A finales de este año inician los trabajos del proceso electoral federal y 32 procesos locales 2020-2021, con lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos se adueñan del tiempo de transmisión de las estaciones de radio y canales de televisión y en consecuencia del tiempo de las audiencias, condenadas a soportar más de 60 millones de spots.
Sin embargo el presidente Andrés Manuel López Obrador da un importante paso, de manera congruente con su política de “devolver al pueblo lo robado”: el viernes anunció la firma de un decreto para devolver a la industria de la radio y la televisión los “tiempos fiscales” o “tiempos oficiales” del Poder Ejecutivo, es decir, el tiempo de transmisión que les fue arrebatado en 1968, por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, a lo que luego se sumó el robo de tiempos oficiales con la aprobación de la reforma electoral de 2007, impulsada por el presidente Felipe Calderón.
Con esa indebida apropiación de tiempos en 2007, auspiciado por el cuestionado gobierno calderonista, INE y partidos provocan un daño económico considerable a los miles de trabajadores de la industria y a los concesionarios, además de ataques a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Así, el presidente hace honor a su palabra de devolver dichos “tiempos” que le fueron arrebatados a la industria de la radio y la televisión por uno de los regímenes más autoritarios de México: el de Gustavo Díaz Ordaz, presidente enemigo de la libertad de expresión y represor de la prensa y los movimientos críticos a su gobierno.
Pero sobre todo el jefe del Ejecutivo toma la decisión en el marco de la severa crisis económica y laboral que afecta a todos los sectores productivos, reconociendo además la valiosa labor que los medios de comunicación realizan en medio de la pandemia de coronavirus.
Es por ello que los trabajadores —y sus familias— de la industria reconocen el gesto y al mismo tiempo reprochan que ni el INE ni los partidos tomen el ejemplo de solidarizarse con la sociedad en estos difíciles momentos que vive el país.
Devolver lo robado
La crisis económica que genera la pandemia de COVID-19 demanda acciones solidarias por parte de los gobiernos para con la sociedad y las empresas pequeñas o grandes ya que de ellas dependen el ingreso de millones de trabajadores y de sus familias.
En este sentido el viernes el presidente López Obrador anunció su decisión de “devolver los tiempos oficiales a estaciones de radio y canales de televisión”, porque el suyo es “un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo” y no requiere de dichos tiempos.
Señaló que la decisión se da tras el análisis de la propuesta que realizaron los propios empresarios, pero sobre todo “porque esta medida permitirá la comercialización de los espacios cuando la industria atraviesa por un mal momento”.
Como bien recordamos durante los trabajos de la 60 Semana Nacional de Radio y Televisión, en noviembre pasado, el presidente reconoció a los medios como pilares de la libertad de expresión y les ofreció garantías plenas para la libre manifestación de ideas.
Asimismo el jefe del Ejecutivo hizo un compromiso con los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT): reducir los tiempos oficiales del Estado, es decir, el “impuesto en especie” que el “gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz” aplicó a los medios electrónicos de comunicación en aquel entonces y que ha dado pie a otros “abusos del poder” hacia los medios, como lo es la obligación de transmitir cientos de miles de spots (60 millones en 2018) durante los procesos electorales.
El primer mandatario dijo entonces: “Desde hace algún tiempo traigo (en mente) lo de los tiempos oficiales; lo traigo como un tema a atender. Imagínense lo que representa para mí que el decreto que dio origen a estos tiempos se impuso en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, uno de los más autoritarios, quien utilizó la fuerza y la violencia para reprimir a jóvenes, a estudiantes, en aquel 1968”.
Por lo mismo, puntualizó, “quiero informarles que voy a analizar lo de los tiempos oficiales, que es un impuesto a la radio y a la televisión”.
Refirió que llegó a la conclusión de que se debía analizar la conveniencia de que actualmente persistan los tiempos oficiales, a partir de tres razonamientos: “Primero, la importancia que tienen la radio y la televisión para garantizar el derecho del pueblo a la información”.
Segundo, “un gobierno democrático no necesita de muchos tiempos oficiales. ¿Para qué tanto? El principal cambio de los últimos tiempos es el cambio de mentalidad de nuestro pueblo: es una sociedad distinta. En un régimen autoritario, antidemocrático, pues se necesita la propaganda para afianzar al gobierno. Cuando hay un pueblo consciente como el que afortunadamente se tiene en nuestro país, cambia todo: la gente está muy despierta y no es fácil manipularla”.
Entonces, aseveró, “no hace falta tanta propaganda, tanto acaparamiento por parte del gobierno de los espacios de comunicación”.
Y la tercera razón “es que yo tengo manera de comunicarme con los ciudadanos: lo hago todos los días, casi dos horas en las ruedas de prensa o diálogos circulares. No me hace falta que haya demasiado tiempo oficial: ahí tengo oportunidad de estarme comunicando con los ciudadanos”.
Por eso, dijo, “hago el compromiso con ustedes de analizar esta propuesta de reducir la contribución, el impuesto, los llamados tiempos oficiales. Y les voy a dar una respuesta pronto sobre este asunto; además ni siquiera se requiere de una reforma legal, es un decreto y yo tengo yo esa facultad”.
¡Y cumplió!
Carga tributaria
En aquel encuentro con el mandatario López Obrador, José Luis Rodríguez Aguirre, presidente del Consejo Consultivo de la CIRT, recordó que en la Constitución se define a la radiodifusión como “un servicio público gratuito al que el Estado debe garantizar sea prestado con calidad en beneficio del pueblo de México”.
Sin embargo, aseguró, ello no sucede porque “en definitiva contamos con un piso absolutamente disparejo con respecto de cualquier otro sector empresarial, como otras concesiones o las empresas extranjeras distribuidoras de contenido, denominadas OTT, y empresas del mismo sector en otros países”.
Explicó que la carga tributaria y regulatoria que ha sido impuesta a los empresarios de los medios de comunicación electrónicos no tiene precedente: “Estas OTT en contenidos y publicidad transmiten lo que quieren, cuando quieren y como quieren, sin ningún tipo de restricción; y a nosotros, estando ahí cautivos, nos sobrerregulan y sobretributan fuera de todo parámetro; y eso que nosotros somos un servicio totalmente gratuito y que los otros cobran por usuario”.
Entonces, expresó, “la ecuación no da”. Y puso un ejemplo de las desventajas para los medios de comunicación electrónicos: “La radiodifusión en México es la única industria concesionada que tiene que pagar una gigantesca contraprestación a 20 años de un solo golpe y porrazo, en una sola exhibición, misma que para otras concesiones en nuestro país y cualquier otro lugar del mundo es mucho menor y se paga año con año”.
Además, comentó, los integrantes de la CIRT tienen cargas tributarias: “Nosotros debemos pagar nuestro Impuesto Sobre la Renta, así que pagamos hasta tres veces por el aprovechamiento del espectro, lo cual a nuestro modo de ver está fuera de toda lógica y fuera de toda legalidad”. En consecuencia cuestionó: “¿Quién paga por un mismo bien más de una vez?”
También recordó el origen autoritario de los tiempos oficiales: “Lo que sí de plano es que contamos con un tributo que nos fue impuesto por un abuso de poder y pasando por encima de lo que expresamente marca la Constitución. Ese tributo, denominado ‘el decreto mordaza’, fue impuesto por el gobierno del presidente Díaz Ordaz; y no en contra de los derechos de la radio y la televisión sino del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información del pueblo de México”.
Han transcurrido más de 50 años de aquel atropello histórico sin precedente en ningún lugar del mundo, de un impuesto que solo paga la industria de la radio y televisión, y que se creó con la intención de restringir la libertad de expresión.
Por ello Rodríguez Aguirre precisó que fue una especie de castigo a los medios por la cobertura que dieron a las movilizaciones de los estudiantes, así como a los actos represivos del gobierno: “Este nació a partir de la cobertura que dieron la radio y la televisión a los lamentables y trágicos sucesos de 1968. Una penosa transgresión a la ley”.
De hecho en ningún país del mundo existen los tiempos oficiales a disposición del Estado, que colocan a la industria de la radio y televisión mexicanas en una situación de desventaja que impiden el desarrollo eficiente de este importante sector al grado de poner en riesgo su viabilidad.
Esta sobretributación a la industria de radio y televisión no paró ahí: después Felipe Calderón, en su revancha contra los medios, la convirtió en ley en 2007, condenando a los medios y mexicanos a tener una avalancha de información de partidos sin precedente en el mundo.
Solo por dar un dato, en el último proceso electoral, efectuado del 14 de diciembre de 2017 al 1 de julio de 2018, la radio y la televisión transmitieron 59 millones 731 mil 200 promocionales, de lunes a domingo, bajo una nueva modalidad que administra el Instituto Nacional Electoral.
Y qué decir de los partidos políticos, que gozan hoy un acceso gratuito a los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión, lo que supondría un ahorro para el erario. Nada más falso: hoy sus prerrogativas siguen en aumento y tan solo este año el monto aprobado para el INE y partidos políticos ascendió a once mil 421 millones 793 mil 365 pesos, convirtiendo a la mexicana en la democracia más cara del mundo.
Así, luego de su exposición el presidente del Consejo Consultivo de la CIRT formuló en aquel encuentro con el jefe del Ejecutivo el tema de los tiempos oficiales y el primer mandatario hoy responde con una decisión firme, congruente con su política y, sobre todo, solidaria con la industria y sus trabajadores.
Tiempos fiscales
Para entender mejor el tema de los tiempos oficiales es necesario saber que estos se conforman por el tiempo fiscal y los tiempos del Estado.
El primero es el impuesto que pueden pagar en especie las empresas (estaciones de radio y emisoras de televisión) que poseen concesiones para el uso de bienes de la nación (espectro radioeléctrico) y declaradas expresamente de interés público.
El decreto que autoriza el cobro de este impuesto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, entró en vigor el 1 de enero de 1969 y equivalía a 12.5% de tiempo de transmisión en radio y televisión.
Este mismo porcentaje se redujo a 1.25% en 2002, quedando en 18 minutos diarios. A su vez los tiempos del Estado quedaron establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: se trata de 30 minutos continuos o discontinuos gratuitos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social; eran administrados por la Secretaría de Gobernación.
De esta manera los tiempos oficiales son la suma de los 18 minutos (diarios) de tiempo fiscal y los 30 minutos (diarios) de tiempos del Estado.
Ahora bien, el decreto anunciado por el presidente López Obrador se refiere concretamente a los tiempos fiscales, es decir, los 18 minutos diarios, de los cuales 40% corresponde al Poder Ejecutivo, 30% al Poder Legislativo, 10% al Poder Judicial y 20% a los organismos autónomos.
Hasta el cierre de esta edición ninguno de los otros dos poderes ni alguno de los organismos autónomos se pronunció en el mismo sentido de devolver a la industria de la radio y la televisión y sus miles de trabajadores los tiempos que ostentan gracias a Gustavo Díaz Ordaz, y con ello solidarizarse con los trabajadores e inversionistas de esta industria en estos tiempos de crisis económica.
Para los aún beneficiarios de los tiempos fiscales pareciera que los trabajadores de la industria y sus familias no tienen gran importancia, ni siquiera en tiempos de crisis económica.
Por otro lado, la Presidencia de la República aclaró que los tiempos del Estado, establecidos en la Constitución y que son para beneficio exclusivo del INE y los partidos, se mantendrán como están.
Y esta es otra historia de abuso de poder…
La multiplicación del abuso
En 2007 los partidos políticos modificaron la Constitución e inventaron leyes y reglamentos para, entre otras cosas, apropiarse de los tiempos oficiales (tiempos del Estado) en los medios electrónicos, particularmente de los espacios de mayor audiencia (entre las seis de la tarde y las doce de la noche), mismos que fueron construyéndose durante años por la industria de la radio y la televisión a través de la inversión de cuantiosos recursos para producir programas de entretenimiento, telenovelas y noticieros.
El caso es que mientras en las elecciones de 2006 los partidos transmitieron apenas 704 mil spots cuando tenían que pagar por ellos, una vez que los spots fueron gratuitos se multiplicaron exponencialmente: por ejemplo, en 2018 los partidos y las autoridades electorales transmitieron casi 60 millones de spots en tres mil 111 estaciones de radio y emisoras de televisión en el país.
Y conforme aumente el número de radiodifusoras y canales de televisión se incrementará el número de spots: de 43.7 millones en 2012 (ya con la reforma electoral aprobada y los spots gratuitos) pasó a 59.7 millones en el proceso del año antepasado.
Los responsables de hacer que se cumplan las transmisiones y de multar a los concesionarios en caso de alguna omisión (muchas de ellas provocadas por los errores e ignorancia de los partidos en cuanto a los aspectos técnicos de transmisión o bien por los criterios autoritarios y represores de funcionarios del INE) son los consejeros electorales, varios de los cuales terminan trabajando para algún partido político o gobierno.
Dimensión del robo
Al haberse apropiado de los tiempos oficiales en medios electrónicos los partidos se adjudicaron una prerrogativa en especie —“costo de oportunidad” le denominan los expertos— que en el proceso electoral federal y 30 concurrentes de 2018 representaron recursos del orden de los cinco billones de pesos.
Para llegar a dicha cifra Vértigo consultó el directorio de Medios Audiovisuales editado por Medios Publicitarios Mexicanos SA de CV (edición de 2018) el cual contiene las tarifas que las televisoras y radiodifusoras del país cobran por sus espacios en sus diferentes horarios y/o programas.
Se hizo un promedio de costos de canales de televisión por un mensaje de 30 segundos (tiempo de duración de los spots de los partidos). Asimismo se consideró que en el horario de mayor audiencia (Prime time) se establece la tarifa más alta y en el de menor audiencia está la tarifa más baja, que puede ser incluso diez veces menor en precio en el mismo canal.
Igual se hizo con las estaciones de radio, es decir, se promediaron pequeñas radiodifusoras del interior de la República y cadenas más grandes.
En cada apartado —radio y televisión— se multiplicaron los promedios de costos por el número de spots transmitidos.
El resultado: más de cinco billones de pesos.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias apunta en una de sus publicaciones: “Los partidos políticos disponen hoy de mayores prerrogativas que antes: a los recursos líquidos que reciben del Instituto Nacional Electoral debe sumarse el valor de mercado de los spots que reciben de forma gratuita. Los spots no representan una erogación presupuestal directa, pero implican un costo de oportunidad y tienen un valor económico”.
A su vez la organización México Evalúa refiere: “Sean contabilizados o no, los tiempos de radio y televisión tienen un costo de oportunidad o valor intrínseco. Al utilizar este tiempo para las campañas electorales se deja de utilizar para otros fines importantes de la sociedad, como la promoción de campañas de vacunación o actividades similares”.
Desde 2007 la sociedad y los expertos en la materia han demandado una nueva reforma electoral que modifique la Constitución para que los partidos políticos dejen de contar con spots gratuitos en radio y televisión y a su vez se les permita, de nuevo, adquirir espacios en dichos medios para difundir sus propuestas.
Por ejemplo, el ex diputado federal José Sandoval Rodríguez, entre otros legisladores y expertos en la materia, propuso que el acceso a radio y televisión por parte de partidos políticos y candidatos sea “libre y se solvente con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, con la estricta vigilancia de las autoridades electorales”.
Compromiso cumplido
La crisis que provoca la pandemia ha dañado cada sector productivo del país, desde los más modestos negocios hasta las grandes empresas. Y en todos los casos se repite la misma constante: gente sin empleo ni ingresos suficientes.
El presidente López Obrador, entre otras acciones, tomó una gran decisión y cumplió con su compromiso de hace unos meses: devolver a la radio y la televisión los tiempos fiscales que corresponden al Ejecutivo federal para que la industria pueda comercializarlos y con ello aminorar la crisis y estar en condiciones de proteger las fuentes de empleo.
Falta ver si los poderes Judicial y Legislativo, así como los órganos autónomos, siguen el ejemplo y devuelven los tiempos fiscales de que hoy gozan gracias al represor Díaz Ordaz.
Pero sobre todo falta ver si hay voluntad para que en los meses venideros, de recuperación económica y de empleos, los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral renuncian a los tiempos oficiales robados a la industria con la aprobación de la reforma de 2007, misma que fue avalada por el presidente Felipe Calderón, quien pretendía con ella recuperar una credibilidad que al final nunca tuvo en su sexenio.
Por lo pronto regresa el reclamo añejo a los partidos y el INE de reducir su cuantioso gasto que para 2020, sin elecciones federales, será de 16 mil millones y medio de pesos, cantidad que aumentará para 2021 y ello sin contar la billonaria cifra que reciben de los tiempos robados a la radio y la televisión.