Es común, además de necesario, hacia el fin de año realizar balances y apuntar perspectivas respecto de la agenda nacional y sus principales problemas. Tanto la situación de la economía, con crecimiento anualizado de 0.0%, como el ambiente de violencia e inseguridad que se vive en varias partes del país son sin duda la prioridad del gobierno federal, a la vez que de la sociedad en general.
Por lo que hace a la seguridad pública, así como al deterioro de la paz pública, resulta indispensable plantearnos qué debe corregirse, qué debe hacerse y, sobre todo, especificar las metas de lo que se quiere obtener.
En esa medida la articulación de los esfuerzos interinstitucionales y de gobiernos locales —es decir, municipales y estatales— deberá sumarse a lo que la sociedad organizada y en lo individual aportan.
Hasta el momento la carga sustancial en la recuperación de la seguridad pública recae en la Guardia Nacional; por lo tanto, en el gobierno federal. No obstante la histórica centralización de la administración en México, las dimensiones de los riesgos que implica persistir por esa ruta, además de peligrosas son inviables en cuanto a los recursos materiales y humanos disponibles para atender la problemática que representan la criminalidad organizada y común.
Hacia 2020 es una situación apremiante la que reclaman tanto el sistema social como el mismo sistema productivo, de tal suerte que el factor o variable “tiempo” se agota y con ello la capacidad de respuesta de la autoridad para que haga valer el principio de orden e imperio de la ley ante la sociedad. Solo así será posible recuperar la legitimidad de los tres ámbitos de gobierno, así como de los poderes Legislativo y Judicial federales y estatales. No basta con un ya lejano ejercicio electoral para concluir que desde allí pueden plantearse soluciones que, a la vista de los indicadores, no han dado los resultados esperados.
Condiciones
Por eso mismo existe una muy importante posibilidad de realizar los ajustes necesarios en las políticas y programas de seguridad pública y retomar de forma gradual la vuelta de la tranquilidad y de presencia indiscutible del Estado para garantizar la convivencia y aplicación de la ley.
El próximo año puede ser también el de la rectificación en cuanto a la política penitenciaria ya que como he apuntado en anteriores entregas esta es una de las condiciones indispensables para que medidas sustanciales como la creación de la Guardia Nacional tengan serias opciones de llegar a las metas deseadas.
Con el proceso electoral presidencial de Estados Unidos en ciernes, lo que ocurra en materia de seguridad pública en México será tema obligado de los aspirantes a la Casa Blanca. De tal forma que si ya existe la disposición del titular de la Sala Oval para reclasificar a algunas organizaciones criminales de nuestro país como “narcoterroristas”, imaginemos la próxima masacre o despliegue espectacular de alguna organización dedicada al tráfico de drogas: la propensión a señalar que los gobiernos mexicanos –—el actual y los anteriores— no han tenido capacidad para hacerles frente aumentará. Más aún con el juicio a Genaro García Luna: en pleno inicio del proceso penal la posibilidad de que haya revelaciones o filtraciones en cuanto a las actividades de anteriores autoridades gubernamentales de nuestro país implicará un serio impulso para posiciones desde EU que promuevan medidas coercitivas o sanciones.
Por último deseo que México y nosotros tengamos un feliz fin de año y un mejor 2020.