El pasado miércoles 26 de este mes se llevó a cabo en la Cámara de Diputados un muy interesante foro que se llamó Seguridad nacional de México en el umbral del siglo XXI.
Convocado por la Comisión de Defensa Nacional, que preside el diputado y general de División Benito Medina Herrera, contó con la destacada participación de analistas, empresarios, comunicadores y académicos.
Rebasando las expectativas en cuanto a asistencia se tuvo que cambiar la sede de último momento, dentro del mismo recinto de San Lázaro, a un auditorio con capacidad para 400 personas.
Entre otros participaron Emilio Vizarretea, Juan Ibarrola, Gerardo Rodríguez, Juan Velázquez, Federico Ponce, Ana María Salazar, Leonardo Curzio, Abelardo Rodríguez y Julio Millán.
Las Fuerzas Armadas estuvieron representadas por los directores del Colegio de Defensa Nacional, general de Brigada Armando Gómez Mendoza, y del Centro de Estudios Superiores Navales, vicealmirante Raymundo Pedro Morales.
Cada una de las seis mesas fue moderada por la diputada Guillermina Alvarado y los diputados Fernando Torres, Armando Zertuche, Fernando de las Fuentes, Ricardo Flores y el almirante Juan Ortiz. La clausura corrió a cargo del presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado.
Entre otros temas se abordaron las aproximaciones al concepto de seguridad nacional, las relaciones y diferencias entre esta y la seguridad interior, las especificaciones jurídicas, así como el marco normativo de las dimensiones de la seguridad, los antagonismos que enfrenta nuestro país y, por supuesto, los escenarios por venir.
Conclusiones
Dentro de las conclusiones que puedo apuntar destacan tres que sin duda van a merecer múltiples y polémicas referencias en los siguientes meses, dada la gravedad por la que pasa México en cuanto a la seguridad pública.
La primera conclusión es la notable insuficiencia legal y estructural que se observa en el país en cuanto a los recursos conceptuales y jurídicos para el mejor tratamiento de la seguridad nacional. Más aún cuando en un amplio segmento de la opinión pública tiende a confundirse o peor aún a utilizarse como sinónimo de seguridad pública. Es muy importante subrayar que partir de una mala o inapropiada aproximación de un concepto, y así llevada a la norma, conduce a un diseño limitado e insuficiente para el tratamiento del problema en cuestión.
La segunda conclusión, y derivada de la anterior, es la impostergable necesidad de contar con una Ley de Seguridad Nacional actualizada, no solo por la desaparición y rediseño de lo que hoy es el Centro Nacional de Inteligencia sino porque de por medio también está la participación de las Fuerzas Armadas en tareas estratégicas para el mantenimiento de la paz y el desarrollo de México. Es claro que la seguridad nacional, como instrumento y recurso legal, establece las prioridades y antagonismos a atender para garantizar etapas superiores en cuanto a la conquista de los grandes objetivos nacionales.
En tercer y último lugar, pero no por ello menos importante, está el hecho de que en la medida en que se especifique con claridad lo que es y lo que no es seguridad nacional se podrán establecer las providencias correspondientes para atender una situación determinada, pero sobre todo preverla. Para ello el recurso fundamental es la recuperación y análisis de la información, que se resume en una sola palabra: inteligencia.
Esperemos que la agenda legislativa tenga la disposición y sensibilidad política para atender la exigencia de la nueva Ley de Seguridad Nacional.