que su incorporación a la Secretaría de Gobernación era un serio y grave error ya que la dependencia encargada de promover la democracia y los derechos humanos de ninguna forma podía ser la misma que atienda y contenga la actividad criminal; y por otra, sin duda, es un reconocimiento a la problemática que significa la violencia delictiva en el país.
Seguiremos con el tema.