La reforma política de 2014 estableció en la Constitución General de la República la obligación de entregar recursos públicos a los partidos con registro nacional; aunado a esto las constituciones locales también mandatan la entrega de recursos estatales a las fuerzas políticas con registro local. El resultado: una doble entrega de prerrogativas que para 2020 representarán un gasto de casi diez mil millones de pesos.
Dicha erogación se tendrá que realizar a pesar de que este año no habrá comicios federales y tan solo dos de las 32 entidades tendrán procesos electorales, que serán nada más para votar por alcaldes en una de ellas y por diputados en la otra.
Es por eso que un grupo integrado por más de 220 mil personas entregó al Senado de la República una “iniciativa ciudadana” que plantea eliminar lo que los demandantes denominan el “doble financiamiento” a los partidos; pero además propone que se les eliminan los “tiempos oficiales estatales” que se entregan a los institutos políticos locales para la transmisión de sus spots.
La referida iniciativa, legal y debidamente formalizada, se entregó desde el año pasado sin que hasta la fecha las respectivas comisiones del Senado le hayan dado el trámite correspondiente, situación que propició la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ya ordenó a los senadores “dictaminarla a la brevedad”, lo cual tendría que suceder en los próximos días porque de lo contrario los legisladores violarían la ley.
Propuesta
Héctor Melesio Cuén Ojeda y Víctor Antonio Corrales Bargueño representan a un grupo de 221 mil 535 personas que presentaron la “iniciativa ciudadana” ante el Senado para modificar los artículos 41 y 116 de la Constitución con tres objetivos: “1) Disminuir el financiamiento público que reciben los partidos políticos nacionales; 2) Eliminar el doble financiamiento establecido para los partidos políticos nacionales; y 3) Eliminar la duplicidad de los tiempos en radio y televisión que tienen los partidos políticos nacionales”.
En plática con Vértigo recuerdan que a raíz de la reforma en materia político-electoral promulgada en febrero de 2014 los legisladores federales dispusieron en la Constitución que los partidos políticos nacionales tienen derecho a recibir financiamiento público de la Federación, estableciendo además en las 32 constituciones locales la entrega de recursos estatales a los partidos, aun si estos son nacionales: “Las entidades deberán calcular y ministrar recursos a los partidos políticos en cada una de las entidades federativas”.
Al respecto precisan: “Los partidos políticos nacionales cuentan con un doble financiamiento público porque además del que se encuentra establecido en el inciso A de la fracción II del artículo 41 de la Constitución, existe otro en la fracción IV, inciso G del artículo 116 de la propia Constitución y el cual señala que las constituciones políticas de las entidades federativas y sus respectivas leyes electorales deben mandatar el financiamiento a los partidos políticos estatales”.
Explican que, por una parte, en el ámbito del presupuesto federal “se echa mano del Padrón Electoral como indicador para calcular el monto del financiamiento requerido para el funcionamiento ordinario de los partidos nacionales; y, por otra, en las entidades federativas se vuelve a considerar el padrón a nivel local en las fórmulas de cálculo de los respectivos financiamientos públicos para el funcionamiento ordinario de los partidos con registro local”.
Añaden: “He aquí la redundancia en el financiamiento público a los partidos políticos nacionales. Los legisladores no solo le han dado rango constitucional a su fuente de financiamiento público federal a través del artículo 41 sino que también se aseguraron de hacerlo a través del artículo 116 de la Constitución”.
También exponen que “además hay que ponderar la propuesta de iniciativa que presentamos formalmente a la Cámara de Senadores para que así como proponemos la eliminación del doble financiamiento público a los partidos políticos, se eliminen los derechos por el uso de los tiempos de radio y televisión a los partidos políticos nacionales que corresponden a cada una de las entidades federativas”.
Es decir, “que solamente reciban esta prerrogativa de la Federación pero no de las entidades federativas. Solo así se ahorrarían millones de spots de radio y televisión que se transmiten durante las campañas electorales a los hogares mexicanos”.
Los promotores de la iniciativa ciudadana explican que se trata de los tiempos en radio y televisión que pertenecen a cada entidad y que igualmente se ponen a disposición de los partidos en periodos electorales, incrementando el número de spots que se transmiten.
Señalan que no existe un cálculo del total de tiempos oficiales que cada uno de los estados destina a los partidos con registro local, pero “es una cantidad considerable”.
El tercer punto de su iniciativa tiene que ver con la propuesta de disminuir en 50% las prerrogativas que la Federación entrega a las fuerzas políticas nacionales.
Calvario
La iniciativa ciudadana que impulsan los representados por Cuén Ojeda y Corrales Bargueño ha recorrido un largo camino.
Primero recabaron las 221 mil 535 firmas, que superan 0.13% de inscritos en la Lista Nominal que establece la Constitución para dar inicio a una iniciativa ciudadana.
Posteriormente las firmas —cada una debidamente registrada en cédulas individuales con los datos del ciudadano, como por ejemplo nombre, domicilio, número de su credencial de elector— se entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE) para que este validara la autenticidad de ellas.
Una vez que el órgano electoral validó el total de las firmas estas se anexaron a la iniciativa ciudadana que se entregó en noviembre de 2018 a la Mesa Directiva del Senado para que se turnara a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos y siguiera el trámite correspondiente, es decir, que fuera dictaminada.
El tiempo pasó y la referida iniciativa permanecía sin dictaminarse por parte de los senadores, situación que llevó a Cuén y a Corrales a presentar un “juicio ciudadano” ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El pasado 8 de enero los magistrados de la Sala Superior del TEPJF “ordenaron a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores dictaminar a la brevedad la referida iniciativa ciudadana”.
Los magistrados “vincularon además a dichas comisiones para que informen al TEPJF del cumplimiento”.
Asimismo los magistrados de la Sala Superior resaltaron que “el pasado 16 de diciembre los promoventes presentaron un juicio ciudadano por omisión por parte de las comisiones para dictaminar y continuar el trámite de la iniciativa ciudadana relativa al financiamiento para los partidos políticos”.
Indicaron que “luego de analizar el expediente se confirmó la omisión de dichas comisiones al no cumplir con dictaminarla en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la recepción, como marca el Reglamento del Senado, al tratarse de una iniciativa ciudadana”.
Cifra real
Para Héctor Cuén la situación está muy clara: “Hay una orden judicial y los senadores deben dictaminar a la brevedad y si no lo hacen vamos a promover ante el TEPJF un ‘incidente de incumplimiento de sentencia’ para que este a su vez solicite a la Fiscalía General de la República (FGR) que abra una carpeta de investigación por el delito de desobediencia de mandato judicial”.
Asimismo señala que no tiene muchas esperanzas de que la iniciativa prospere una vez que sea dictaminada, pero dice que seguirán sumando a otras organizaciones y ciudadanos en la batalla por disminuir el financiamiento público y los tiempos oficiales a los partidos: “Lo que se le está dando a los partidos es algo irracional”.
Para Jorge Castro Martignoni, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, es un hecho que “a través de las leyes que elaboran los legisladores se vienen dando a sí mismos anualmente cuantiosas cantidades de dinero público procedente de los presupuestos federal y estatales”.
Añade: “Los partidos se han asegurado de recibir tales bolsas de dinero público: a) definiéndose como ‘entidades de interés público’; b) estableciendo en el artículo 41 constitucional los conceptos y el método de cálculo por los cuales deben recibir financiamiento de la Federación; y c) colocando en el artículo 116 constitucional la obligación de las entidades federativas de también otorgarles año con año otra porción de financiamiento”.
De esta manera a los cinco mil 239 millones que les dará la Federación en 2020 hay que agregar los cuatro mil 753 millones que les darán los estados este mismo año: “Este es el verdadero financiamiento público a los partidos”, concluye.
Financiamientos estatales para partidos con registro local en 2020
(en millones de pesos)
Aguascalientes 55.3
Baja California 157.5
Baja California Sur 30.4
Campeche 68.5
Coahuila 164
Colima 30.6
Ciudad de México 435.7
Chihuahua 153.5
Chiapas 153.8
Durango 74.9
Estado de México 658.3
Guerrero 141
Guanajuato 155.9
Hidalgo 79.5
Jalisco 105
Michoacán 198.9
Morelos 82
Nayarit 49.2
Nuevo León 244.8
Oaxaca 164.2
Puebla 255.3
Querétaro 92.7
Quintana Roo 43.9
San Luis Potosí 117.1
Sinaloa 122.1
Sonora119.7
Tabasco96
Tamaulipas 152
Tlaxcala53.2
Veracruz337.3
Yucatán95.4
Zacatecas65.7
Total 4,753.3
Financiamientos federal y estatales entregados a los partidos
(en millones de pesos)
Año Federal Estatales
2018 6,702. 95,621.7
2019 4,985. 84,598.2
2020 5,239 4,753.4