México, 8 de abril de 2020.- Ante la crisis extraordinaria que enfrenta el mundo por la pandemia de Covid-19 que está teniendo un fuerte impacto socio-económico que nos afectan como sociedad y como individuos, nuestro país requiere de un plan integral emergente, conducido por el gobierno mexicano bajo el liderazgo del presidente de la República, que asegure el bienestar presente y futuro de las niñas, niños y sus familias, afirma Save the Children en México.
El plan de reactivación económica presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de marzo, y las propuestas para hacer frente al incremento de la violencia intrafamiliar, deben profundizarse para que sean pertinentes a un país donde más de 52 millones de personas viven en pobreza, en el que alrededor de 72 millones no cuentan con acceso a protección social, y donde a los ya altos índices de violencia que se viven cotidianamente, se suma un incremento en la violencia intrafamiliar a raíz de las medidas de confinamiento, que afecta centralmente a niñas, niños y mujeres. Estas situaciones de violencia, además, se pueden exacerbar tanto en el hogar como en el espacio público ante la inminente crisis económica, agrega.
El organismo expresa que se requiere un gobierno con liderazgo y comprometido con las personas, y las niñas y los niños, que sea capaz de hacer funcionar de forma adecuada la institucionalidad democrática, para desplegar un plan integral emergente, conducido por el gobierno federal, y en el que es necesario el involucramiento activo de todos los niveles y poderes de gobierno, así como del sector privado y el social.
Save the Children expone una serie de medidas para favorecer la reactivación de la economía, prevenir el incremento de los fenómenos violentos, y con ello proteger los derechos de las niñas, niños y sus familias, respondiendo a la obligación ética y jurídica del Estado mexicano de garantizar el interés superior de la niñez mandatado en el Artículo 4 Constitucional.
Para efectos económicos y sociales, exhorta a:
- Asegurar un ingreso básico para las personas que trabajan en el sector informal, para quienes han perdido o han visto reducciones en sus ingresos a partir de la pandemia, y en general para todas las personas que hoy no tienen acceso a programas de protección social.
- Establecer estímulos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas con la finalidad de que puedan soportar la disminución temporal de sus ingresos y con ello mantener los empleos que ya generan.
- Con las grandes empresas es necesario mantener una colaboración corresponsable para tomar las medidas que sean necesarias para proteger por sobre todo a las y los trabajadores y sus ingresos económicos.
Recomendaciones como estas han sido también planteadas por organismos como la CEPAL con el fin de hacer frente a los fuertes impactos económicos negativos que se estiman para la región, ya que, de no implementarse las políticas públicas adecuadas, 35 millones de personas en América Latina entrarían en situación de pobreza.
El vínculo con el estrés por las medidas de confinamiento y la crisis económica, deriva en un incremento de la violencia intrafamiliar que resulta alarmante, por lo que se requieren medidas claras y eficientes para prevenirla y atenderla. Exhorta al Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a coordinar esfuerzos para:
- Implementar una estrategia de comunicación dirigida específicamente a niñas y niños sobre cómo prevenir y detectar factores de riesgo y los diversos tipos de violencia; así como sobre mecanismos de denuncia y su uso responsable.
- Difundir herramientas que permitan a madres, padres y otros cuidadores llevar una crianza con ternura hacia sus hijas e hijos; y establecer medidas de acompañamiento y orientación para atender la salud mental de padres, madres y cuidadores, y de las propias niñas y niños.
- Fortalecer los mecanismos de identificación de situaciones de violencia intrafamiliar, de denuncia, y canalización de casos, para asegurar que niñas, niños y mujeres expuestas a violencia, reciban atención y protección en unidades especializadas, y tengan acceso inmediato a la restitución de sus derechos.
Las estrategias implementadas tienen que ser pertinentes y llegar a todas las niñas, niños y sus familias, reconociendo la diversidad social existente en México, así como las vulnerabilidades y exclusiones históricas que enfrentan niñas y niños con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, sin cuidados familiares.
La salud, el bienestar y el aprendizaje de los más de 40 millones de niñas y niños de México, hoy se están viendo afectados por esta crisis sanitaria, económica y social; para quienes ya vivían en situación de vulnerabilidad, el contexto se complica aún más y el ejercicio de sus derechos está en mayor riesgo. Además, está crisis trae consigo nuevos peligros y desafíos para las niñas y niños que pertenecen a grupos sociales que hasta antes de esta pandemia vivían en mejores condiciones socio-económicas.
Es obligación del Gobierno mexicano garantizar los derechos de la niñez. Además, la oportunidad para el país, en este caso, radica en que el gasto en la niñez es en realidad una inversión porque tiene efectos casi inmediatos en la reactivación económica, en la prevención de fenómenos destructivos de la sociedad y en la construcción de desarrollo sostenible.
Save the Children convoca al liderazgo y compromiso del presidente de la República, y la corresponsabilidad de los Poderes Legislativo y Judicial, Gobernadores y Gobernadoras, y Cámaras Empresariales, para desplegar un plan integral emergente con los recursos necesarios para asegurar que niñas, niños y adolescentes tengan un presente y un futuro digno y libre.