Ciudad de México, a 27 de enero. La operación de los puertos requiere de reglas claras, justas y equitativas, expuso la diputada federal del PRI, Anilú Ingram Vallines, al presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de ley, que combate el monopolio y asegura la libre concurrencia y competitividad en la prestación de los servicios portuarios.
Los beneficios directos de dichas reformas son: disponer de tarifas equitativas, contar con agentes económicos competitivos, eliminar los conflictos de interés en los cesionarios de los servicios portuarios y garantizar que, cuando haya un solo proveedor para alguno de los servicios portuarios, la SCT y la Cofece en trabajo conjunto establezcan tarifas.
Argumentó la diputada federal que los puertos son nodos logísticos en los que convergen diversos medios de transporte como el marítimo, ferroviario y carretero para conectar a los centros de producción o importación de insumos y diversos productos con los puntos de consumo del territorio nacional, por tanto, es obligado que los servicios que prestan sean competitivos.
En la propuesta, la legisladora por el estado de Veracruz, establece que el mandato legal es que todas las observaciones técnicas de la Comisión Federal de Competencia Económica sean el eje transversal para incorporar medidas promotoras de libre concurrencia de los agentes económicos en el mercado, también, incorpora figuras jurídicas como la de observadores y testigos sociales, cuya función es brindar certeza en los procesos de licitación, estos conceptos, ya existen en otras legislaciones, como la Ley de Asociaciones Público Privadas.
La regulación de los servicios portuarios beneficiaría a la actividad marítima-portuaria, pero también a otras industrias que utilizan los puertos, como la automotriz, agrícola, textil, energética, alimentaria, transporte terrestre, aéreo entre otras.
Las reformas propuestas por Ingram Vallines van dirigidas a normar, de mejor manera, las maniobras de carga y descarga, almacenaje y manejo, la entrega o recepción, servicios que son prestados por terceros a través de un contrato de cesión que actualmente no necesariamente licita la Administración Portuaria Integral.
La Comisión Federal de Competencia Económica ya se pronunció en el sentido de que los puertos mexicanos registran serios problemas de competencia, hay ventajas para ciertos cesionarios, asignaciones directas de contratos, dilación para realizar licitaciones, existen proponentes únicos de servicios de maniobras para un tipo de carga y son ellos los que fijan las tarifas de sus servicios.
La Cofece advirtió de prácticas monopólicas y observó un riesgo, pues el 31.6% del comercio internacional de México se mueve por vía marítima. Está el caso del puerto de Topolobampo, Sinaloa, donde existe un solo proveedor para maniobrar el granel agrícola y, a pesar de esta circunstancia, se ha pospuesto de manera indefinida el concurso para otorgar un contrato para una segunda instalación especializada en este tipo de carga.
En Veracruz, el cesionario especializado en contenedores tiene una participación de mercado del 85%, misma que podría incrementarse al inicio de operaciones de la nueva terminal de este puerto y convertirse en un monopolio, se reporta que solo dos empresas prestan los servicios portuarios de carga y descarga de automóviles.
En Lázaro Cárdenas, Michoacán, una terminal de usos múltiples está impedida de participar en la actividad de embarque y desembarque de automóviles, lo que ocasiona que el operador especializado en vehículos concentre el 100% del mercado.