Durante días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue rodeada por activistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Abiertamente presionaron a los ministros para que ratificaran el amparo otorgado por un tribunal colegiado que ordenaba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) convertirse en patrón sustituto de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Al final, los cinco ministros de la Segunda Sala votaron por desechar el amparo. Si la presión modificó la intención de voto de algún ministro, que lo dudo, fue en sentido contrario a lo que pretendieron los manifestantes.
El fallo de la SCJN el 30 de enero fue muy importante para la economía del país. La decisión del 11 de octubre de 2009 del entonces presidente Felipe Calderón de extinguir a LyFC fue difícil, pero crucial para abrir puertas a un mayor desarrollo del país. La empresa paraestatal se había convertido en un lastre mayúsculo para la economía mexicana. Sus pérdidas eran multimillonarias; su ineficiencia abismal. El contrato colectivo con el SME garantizaba, además, que las cosas no iban a cambiar.
Varios gobiernos buscaron eliminar a LyFC, pero al final no se atrevieron. La fuerza de un sindicato muy combativo, de 44 mil miembros, era suficiente para asustar a cualquier político. Por eso la empresa estuvo “en liquidación” muchos años, sin que el proceso terminara nunca.
Carlos Salinas de Gortari, quizás el único presidente que tuvo el poder para extinguir a Luz y Fuerza del Centro, no lo hizo porque el SME lo apoyó en una confrontación con el sindicato petrolero que llevó en enero de 1989 a la aprehensión del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina.
Ventaja
El gobierno estuvo cerca de perder el proceso para dar por terminado el contrato laboral de Luz y Fuerza. Un tribunal colegiado, de hecho, amparó al SME y ordenó a la Comisión Federal de Electricidad convertirse en patrón sustituto. El caso llegó a la Suprema Corte sólo cuando el gobierno federal presentó un recurso contra ese fallo.
De no haberse desechado el amparo, la CFE habría tenido que reinstalar a casi 17 mil trabajadores, aun cuando no hubiera tareas para ellos, además de pagar salarios caídos que habrían rebasado los 14 mil millones de pesos.
El SME ha señalado que buscará una negociación con la Secretaría de Gobernación del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto. La idea es que si la extinción de LyFC fue ordenada por un régimen panista, una administración priista puede revivir a la vieja paraestatal y recontratar a los trabajadores. El SME realizará movilizaciones para presionar a los funcionarios, incluyendo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Estas presiones medirán el temple del nuevo gobierno. Pero mal haría el presidente Peña Nieto en ceder a ellas. El mayor beneficiario político de la extinción de Luz y Fuerza, con el impulso que esto puede dar a la economía si la CFE hace su trabajo medianamente bien, es el propio mandatario. Por eso es poco probable que el gobierno esté dispuesto a ceder ante las amenazas. Claro que eso significa que, en un país donde cualquiera puede realizar una manifestación o un bloqueo a la hora que quiera y donde sea, los ciudadanos tendremos que pagar el costo de las movilizaciones del SME.