La Organización de Naciones Unidas establece como un componente esencial para el desarrollo sostenible de los pueblos el derecho de las comunidades indígenas a expresarse en sus lenguas.
Sin embargo hoy, de las siete mil lenguas indígenas que se hablan en el mundo, 40% está en riesgo de desaparecer, por lo que la ONU plantea que es necesario realizar acciones apremiantes para conservarlas, revitalizarlas, promoverlas y desarrollarlas.
En nuestro país existen 364 lenguas o variantes lingüísticas pertenecientes a 68 agrupaciones lingüísticas y once familias lingüísticas, por lo que para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) resulta muy importante trascender sus acciones hacia la generación de políticas públicas orientadas desde los ámbitos institucional y comunitario a fortalecer el rescate de las lenguas amenazadas o en alto riesgo de desaparición.
Para el Inali es de suma importancia que cada variante lingüística se trate como lengua, por lo que en el marco de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas impulsa la generación de políticas lingüísticas, en coordinación con los gobiernos federal, estatales y municipales, con el fin de que en absoluto respeto a las autonomías y a los usos y costumbres de los pueblos indígenas se garantice el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos.
Inclusión
El director general del Inali, Juan Gregorio Regino, afirma que es prioritaria una política lingüística de inclusión e igualdad que trascienda a todos los sectores de la sociedad, a todas las instituciones de gobierno, a los tres poderes de la nación y a los tres órdenes de gobierno.
En el ámbito institucional, dice a Vértigo, se avanza con acuerdos de normalización de 16 sistemas de escritura y lenguas indígenas que ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
“Esto significa que los hablantes se reúnen y discuten sobre la diversidad dialectal que tienen y optan por una forma de escritura, por un alfabeto común y eso los va unificando; es decir, es histórico, porque es la primera vez que se reúnen para establecer un sistema de escritura y eso solo se logra mediante acuerdos comunitarios”, puntualiza.
Además, adelanta, hay otras dos lenguas que están en proceso de revisión y doce más en proceso de normalización.
“Es decir, tenemos 30 lenguas trabajadas bajo este proceso. Las políticas lingüísticas comunitarias se generan con base en los acuerdos de la comunidad, de los hablantes. Parece una cosa muy sencilla pero es muy complejo, porque en las comunidades hay diversidad dialectal, hay divisiones políticas, divisiones religiosas, divisiones partidistas… Entonces, lograr que se pongan de acuerdo es una tarea de lo más loable pero de lo más complicado. Y sin embargo creo que se ha ido avanzando”.
—¿Quién los convoca?
—En un primer momento nosotros. Y de ahí vamos estableciendo la coordinación con otras instancias comunitarias, estatales y municipales, para que los tres ámbitos de gobierno confluyan y puedan acompañar estos procesos.
Cercanía con la población
El maestro Juan Gregorio Regino abunda que a lo largo del año pasado se realizaron congresos regionales para institucionalizar las lenguas, que permiten convocar a los académicos más connotados de la propia lengua pero también a especialistas de la lengua para construir un programa de trabajo y dar seguimiento.
“Por ejemplo, en Ixmiquilpan hicimos el congreso de la lengua hñähñu, también conocida como otomí, y eso significó convocar a ocho estados. Siempre buscamos que sea la comunidad la que se apropie de su programa de trabajo, que la planificación se centre en los hablantes, en los jóvenes, maestros, mujeres, en los niños… Es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, de mucha colaboración, de cercanía y de consenso con los propios pueblos”, explica.
El director del Inali señala que también han realizado reuniones de planificación lingüística cuyo reto es crear entre los pueblos indígenas instancias académicas que se ocupen del desarrollo del perfeccionamiento de la escritura de esa lengua. De igual manera, afirma, ha sido relevante lograr la validación de alfabetos.
“Es muy significativo que esto ocurra en lenguas que están en riesgo de desaparición, que se han mantenido por mucho tiempo a través de la oralidad y hoy están en alto riesgo, por lo que se plantea la escritura como una manera de darle continuidad a esas lenguas, como una manera de revitalizarlas, fortalecerlas y enriquecerlas”, añade.
El funcionario informa también que el Himno Nacional está traducido ya a 40 lenguas indígenas. “Somos los encargados de validar, de dar la asesoría musical, pedagógica y literaria; pero la última palabra la tiene la Secretaría de Gobernación y nosotros hacemos todo el trámite para que eso suceda”.
—¿Y la Constitución?
—La Constitución está traducida a todas las lenguas indígenas, a las 68 lenguas indígenas. Y tenemos ya también formatos de acta de nacimiento, de acta de matrimonio y acta de defunción en 27 lenguas indígenas. Eso es muy importante: que la política lingüística incida también en esos espacios y eso ya lo tenemos avanzado.
Voces
—¿Qué tanto se ha avanzado en el terreno de la justicia, ya que uno de los problemas es la falta de intérpretes?
—Hemos avanzado mucho, porque nuestra estrategia se centró en descentralizar las acciones. Con anterioridad lo que hacíamos era concentrar todo en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores y todas las certificaciones y evaluaciones las hacíamos desde aquí. Ahora hemos convenido con varios estados que se puedan certificar allá, lo que nos permite atender con más prontitud y cubrir este rezago. También eso nos permite que el servicio de intérpretes y traductores se convierta en una forma de reconocimiento académico, pero además debe impactar en la parte económica: debe ser rentable, debe ser un servicio que tenga una remuneración.
Cabe señalar que este año el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas acreditó a 47 servidores públicos como intérpretes y traductores, además de que el Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 90 abogados bilingües que nacieron hablando una lengua indígena y se rigen además por la cosmovisión de sus pueblos.
En 2019 se incrementaron de 39 a 103 las variantes lingüísticas en las que se puede orientar, asesorar y representar jurídicamente a los indígenas que enfrentan algún proceso judicial.
Riesgo
Juan Gregorio Regino agrega que en la actualidad 37 lenguas son consideradas amenazadas, incluidas el náhuatl, el maya, el tsotsil y el tseltal, que son de las más habladas en el país, y 31 lenguas más.
“Trabajamos para atender 37 lenguas mediante un programa para el fortalecimiento y para las 31 lenguas en alto riesgo de desaparición creamos el programa para su revitalización y salvaguarda. De esta manera atendemos estas dos realidades”, relata.
—En materia de presupuesto ¿cómo les irá el próximo año?
—Nuestro presupuesto, como en el caso de todas las instancias, está castigado. Pero tenemos la ventaja de que logramos la colaboración de otras entidades. Por ejemplo, al pabellón de lenguas indígenas que instalamos en la feria del libro de Oaxaca y la de Guadalajara se sumaron varias instancias y contribuyen no solamente con la parte conceptual sino también con la parte económica, lo cual nos ha permitido sumar recursos a nuestros proyectos.
Gregorio Regino reitera que el Inali seguirá apoyando y acompañando estos procesos, “construyendo una política lingüística donde las lenguas indígenas estén en igualdad con el español”.
Por lo pronto, ante la preocupación por el ritmo al que desaparecen las lenguas indígenas en el mundo, la Asamblea General de la ONU proclamó al periodo 2022-2032 como la Década Internacional de las Lenguas Indígenas.