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Jueves 27 de febrero de 2020
Política

PRIORIDADES DEL CONGRESO PARA EL NUEVO PERIODO ORDINARIO

Foto: Especial
2020-02-14 14:26:55 por Ricardo Pérez
Congreso de la Unión

El Congreso de la Unión inició el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura con llamados en ambas cámaras al diálogo y el consenso con el propósito de promover reformas equitativas y modernas.

La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, señaló que a pesar de las diferencias democráticas se deben observar los desafíos planteados con el fin de lograr avances concretos.

Asimismo convocó a atender los asuntos pendientes y los que se presenten en el actual periodo con responsabilidad, a construir consensos para trazar un camino futuro y a construir, dijo, un México más justo e integrado.

“Solo así lograremos un país con más libertad, con más igualdad y más justicia para todos. Nuestra agenda es muy exigente, hay proyectos de gran trascendencia para el futuro del país, tenemos la gran oportunidad de legislar con seriedad y decisión, con el noble propósito de promover reformas que permitan recuperar y fortalecer la confianza entre legisladores y sociedad”, expresó.

En San Lázaro, en tanto, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, coincidió en señalar que se requiere de diálogo para alcanzar acuerdos y las mejores soluciones para la buena política.

“En el Poder Legislativo entendemos la gran deuda que tenemos en materia de justicia social, asumimos la lucha por una sociedad auténticamente igualitaria e inclusiva”, puntualizó Rojas.

Agenda

A manera de “round de estudio”, como dirían en el box, se dieron a conocer las prioridades de las diferentes fracciones parlamentarias para el actual periodo ordinario de sesiones.

La agenda legislativa prevé reformas constitucionales en materia de procuración y administración de justicia, la legalización de la cannabis, la aprobación de la Ley de Amnistía, así como la regularización del outsourcing.

En la cámara alta se perfilan algunos temas urgentes como combatir la inseguridad y la violencia. Se prevé que el Ejecutivo federal enviará una serie de iniciativas que buscarán el fortalecimiento del sistema de justicia para el combate a la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

Destacan la Ley de Justicia Cívica, cuyo objetivo es la prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común; un proyecto de Código Penal Nacional en el que se buscará homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país y con ello evitar tener 32 códigos; corresponsabilizar a las autoridades federales y estatales de manera clara y específica en su lucha contra la delincuencia organizada; además de proteger a las víctimas para que denuncien delitos con toda fortaleza y defender a la víctima y no al victimario.

Se prevén de igual manera un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, reformas a las leyes de Amparo, de Ejecución Penal, a la Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes, a la Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Polémica

Uno de los temas que ha acaparado la atención y ya comenzó a generar reacciones es la propuesta de reclasificar el delito de feminicidio del Código Penal Federal e incluirlo como agravante del delito de homicidio doloso.

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado manifestó su preocupación ante la propuesta de la FGR y, aunque aún no se ha recibido ninguna propuesta formal, señaló que esa postura representa un retroceso en los derechos ganados para reconocer y visibilizar la máxima expresión de violencia contra las mujeres.

La propuesta, indicaron las senadoras integrantes de la comisión, podría incurrir en la inconstitucionalidad y contravenir mandatos internacionales que establecen la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres y que obligan al Estado mexicano a atender las causas y consecuencias de la misma.

Al respecto la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, expresó que es una irresponsabilidad y evidencia que el titular de la FGR no tiene perspectiva de género.

“El poder tipificar el feminicidio ha sido una lucha de muchos años, primero aquí en el Congreso de la Unión y luego lograr la tipificación en todos los estados. Se ha logrado esto porque son particularmente ciertas causas las que sufren las mujeres que, por desgracia, termina arrebatándoles la vida”, puntualizó Juárez.
Con relación a este tema el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, anunció que presentará una iniciativa para incluir un título V en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde se establezca de manera clara y uniforme para todo el país la tipificación del feminicidio, así como las sanciones y perspectiva de género en su investigación y enjuiciamiento.

En la propuesta se sugiere que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y sanciones de 750 a mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Otro de los objetivos de la propuesta es que el delito de feminicidio se considere como imprescriptible y también plantea que las penas se incrementen hasta en un tercio cuando un servidor público, aprovechándose de su encargo, interviene en la realización de esta conducta delictiva y cuando la víctima sea menor de edad, esté embarazada, presente algún tipo de discapacidad o pertenezca a un pueblo o comunidad indígena.

“Con la aprobación y publicación de esta reforma se pretende que se derogue toda disposición federal o de los estados que sea contraria a este decreto. Incluye que los congresos, federal y locales, tendrán un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta modificación para realizar los cambios en sus códigos penales u ordenamientos correspondientes”, explicó.

Otras prioridades 

En el segundo periodo de sesiones ordinarias la Cámara de Diputados abrirá la discusión principalmente en tres temas relevantes.

Uno es la regulación del uso de la cannabis, que deberá atenderse ante el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo plazo no se cumplió y que por única ocasión se concedió una prórroga que vence el 30 de abril.

Otro mandato de la SCJN es en torno de la reforma a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en virtud de que esos salarios los fijó el propio presidente de la República y es necesario establecer criterios técnicos y objetivos.

“Es algo que no puede fijarse de manera arbitraria: se requieren algunos criterios técnicos porque hay un impacto en las demás remuneraciones, porque no solo tocó al gobierno federal sino hasta a los organismos autónomos”, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.

El tercer tema de especial relevancia es la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), asunto que solo pasa por la Cámara de Diputados.

La diputada Rojas hizo un llamado para que esa designación se desarrolle mediante un proceso de Parlamento Abierto y con reglas de máxima publicidad, para que con transparencia la ciudadanía pueda estar informada sobre cada etapa.

“Esa elección es de la mayor relevancia porque será la Cámara de Diputados la que los designe. Son cuatro consejeros los que concluyen su mandato el 3 de abril; es un asunto que está fundamentalmente en manos de la Junta de Coordinación Política y que al final debe votar el pleno”, puntualizó Rojas.

Cabe señalar que a la Junta de Coordinación Política se envió un acuerdo de la Comisión Permanente que exhorta a la Cámara de Diputados para que durante el proceso de elección de los nuevos consejeros generales del INE se tome en cuenta el principio de paridad de género en los términos constitucionales establecidos.

Laura Rojas subrayó que en este segundo periodo también se debatirá sobre la reducción al financiamiento de los partidos políticos y la reelección legislativa: 2021 será el primer año en que esto será posible, por lo que hay que normar el procedimiento.

Precisó que el límite para aprobar reformas a las leyes electorales es el 31 de mayo, cuando también concluye el plazo para regular la reelección.

 

UNAM

El Senado de la República y la Cámara de Diputados reprobaron los recientes hechos que vandalizaron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como la toma de las instalaciones de diversos planteles.

La cámara alta acompañó la exigencia de justicia de la comunidad estudiantil, refrendando su compromiso con la lucha por el respeto de sus derechos siempre en apego a la fuerza de la razón y el diálogo. Hizo un atento llamado para el restablecimiento del orden y legalidad en la Máxima Casa de Estudios, al tiempo que se solicitó a la comunidad a no caer en provocaciones y realizar las denuncias correspondientes.

En San Lázaro el pleno de la cámara baja se pronunció por que la comunidad universitaria y sus autoridades establezcan un diálogo constructivo. Asimismo expresó su preocupación por la suspensión de actividades en algunas instalaciones y planteles de la UNAM, así como su rechazo a toda forma de violencia. El pronunciamiento surgió de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que se aprobó por unanimidad con 396 votos.

 

Iniciativa

Integrantes del grupo parlamentario de Morena presentaron una iniciativa para facultar al gobierno federal a vender mediante sorteo bienes muebles de propiedad federal.

La propuesta plantea reformar el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Se trata de una iniciativa que añade el sorteo como un mecanismo para la enajenación de bienes que, por sus características o por las condiciones de mercado, no han podido venderse.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Población para su dictaminación.

 

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Ricardo Pérez
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