46 personas que hace dos años habrían muerto hoy amanecen vivas. Esa es la traducción humana de la cifra que Omar García Harfuch presentó ante la Cámara de Diputados el 8 de octubre: el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9% en septiembre de 2024 a 40.8% en agosto de 2026. Una reducción de 53 por ciento.
El dato resiste el escrutinio básico. No depende solo de registros del gabinete: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que construye sus estadísticas a partir de actas de defunción, registró preliminarmente 27 mil 989 presuntos homicidios en 2025 frente a 33 mil 550 definitivos en 2024. Dos metodologías distintas apuntan en la misma dirección. En un país acostumbrado a desconfiar de las cifras oficiales, esa coincidencia merece reconocerse.
Pero un homicidio menos no explica por sí mismo quién ganó territorio. La violencia también desciende cuando una disputa termina porque un grupo criminal se impuso sobre otro. Investigadores de la Ibero advirtieron, además, que parte del descenso podría reflejar cambios en el reporte de las fiscalías. Ninguna observación niega el avance; delimitan lo que la cifra demuestra y lo que no.
Por eso el indicador más revelador de la estrategia no son los homicidios. Son los 111 funcionarios públicos detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado entre octubre de 2024 y agosto de 2026.
Ese número importa porque ninguna tregua entre cárteles lo produce. Un acuerdo criminal puede bajar los asesinatos; jamás entrega a los servidores públicos que lo protegen. El crimen organizado no necesita vencer al Estado completo: le basta capturar los puntos decisivos. El policía que anticipa un operativo. El funcionario que garantiza impunidad. La autoridad que convierte una denuncia en advertencia para quien denuncia.
La Operación Enjambre ofrece la prueba de que el circuito puede cerrarse. El 9 de octubre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, coordinadas con autoridades federales y estatales, derivaron en sentencias condenatorias contra 27 personas, entre ellas, antiguos mandos policiales y funcionarios municipales.
Cifras considerables
Ahí aparece la tensión que definirá los próximos años. En el mismo periodo se detuvo a más de 67 mil personas por delitos de alto impacto, incluidos 207 objetivos prioritarios; y a dos mil por extorsión en 29 entidades. Son cifras considerables. También son, por ahora, cifras de detención. Cuántas llegaron a vinculación a proceso y cuántas a sentencia es información que todavía no acompaña a los balances.
La distinción no es retórica. Detener es una capacidad que la Federación ha demostrado poder concentrar. Condenar depende de fiscalías estatales, jueces locales, peritos, resguardo de testigos. Es la última milla del sistema, y es la que no admite sustitución desde el centro. El propio secretario lo señaló ante los diputados: corresponde a los gobiernos estatales fortalecer sus unidades especializadas, tanto para investigar como para acompañar a las víctimas.
La extorsión será la prueba más exigente de esa milla. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 estima que 97.5% de las extorsiones de 2025 no se denunció o no generó carpeta. Esa cifra no mide eficacia policial: mide la distancia entre padecer un delito y conseguir que el Estado lo registre. Y advierte sobre un efecto paradójico: si la confianza mejora, las denuncias aumentarán antes que los delitos disminuyan. Evaluar bien exigirá distinguir más registros de más violencia.
La arquitectura legal acompaña el intento. La reforma constitucional de diciembre de 2024 incorporó a la SSPC entre las autoridades que investigan delitos bajo conducción del Ministerio Público (MP), y la ley de julio de 2025 creó una plataforma central de inteligencia. Compartir información reduce la fragmentación del Estado, siempre que produzca investigaciones sólidas y no solo bases más grandes. Documentar quién consulta esos datos es también una forma de seguridad.
Harfuch acumula resultados que justifican la expectativa. La forma seria de reconocerlos es exigirles permanencia. Su legado mayor no sería volver indispensable a un secretario, sino confiable a un Estado cuando el secretario no esté mirando.
