La incorporación formal de Ana Margarita Ríos-Farjat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece un precedente histórico: será la primera ocasión en los últimos 25 años en que tres de los once cargos de jueces del máximo tribunal de justicia del país los ocupen mujeres.
Este hecho, que abona a los esfuerzos de equidad y una mayor apertura a la incorporación de las mujeres en altos cargos de responsabilidad pública en México, coincide además con otra fecha trascendental: este año se cumple un cuarto de siglo de la aprobación de la reforma constitucional que permitió a la Suprema Corte constituirse en Tribunal Constitucional.
Las modificaciones en la estructura y el funcionamiento de la Suprema Corte en 1994 permitieron establecer cambios profundos, como que el número de ministros pasara de 26 a once, y establecer procedimientos y mecanismos tendientes a permitir un mayor acceso a la justicia.
Como parte de ese objetivo y desde que asumió la presidencia de la SCJN a principios de 2019, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea emprende una serie de políticas que buscan erradicar prácticas nocivas, como la corrupción y el nepotismo, que afectan el desempeño de la Suprema Corte y del Poder Judicial Federal.
En momentos en que el país experimenta transformaciones de fondo en diversos ámbitos la SCJN también se encuentra en un proceso de cambios que el propio ministro Zaldívar denomina una “tercera etapa” de la reforma de 1994, en la que se busca fortalecer la legitimidad de la máxima instancia de justicia de México.
En palabras del propio ministro presidente se trata de “generar una mayor cercanía con la gente, corregir prácticas que se han venido desviando a lo largo del tiempo y también, de manera muy particular, generar medidas que nos permitan fortalecer y consolidar nuestra función como Tribunal Constitucional”.
Como parte de los esfuerzos emprendidos para terminar con vicios y actos perjudiciales en el ámbito judicial, así como para enfrentar la crisis por la que atraviesa el país en materia de procuración e impartición de justicia, se iniciaron además los trabajos para emprender una reforma en el Poder Judicial que permita al Estado hacer frente al desafío que representan la inseguridad y la violencia que azotan al país.
Justicia posible
Al asumir el cargo de ministra el pasado 6 de enero para un periodo de 15 años Margarita Ríos-Farjat reafirmó la autonomía con la que se ha conducido no solo en su vida profesional sino en su vida entera: “Autonomía que refrendo ahora ante la trascendental función que comienzo a desempeñar y que será respecto de toda influencia, visión o postura que no nazca exclusivamente en la intimidad de mi leal saber y entender”.
Destacó que esa autonomía será respecto de los otros poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo, “así como a otros tipo de poderes, los fácticos, de cualquier índole”. La nueva ministra dijo que comprende el momento evolutivo que vive la SCJN y tiene claridad sobre la necesidad de que la gente sepa y sienta que la justicia es posible y realizable.
Durante la presentación de su plan de trabajo en el Senado de la República a principios de diciembre del año anterior Ríos-Farjat aseveró que todos los aparatos e ideas de la justicia solo tienen sentido si están al servicio de la gente.
Sin embargo reconoció que hay ocasiones en que existe una gran distancia entre la fracción de una sentencia maravillosa y su ejecución a ras de suelo, y para una gran parte de nuestra sociedad la justicia suele llegar tarde y tan descalza como quienes acuden a ella.
Cercanía con la gente
A su vez el ministro presidente de la SCJN, luego de dar la bienvenida a la nueva ministra, recordó que este año se cumple el 25 aniversario de que la Suprema Corte se constituyó como Tribunal Constitucional del Estado mexicano.
Zaldívar destacó que a lo largo de este cuarto de siglo la Corte ha desempeñado un papel relevante para la democracia mexicana y en especial para la defensa y desarrollo de los derechos humanos.
A lo largo de este periodo, explicó, en una primera etapa la SCJN se enfocó en definir los ámbitos de competencia de los diferentes órdenes jurídicos del sistema mexicano. En una segunda etapa estableció su prioridad en la protección y desarrollo de los derechos humanos.
Expuso que ahora se está en una tercera etapa en la que se trata de fortalecer su legitimidad, buscar una mayor cercanía con la gente y corregir prácticas nocivas que afectan el objetivo de consolidar su función como Tribunal Constitucional.
El ministro presidente afirmó que los asuntos que resolverá el pleno de la Suprema Corte en el presente año serán decididos con absoluta libertad en las argumentaciones y votos de los integrantes de ese cuerpo colegiado, los que determinan la independencia de un Tribunal Constitucional.
“En donde nace y yace y se encuentra la independencia y la legitimidad de un tribunal constitucional es en los argumentos y las razones que justifican las resoluciones”, aseveró.
Oportunidad de transformación
En los últimos doce meses la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal (PJF) han experimentado cambios importantes para atacar problemas que afectan su desempeño en la búsqueda de una mejor impartición de la justicia.
Al asumir como presidente de la SCJN para el periodo 2019-2022 el ministro Zaldívar destacó la importancia de la independencia judicial y afirmó que se tenía la oportunidad de transformar y renovar el Poder Judicial para hacer su trabajo mejor en beneficio de los mexicanos.
Esa convicción se refleja en los cambios impulsados en el primer año como ministro presidente. Una de esas medidas es que ya no habrá pases automáticos para la ratificación de jueces y magistrado del PJF ya que ahora serán evaluados.
El Consejo de la Judicatura Federal informó en agosto último los parámetros que se tomarán en consideración para las ratificaciones de quienes detentan estos cargos, que serán elementos sustantivos y de compromiso con la actividad jurisdiccional, por lo que se modificó el estándar con el que se ratifica a los jueces y magistrados federales.
Zaldívar ha insistido en señalar quela transformación del Poder Judicial de la Federación es necesaria e impostergable porque sus integrantes no pueden ser “burócratas judiciales”. De ahí que se requieren jueces que entiendan el dolor de la gente, además de que el país está harto de corrupción, de privilegios e impunidad.
También recalca que el único compromiso de la Suprema Corte es, ha sido y será con la Constitución y el pueblo de México ya que al emitir sus sentencias se reafirma en los hechos la independencia y autonomía, así como su papel en la defensa y protección de los derechos humanos.
Lastres
El combate a la corrupción al interior de la Suprema Corte y del Poder Judicial Federal ha sido uno de los temas en los que ha puesto mayor énfasis el ministro presidente, quien asevera que genera desigualdad e impunidad y perpetúa el círculo vicioso del crimen y la violencia.
Destaca que la corrupción judicial es un flagelo que debilita a todas las instituciones públicas porque erosiona la confianza en el sistema mismo. Advierte que si el Poder Judicial Federal es percibido como corrupto pone en entredicho la capacidad misma del Estado.
Zaldívar Lelo de Larrea reconoce un anquilosamiento en el PJF, el aumento de la corrupción y un arraigado y nocivo corporativismo judicial, lo que impide un acceso efectivo a la justicia.
Ante esta situación es tajante al afirmar que ya se limpia la casa con una política de cero tolerancia a la corrupción.
De igual forma manifiesta que todas las decisiones de un Tribunal Constitucional, sobre todo en asuntos delicados, son opinables y discutibles, no solo en México sino en el mundo.
“Como único parámetro de nuestra actuación y de nuestras decisiones, nuestra independencia está asegurada, lo mismo que nuestra autonomía”, recalcó.
Reforma necesaria
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, califica como un paso importante en la dirección correcta el hecho de que por primera vez en la Suprema Corte haya tres ministras, aunque todavía es insuficiente porque la equidad y la paridad implicaría que al menos la mitad de sus integrantes fueran mujeres.
Respecto del proceso de transformación que está en marcha en la SCJN y el Poder Judicial destaca que ese esfuerzo se gesta desde hace algunos meses ya que tanto el ministro Zaldívar como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunciaron que se emprenderá una reforma en materia judicial muy importante en un contexto interesante: cuando se cumplen 25 años de la reforma de 1994-1995.
“Esta nueva reforma es necesaria para consolidar aquella transformación un cuarto de siglo después”, resalta el también investigador universitario.
Destaca el ataque a la corrupción y el nepotismo en las filas judiciales ya que lo menos que pueden garantizar los servidores públicos es que esos males no serán constantes en las instituciones del Estado.
Por lo que hace a la reforma del Poder Judicial en marcha, Pedro Salazar estima que como el propio ministro presidente ha insistido es una transformación que debe venir desde el interior del PJF ya que si bien quienes pueden realizar cambios en la Constitución y a las leyes son los poderes Legislativo y Ejecutivo, principalmente, al tratarse de una reforma al Poder Judicial es muy importante que este mismo sea escuchado y participe en la elaboración de la reforma.
“De lo contrario sería una interferencia desde la política, porque el Ejecutivo y el Legislativo son poderes netamente políticos en la Judicatura, lo cual no sería una buena noticia para la independencia judicial”, advierte.
Independencia intacta
En el tema de la erradicación del nepotismo en el PJF recuerda que ex consejeros de la Judicatura y desde la academia han documentado inercias y tendencias negativas en la incorporación y ascenso en la carrera judicial, lo que genera nepotismo y falta de meritocracia, que califica como lastres muy severos.
Dice que hoy se tiene más disposición para abrir los concursos de ingresos, un mayor rigor en los exámenes en el ascenso de la carrera judicial, así como en los mecanismos disciplinarios.
“Estos tres elementos son muy positivos y prometedores. Garantizar que las mejores personas accedan al Poder Judicial y que quienes distorsionan o corrompen su función sean sancionados es la responsabilidad básica de una buena administración en el Poder Judicial”, subraya.
—Se habla de un presunto debilitamiento de la Suprema Corte y una supuesta falta de independencia de los ministros…
—Hay una sintonía en algunos temas pero creo que son los buenos temas: el combate a la corrupción, la independencia, la profesionalización… Y que haya coincidencia entre los titulares de los poderes merece nuestra atención y respeto.
Desde su perspectiva donde está en juego la independencia de la Suprema Corte y del Poder Judicial es en el sentido y los argumentos de sus sentencias.
Menciona su preocupación en las decisiones que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, por ejemplo, en distintos momentos que son “cuestionables desde el punto de vista de la independencia jurisdiccional”.
Agrega que ahí se tiene un tema que se debe tomar con mucha seriedad y cuidado pero que no debe trasladarse a la Suprema Corte por el momento, porque las decisiones que se han visto del máximo tribunal de justicia hasta hoy no anuncian una merma en su independencia.
Desconfianza y distanciamiento
Salazar Ugarte considera que entre los aspectos de la reforma al Poder Judicial que son necesarios revisar se encuentran las reglas de control a la gestión de los jueces ya que hoy para ser juez o magistrado primero se debe pertenecer al Poder Judicial. Sin ese requisito no se puede participar para buscar esos cargos.
En su opinión eso es perjudicial porque se pierde la oportunidad de que los mejores egresados de las escuelas de Derecho puedan entrar en la Judicatura, por lo que se manifiesta por abrir las vías de acceso al Poder Judicial y establecer rutas distintas de las que actualmente se tienen.
Se manifiesta a favor de establecer una regla que impida que en un plazo inmediato que los consejeros de la Judicatura o los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan aspirar a ministros o ministras de la Corte. “Esa posibilidad que hoy existe genera incentivos equivocados en el desempeño de sus gestiones, ya sea como árbitros electorales o como árbitros de la administración de la propia Corte”, expone.
Y recuerda que hay medidas que vienen a ser el complemento de lo que en su momento se llevó a cabo hace 25 años y que en la actualidad son necesarias poner en marcha para ventilar, transparentar y dinamizar la gestión al interior de la Judicatura.
Insiste en que es muy importante un acercamiento de los jueces con las personas: “En este país hay una profunda distancia y desconfianza de los ciudadanos hacia los integrantes del Poder Judicial, que no es buena ni para los ciudadanos ni para ese poder”.
—¿Cómo se pueden definir las actuales transformaciones en la Suprema Corte y el Poder Judicial?
—Si se da una transformación de gran calado sería una reforma relevante y sustantiva al funcionamiento del Poder Judicial. Si esa reforma tiene lugar entonces sí, más allá de las épocas jurisdiccionales y de las presidencias coyunturales, estaríamos asistiendo a una nueva etapa del Poder Judicial de la Federación.
Ana Margarita Ríos-Farjat
Nació en Monterrey, Nuevo León, en 1973. Estudió leyes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la misma universidad neoleonesa. Tomó cursos especializados impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal y la Bolsa Mexicana de Valores.
Es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Antes de ser elegida ministra de la Suprema Corte se desempeñaba como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Su experiencia en el sector público inició en 1996 en el Poder Judicial de la Federación.
Desde 1999 ejerce como abogada independiente. También se ha desempeñado como profesora de la Facultad Libre de Derecho en Monterrey y coordinadora de una cátedra en la Universidad Metropolitana de esa ciudad regia, entre otros cargos académicos y sociales.
Transformación
Como parte del debate surgido acerca de la necesidad de una reforma al Poder Judicial para erradicar prácticas como la corrupción y el nepotismo, así como para hacer frente a la crisis de seguridad y justicia que enfrenta el país, a finales del mes de octubre comenzaron las mesas de trabajo para emprender una transformación en ese poder con la participación del Ejecutivo federal, la Suprema Corte y el Senado de la República.
El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que una reforma del Poder Judicial debe darse a partir de una depuración interna y no con reformas constitucionales o legales. “En el Poder Legislativo se propone que se lleve a cabo esta reforma con una modificación a la Constitución y a la ley. Yo no estoy de acuerdo: pienso que la reforma al Poder Judicial tiene que darse al interior del propio Poder Judicial, que debe reformarse a sí mismo”.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, dice que desde la reforma que en 1994 reconfiguró su composición y facultades para convertirla en el Tribunal Constitucional del Estado, si bien se han logrado avances el Poder Judicial no ha podido ganarse la plena confianza de la ciudadanía. “Somos percibidos —a veces injustamente— como un poder lejano, desconectado de la realidad, ajeno a los sufrimientos del pueblo, preocupado solo por administrar sus privilegios y que se escuda en la independencia para no rendir cuentas”, reconoce.
Zaldívar asevera que esta situación se debe en gran medida al fenómeno generalizado del nepotismo y a los casos de corrupción, que si bien están focalizados tienen hondas raíces y un profundo impacto.
Señala que para combatir estos males el PJF inició un proceso de autorreforma centrado en los ejes de combate a las prácticas indebidas, fortalecimiento de la carrera judicial, cercanía con las personas y paridad de género.
Y asevera que se está en un momento social y político propicio para una reforma que fortalezca al PJF y que lo dote de mejores herramientas para servir a la sociedad.
Plan contra el nepotismo
El 5 de diciembre de 2019 el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó un Plan integral de combate al nepotismo que tiene como objetivo institucionalizar medidas correctivas y preventivas para combatir por primera vez el nepotismo como política pública toral del Poder Judicial de la Federación.
El plan se fundamenta en seis pilares: fortalecer las reglas para la carrera judicial y fundarla en un enfoque meritocrático; establecer un padrón de relaciones familiares; definir los supuestos de contrataciones que generan responsabilidad administrativa; crear un Comité de Integridad para evaluar la idoneidad de contrataciones; buzón de denuncias específico para casos de nepotismo, y vincular los puntos anteriores con la política de adscripciones.
El plan tiene como fin dotar al CJF de una base institucional que establezca reglas claras para la institución, sus servidores públicos y la misma sociedad para corregir y evitar en un futuro el nepotismo dentro de los órganos jurisdiccionales federales.
De acuerdo con el estudio de Julio Ríos Figueroa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), intitulado El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación, 51% de jueces y magistrados tiene al menos un familiar laborando en el PJF, mientras que en España el promedio es de 14% y en Estados Unidos de 8 por ciento.