La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó su propuesta de reforma judicial con la que busca consolidar un Poder Judicial más fuerte y más independiente, cercano a la gente y que imparta una justicia para todos con excelencia y honestidad, en la que se fortalecen los mecanismos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo y el acoso sexual.
El ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que se trata de una reforma profunda y de grandes alcances que toca el meollo del Poder Judicial. “Es una reforma sólida, comprensiva, que ataca los problemas de raíz”, orientada a obtener resultados y que no busca los reflectores, subrayó.
La propuesta se basa en siete ejes rectores: consolidación de la carrera judicial, limitación a la discrecionalidad a los nombramientos, impulso a la capacitación y profesionalización de los trabajadores judiciales, fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, establecimiento de plenos regionales, modificación al sistema de jurisprudencia y combate a la corrupción y al nepotismo.
Después de recibir y firmar la propuesta de reforma para enviarla al Congreso de la Unión como iniciativa del Poder Ejecutivo federal —el Poder Judicial no tiene atribuciones para presentar iniciativas de reforma— el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que apoyará la reforma que por sus alcances es considerada como inédita por juristas, legisladores y dentro del mismo Poder Judicial.
El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, aseguró que los planteamientos de la reforma serán retomados por el presidente de la República sin cambio alguno y resaltó que con el diálogo establecido en el tema los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo transmiten un mensaje de estabilidad, integridad, compromiso y responsabilidad en un tema de gran preocupación para los mexicanos como lo es la justicia.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseveró por su parte que el Poder Judicial de la Federación requiere de una reconstrucción a partir de una rigurosa autocrítica en el ejercicio libre. Destacó la convicción de los senadores de construir una reforma que certifique la independencia del Poder Judicial y que el respeto y la garantía plena de los derechos humanos sea una realidad.
Expertos destacaron por su parte que en caso de ser aprobada representaría el cambio más importante de las últimas décadas en la forma de trabajar del Poder Judicial de la Federación, de ahí la responsabilidad de los legisladores para analizarla, discutirla y enriquecerla de ser necesario durante el proceso legislativo antes de su aprobación.
Reforma de gran calado
La mañana del miércoles 12 de febrero, en Palacio Nacional, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó la propuesta de reforma al Poder Judicial ante el presidente López Obrador.
Aseguró que se trata de una reforma funcional de gran calado que tiene entre sus principales ejes fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal para combatir el nepotismo, la corrupción y el acoso sexual en el Poder Judicial; contar con mejores jueces y establecer una escuela judicial para generar una auténtica carrera judicial.
Agregó que se busca la generación de un nuevo perfil de juez, para contar con juzgadores más cercanos a la gente, capacitados y más sensibles, así como establecer una auténtica escuela judicial en la que se formen todos los cuadros del Poder Judicial federal y con ello generar por primera vez una auténtica carrera judicial.
Zaldívar Lelo de Larrea expresó que se apuesta por avanzar como política pública, principio y regla en la paridad de género para que haya más y mejores mujeres en más y mejores cargos.
Además subrayó que se quiere establecer un nuevo perfil de defensores públicos que se constituyan en verdaderos abogados de los pobres quienes logren llevar la justicia a los rincones más alejados del país.
Sobre este último aspecto el presidente López Obrador manifestó que era lo que más le satisfacía ya que de esta manera la gente con mayor marginación tendrá protección y una defensa justa.
El mandatario destacó como aspectos centrales de la propuesta el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las defensorías de oficio y los defensores del pueblo para que haya abogados que defiendan a los débiles.
“Lo que más me satisface (es) que la gente más humilde, los desposeídos, los marginados, la población indígena, la gente más pobre, mujeres, niños, ancianos, la población vulnerable tenga protección, tenga defensa”, recalcó el titular del Ejecutivo federal.
Preservar autonomía e independencia
Ese día más tarde se realizó la presentación formal de la propuesta de reforma al Poder Judicial en el edificio central de la Suprema Corte, a la que acudieron los coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado, presidentes, secretarios e integrantes de las comisiones de Seguridad y Justicia que tendrán a su cargo la revisión y análisis de la propuesta, el Consejero Jurídico de la Presidencia y los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.
Ahí, en una reunión que fue calificada de histórica por ser la primera vez que legisladores federales acudían a la Suprema Corte para recibir una propuesta de reforma elaborada por el propio Poder Judicial de la Federación, el ministro Arturo Zaldívar expuso las principales modificaciones propuestas y que a decir del propio ministro presidente busca preservar la autonomía y la independencia del Poder Judicial.
Resaltó que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal no requieren una reforma estructural ya que la Constitución establece garantías que aseguran su autonomía e independencia, así como un sistema de distribución de funciones que ha permitido alcanzar un equilibrio institucional y una estabilidad no siempre fácil de conseguir.
“Los problemas de la justicia federal no están en el diseño institucional de sus órganos cúspide. Tan es así que con el marco jurídico vigente hemos logrado, en poco tiempo, cambios profundos que comienzan a ser visibles”, apuntó.
Y advirtió que de emprender ahora una reforma estructural a la Suprema Corte o al Consejo de la Judicatura Federal pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y lo debilitaría, en una coyuntura en que se requiere de una judicatura fuerte, independiente y legitimada.
Profesionalización con carrera judicial
Arturo Zaldívar explicó que se propone reformar la Constitución, la Ley de Amparo y la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, para reforzar a la Suprema Corte como tribunal constitucional con la finalidad de generar una doctrina constitucional y de derechos humanos que guíe la actuación de todo el Estado mexicano hacia el pleno respeto de todas y de todos.
También se busca revolucionar el sistema de jurisprudencia para dotar de mayor coherencia, uniformidad y fuerza a la doctrina constitucional de la Suprema Corte, por lo que se plantea que se avance hacia un sistema de precedentes en el que todas y cada una de sus sentencias tengan un impacto en la vida pública.
Por ello se propone que las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias, aprobadas por una mayoría calificada, sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales del país sin necesidad de reiteración.
De esta manera, añadió, todas las sentencias de la Corte serán relevantes y los justiciables podrán exigir que sean observadas por todos los tribunales.
Comentó que en la Ley de Amparo se transforma el concepto de tesis para que en ellas se expongan los hechos relevantes del caso, el criterio jurídico y los argumentos que justificaron la decisión, para que los operadores jurídicos y la ciudadanía puedan conocer cómo mediante las decisiones judiciales se va construyendo el Derecho.
También se propone reformar las reglas de procedencia de la controversia constitucional y del amparo directo en revisión para permitir que la Corte se enfoque en resolver solo aquellos asuntos que entrañen violaciones directas a la Constitución y los que revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
El ministro presidente refirió que con lo anterior se busca que la Corte resuelva los asuntos más complejos y los que tengan el potencial de transformar vidas.
Otro aspecto relevante de la reforma es la creación de Plenos Regionales como órganos permanentes del Poder Judicial, que serán los encargados de unificar los criterios de los tribunales colegiados de su región, lo que permitirá dar certeza jurídica y coherencia a la doctrina judicial a nivel federal y descargar de trabajo al tribunal constitucional.
El ministro presidente resaltó que no puede haber justicia sin jueces comprometidos con los derechos y sensibles a los problemas que enfrenta México, por lo que el núcleo de la reforma es la expedición de una Ley de Carrera Judicial en el Poder Judicial de la Federación, que por primera vez en la historia reglamenta un servicio profesional de carrera que garantice que solo personas honestas, capaces y comprometidas con los derechos impartan justicia.
Con ese propósito el Instituto de la Judicatura Federal se transformará en Escuela Federal de Formación Judicial como agente fundamental en el desarrollo de la carrera judicial, encargado de llevar a cabo concursos de oposición para todos los cargos de la función jurisdiccional.
Resaltó que la Escuela Judicial será una institución académica seria, moderna, de excelencia, en sintonía con los avances de la ciencia jurídica, con la misión de formar jueces con pensamiento crítico y con herramientas argumentativas sofisticadas que les permitan dar soluciones sencillas, claras y justas.
Y mediante convenios de colaboración con las entidades federativas la Escuela Judicial podrá capacitar a los impartidores de justicia en el ámbito local para que el nuevo perfil del juzgador llegue a todos los rincones del país.
Poder Judicial que sirva a los ciudadanos
De igual forma manifestó que no se puede hablar de una verdadera transformación de la justicia sin mejorar también la calidad de la defensoría pública ya que los defensores públicos son los abogados de los pobres y para que estos puedan tener justicia necesitan de una defensa técnica, sensible y de calidad.
Por lo que se prevé que sea también la Escuela Judicial la que capacite a los defensores públicos y que realice los concursos para el ingreso y promoción en la carrera del defensor público.
En la propuesta se prevé la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que permitirá combatir la corrupción y el nepotismo y que se establece como causa de responsabilidad el influir en el nombramiento de algún familiar en el Poder Judicial federal, y se prevé que queden sin efectos los nombramientos que se lleguen a otorgar en violación a esta prohibición.
De igual manera se eleva a rango de ley la política de adscripciones que ha permitido desarticular las redes familiares en los distintos circuitos judiciales.
En materia anticorrupción se reforma todo el procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar un proceso efectivo de investigación y sanción para los servidores públicos que cometan actos de corrupción.
Se le otorgan al Consejo de la Judicatura facultades para dictar medidas cautelares que eviten que actos de corrupción causen más daños, hasta en tanto se concluyen las investigaciones correspondientes.
Tras reconocer que una de las grandes deudas del Poder Judicial es con las mujeres, una de las mayores apuestas de esta reforma es alcanzar la paridad en todas las categorías, por lo que se establece que el Poder Judicial incorporará la perspectiva de género de forma transversal y progresiva a todas sus decisiones.
Y subrayó que en la ley se establece con claridad que el acoso, el hostigamiento y toda conducta de naturaleza sexual sin el consentimiento de la mujer constituyen faltas graves y serán sancionadas con energía.
Arturo Zaldívar afirmó que en la reforma se plasma la visión de un Poder Judicial que sirva mejor a la ciudadanía y contiene propuestas que parten de un ejercicio autocrítico y del convencimiento de que una mejor justicia no solo es deseable sino posible
Confió en que se aprobará una reforma judicial que genere en la realidad y no en el discurso una diferencia en la vida diaria de las personas que sufren abuso, atropellos y discriminación todos los días.
“Una justicia plena y completa que les devuelva la esperanza y la confianza de que en este país y en este momento los jueces y las juezas federales tendrán las herramientas, la sensibilidad y el arrojo para proteger sus derechos sin importar las consecuencias ni las circunstancias”, concluyó.
Cambios de vanguardia
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Miguel Carbonell asevera que de ser aprobada la propuesta de reforma del Poder Judicial dada a conocer supondría el cambio más importante de las últimas décadas en la forma en que trabaja el Poder Judicial de la Federación.
Resalta que se hace una apuesta por combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual, además de que se establecen como causales de responsabilidad administrativa la contratación de familiares o personas con quienes se tengan vínculos de concubinato o afectivos.
También destaca la transformación de la Defensoría Pública federal que se encarga de proporcionar abogados a quienes enfrentaban un proceso penal y no contaban con recursos económicos suficientes para contratar a un abogado particular.
Considera como una pieza estratégica de la reforma la creación de una nueva Escuela Judicial Federal que se encargará de la formación y actualización del personal que imparte la justicia federal, así como de los concursos por medio de los cuales son nombrados jueces y magistrados.
Carbonell asegura que si se llega a aprobar la propuesta se estará ante cambios que pondrán al día y a la vanguardia al Poder Judicial de la Federación, y manifestó su confianza en que el Senado pueda procesarla de manera rápida.
Reforma positiva
Por su parte los profesores de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes, y el investigador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Juan Jesús Garza Onofre, reconocen varios aspectos positivos de la propuesta de reforma.
Resaltan la consolidación de un sistema de precedentes en la jurisprudencia ya que recuerdan que hoy se requieren al menos cinco sentencias resueltas en el mismo sentido para que un criterio de la Corte sea obligatorio para todos los poderes judiciales, lo que en su consideración es anacrónico e ineficiente.
También ven positivo el fortalecimiento de la carrera judicial ya que la profesionalización de la función jurisdiccional favorece el sistema de justicia puesto que apuesta por el mérito y la equidad.
Respecto del mejoramiento de la defensoría pública resaltan que es uno de los principales aciertos de la reforma ya que al mejorar este servicio se busca destacar la labor de los abogados como los agentes primarios en el accionar del sistema.
De manera general consideran que el balance de la propuesta de reforma es positivo aunque recomiendan esperar a ver cuáles serán los cambios que sufrirá la propuesta en el Senado y con ello saber realmente cuáles serán los verdaderos alcances que tenga la reforma al Poder Judicial de la Federación.