Por Claudia Ivett García
Estado de bienestar es un concepto de la ciencia política y económica según el cual el Estado provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales. Es un tipo de pacto social en el que se estableció un reparto más equitativo de los beneficios y de la riqueza entre toda la población con el objetivo de evitar el malestar social que llevó a las sociedades europeas a la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo los orígenes del Estado de bienestar pueden remontarse a la antigua Grecia. Eudaimonía es un término griego comúnmente traducido como “florecimiento humano” o “prosperidad”.
En las obras de Aristóteles la eudaimonía designa el mayor bienestar humano.
¿Y cuál es la relación de la eudaimonía y las aspiraciones de la 4T? Resulta que una bandera importante de la Cuarta Transformación es precisamente el bienestar social y su consolidación jurídica en la legislación mexicana requirió recientemente una reforma constitucional que avanza favorablemente.
Este tema ya está siendo calificado como uno de los más relevantes de este periodo ordinario de sesiones. Y me refiero a la reforma del artículo cuarto constitucional.
En el Senado de la República, con 91 votos a favor, se aprobó esta reforma constitucional apoyada por Morena y sus fuerzas aliadas.
¿Cuál es el verdadero impacto de esta reforma?
Se estarían elevando a rango constitucional los programas de bienestar social. Esto quiere decir que programas como la pensión de adultos mayores, becas educativas, coberturas de salud, los apoyos para personas con discapacidad, apoyos a madres solteras y Jóvenes construyendo el futuro, por mencionar algunos ejemplos, serían un derecho social garantizado en nuestra Carta Magna.
Garantías
No es lo mismo un programa social que un derecho social. Entendamos las diferencias. Un programa social se puede extinguir con el cambio de administración; un derecho social ya no podrá ser cancelado, porque se convierte en una obligación del Estado.
Un programa social puede ser sustituido; un derecho social es insustituible y es exigible por la ciudadanía.
Y muy importante: un programa social puede no tener presupuesto pero un derecho social tiene el presupuesto garantizado, al menos en teoría.
Recordemos que esta política pública impulsada por Morena desde tiempos de campañas electorales en 2018 ya existe en la actualidad: ahora lo que se está haciendo es convertir esta política pública en ley constitucional.
Para modificar la Constitución se requiere de mayoría calificada y esto ya se logró.
Ahora el procedimiento legislativo requiere que al menos 17 Congresos estatales le den su aval a esta reforma para que pueda ser promulgada.
Ante lo sucedido por el COVID-19 algunos Congresos locales ya suspendieron las sesiones para evitar la propagación de contagios, por lo que estaremos pendientes para dar seguimiento a la posible reactivación de actividades.
Ya veremos si se dan las condiciones para que este tema siga avanzando. Recordemos que esta es una importante bandera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y significaría la consolidación legal de temas icónicos como la pensión de adultos mayores, que el ahora mandatario ha impulsado por más de dos décadas.