Guadalajara, 19 Febrero.- Con el objetivo de disminuir el mercado de los teléfonos robados y desincentivar el robo de equipos a mano armada, se presentará en la sesión de cabildo de Guadalajara de este viernes, una iniciativa para prohibir su venta en tianguis y otros negocios.
La propuesta contempla además el castigo a los establecimientos comerciales que no comprueben la procedencia legal de los aparatos telefónicos usados.
El promotor de la iniciativa, Luis Cisneros, regidor tapatío de Movimiento Ciudadano, explicó en conferencia que la propuesta es modificar el Reglamento para el funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios en Guadalajara.
El reglamento también incluye a establecimientos de compra-venta de teléfonos celulares, para que exhiban facturas o documentación que ampare la procedencia de los equipos.
“En caso de no contar con la documentación y facturas de los equipos se procederá con la clausura y la revocación de la licencia municipal a partir de la modificación al reglamento”, advirtió.
Además, se prohibirá la venta en tianguis y espacios abiertos de la ciudad y en su caso se sancionará con el decomiso de los equipos cuya propiedad no pueda acreditarse, explicó el regidor.
De acuerdo con información del Ayuntamiento de Guadalajara, desde enero de 2019 a la primera quincena de 2020, en el centro histórico se han realizado 54 detenciones por robo de teléfonos y 205 personas han sido detenidas en otras partes de la ciudad por el mismo delito.
De acuerdo con Luis Cisneros las estadísticas indican que la mitad de los asaltos a mano armada son para robar teléfonos celulares y la propuesta de sancionar a comercios que vendan aparatos usados, busca reducir el mercado para los delincuentes. Agregó que 60 “motoladrones” que operaban en el primer cuadro de la ciudad también han sido detenidos.
“Una vez que sea aprobada la iniciativa, el Ayuntamiento de Guadalajara deberá realizar operativos a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia y la Comisaría de Seguridad municipal, para vigilar que se cumpla con el reglamento.
La iniciativa que se busca aplicar en la capital jalisciense, pretende complementar una iniciativa que permanece en el Congreso del Estado, que plantea reformar el Código Pela de Jalisco para tipificar el robo y venta de celulares y aplicar penas de 4 a 8 años de prisión.
La propuesta es del diputado Francisco Javier Romo Mendoza, que espera discusión de su proyecto de reforma en marzo, a pesar de haberla presentado hace ocho meses.