Como ningún otro gobierno el de López Obrador ha hecho un esfuerzo de profundidad y urgencia para dotar a la República de una muy completa estructura institucional de seguridad pero la delincuencia no cede sino que, por el contrario, sigue aumentando.
Los recientes acontecimientos de violencia delincuencial en la Ciudad de México, como capital de la República, tienden a lastimar los estados de ánimo. Una cosa era que la delincuencia operara en Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y demás plazas, y otra que invada los espacios de las clases acomodadas medias altas y altas de la CDMX.
Las razones del aumento de la delincuencia e inseguridad podrían ser, entre otras, las siguientes:
El personal de seguridad no ha sido capacitado de manera total.
El gobierno federal no quiere que las policías afecten derechos humanos.
Las policías militares y navales necesitan de un periodo de capacitación en los valores civiles de la convivencia.
La estructura de seguridad es una parte de las políticas de seguridad.
Las oficinas de inteligencia no funcionan o sencillamente son inexistentes. Las oficinas de inteligencia son clave y determinantes para prever incidentes.
Los delitos que se contabilizan son de fuero común, 95% de los totales, y le corresponden al fuero común, es decir, a las policías estatales y municipales.
El programa de reorganización de policías estatales y municipales llegó después de la nueva estructura de seguridad y enfrentó el rechazo o la falta de colaboración de gobernadores y alcaldes. Esas policías locales estaban al servicio de los funcionarios y sus aliados y no de la seguridad.
La falta de coordinación entre la Guardia Nacional federal y las policías estatales y municipales toca intereses locales. Para hacer eficaz el programa de policías locales la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal necesita meter al orden a gobernadores y alcaldes.
Al programa de seguridad le falta un programa general y nacional de comunicación social para su conocimiento en la sociedad escéptica.
Un programa y una estructura especial para combatir a la delincuencia al menudeo que ha ido ocupando los vacíos de seguridad pública.
Decisiones
A lo anterior se agregan dos puntos que fueron planteados en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente —no en el PND de Hacienda— y que deben analizarse por separado:
La decisión gubernamental de disminuir la ofensiva contra cárteles y bandas, a la espera de que los delincuentes acepten la rendición, entreguen sus armas, prometan no reincidir y soliciten el perdón de las víctimas.
La anunciada conferencia de paz con invitados internacionales para analizar el modelo mexicano de amnistía formal, moral y política a los delincuentes.
Al final de cuentas los resultados de las decisiones oficiales no se miden por el volumen ni el nivel de las promesas sino por la parte que recoge los estados de ánimo de la sociedad —llamadas percepciones en estadísticas oficiales—: el pánico social multiplicado por los medios y los miedos al salir a las calles.