El gobierno mexicano no solo está contratando nueva deuda para pagar la vieja, sino que gasta el poco dinero que tiene en proyectos sin rentabilidad ni utilidad pública. Ahí está el Tren Maya. Se le presupuestó originalmente una inversión de 120 mil millones de pesos, pero para 2024 el monto ya superaba los 500 mil millones. No ha habido explicaciones sobre este sobrecosto, ni se conocen las cifras con exactitud, porque el gobierno las ha ocultado.
Si bien el Tren Maya fue inaugurado varias veces en 2023 y 2024, el gobierno no ha dejado de asignarle recursos frescos. En 2026 fueron 30 mil millones de pesos y para 2027 otros 18 mil millones. Aunque la presidenta Sheinbaum afirma que el proyecto avanza, la verdad es que se ha convertido en un hoyo negro. Sus ingresos en el segundo trimestre de 2026 fueron de 117 millones de pesos, apenas 12% de los 985 millones de gastos de operación.
Con estas pérdidas, el proyecto nunca amortizará su inversión. No debe sorprender este dispendio. El Tren Maya se construyó sin estudios previos de factibilidad y sin un proyecto técnico completo. Su trazo sufrió, además, modificaciones constantes en plena construcción.
Mientras los gobernantes tiran el dinero en este y otros proyectos condenados al fracaso, el país vive un dramático desplome del sistema de salud. La falta de medicamentos y la saturación de los servicios han alcanzado niveles críticos. El régimen no tiene recursos para cubrir la obligación básica de proporcionar servicios de salud, pero arroja a la basura dinero en proyectos que solo han servido para el enriquecimiento por corrupción de un pequeño grupo de contratistas, como Amílcar Olán, el amigo de Andrés Manuel López Beltrán, Andy.
Una vez más Morena y sus aliados han mayoriteado las votaciones de la Cámara de Diputados. Les parece natural actuar como el PRI de la dictadura perfecta. Se entiende en parte, porque muchos morenistas proceden de ese PRI, pero sorprende por aquellos que militaron en la oposición y cuestionaron al entonces partido único.
Este 14 de octubre la mayoría oficialista aprobó, sin cambiar una coma, una Ley de Ingresos para 2027 que prevé un monto de 10.6 billones de pesos. Es la mayor cifra de la historia, con un aumento de 442 mil 804 millones de pesos sobre el presupuesto de 2026, que fue a su vez el mayor de la historia hasta ese momento.
En esta ley, sin embargo, hay que tener cuidado con el uso de la palabra “ingresos”. No todos los recursos que contempla son ingresos reales. Los impuestos solo aportarán 6.3 billones de pesos. Otra parte se obtendrá del cobro de derechos y la venta de productos y servicios como petróleo, petrolíferos y electricidad. El resto, 1.7 billones, 27% de los ingresos tributarios, provendrá de nueva deuda interna.
Nuestra legislación dice que el sector público solo debe endeudarse para financiar proyectos rentables que permitan generar recursos para el pago del pasivo generado, pero no es el caso ahora, como no lo ha sido desde hace años. Los 1.7 billones de pesos de nueva deuda apenas rebasan los 1.6 billones que el sector público deberá erogar en el servicio y las amortizaciones de la deuda que ya tenemos.
México se comporta como un deudor desesperado que contrata nuevos créditos, no para comprar una casa o un instrumento de trabajo, sino para cubrir la deuda que ya tiene. Lo peor es que en los ocho años de la Cuarta Transformación (4T) la deuda neta se ha más que duplicado al pasar de 10 billones en 2018 a los 21.7 billones de pesos presupuestados para 2027.
