Lo que se discute y la intensidad con que se hace representa sin duda uno de los pasajes de la democracia contemporánea de México que con el paso de los años será un referente sobre lo que implica la responsabilidad de los principales actores del momento respecto de la visión y concepción de lo qué es y para qué sirve el Estado.
Asistimos a situaciones paradójicas que van de un sustancioso debate parlamentario a las prácticas más peligrosas del oportunismo que caracteriza ambiciones y temores de personas que con poder ponen de manifiesto la pobreza humana y política.
Sin embargo, el principal y fundamental ámbito de debate y sus posibles afectaciones es la concurrencia decisiva de las funciones, misiones y mística de las Fuerzas Armadas y ahora también de la Guardia Nacional (GN). Estas son mucho más que la serie de consideraciones electorales, sucesorias, partidistas y parlamentarias.
Ahí tenemos por ejemplo la primitiva técnica distractora de tres diputados del PRI para intentar prohibir, en la mejor tradición dictatorial respecto del absurdo tutelaje sobre los gustos y preferencias de segmentos sociales, al proponer prohibir en todo el país las corridas, como si desde sus desprestigiados escritorios se pudiera señalar lo que es correcto, aceptable y no, para un amplio sector de la sociedad a lo largo y ancho del país. De ese tamaño es su limitada visión.
Por eso es de llamar la atención la manera en que sin escrúpulo alguno, en un intercambio penal/legislativo, los residuos de lo que fuera el partido hegemónico a lo largo de casi 60 años —considerando que el PRI se crea como tal en 1946— vislumbran con languidez su inexorable extinción como fuerza política con proyecto propio, base electoral y, por lo tanto, factor de poder a considerar en negociaciones, acuerdos y pactos de alta política.
Suma y resta
En efecto, tomar como elemento o recurso de intercambio de posiciones de interés personales lo que significan las Fuerzas Armadas y la GN en el diseño de la seguridad nacional e interior de México propició en la semana que concluye su decisiva fractura entre sus bancadas en la Cámara de Diputados y la de Senadores.
El debate mediático se centra en las condiciones y requerimientos del proceso legislativo, sobre todo en la votación en el pleno del Senado de la República respecto de la modificación del artículo 5 transitorio de las reformas a la Constitución que dieron paso a la creación de la GN. Como recordaremos, esta aún nueva institución surgió con un inusitado y casi unánime apoyo parlamentario, político y pluripartidista.
De marzo de 2019 a la fecha su gradual consolidación con el sustancial apoyo de las secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina-Armada de México, junto con las aportaciones de la hoy extinta Policía Federal, en un muy corto plazo colocó a la política de seguridad pública del presidente Andrés Manuel López Obrador en la ruta apropiada para recuperar la aplicación y vigencia del Estado de Derecho en todo el país.
La discusión, no estoy seguro en denominarle polémica (donde prevalecen los intereses superiores de la Nación y por lo tanto se esgrimen argumentos fundados y adecuadamente articulados), no ha concluido: en los siguientes días seremos testigos de la suma y resta de votos en el Senado para que la iniciativa remitida por la colegisladora sea aprobada.
Teniendo en cuenta los efectos sobre las elecciones en 2023 en los Estados México y Coahuila, así como la continuidad o no de la dirigencia nacional del PRI en los cargos, ese contexto inmediato y de apetencias de corto plazo de ninguna forma puede condicionar el futuro del país.