En algo tiene razón el presidente López Obrador. Es muy difícil obtener todos los permisos, dictámenes, manifiestos de impacto ambiental y licencias que se necesitan para realizar una obra de construcción en nuestro país. Entiendo que, desesperado ante los problemas que enfrentan sus proyectos, haya decidido decretar una radical simplificación de todos los trámites. En lo que no tiene razón es en hacerlo solamente para sus obras. No es justo que alguien, aunque sea el gobernante, esté por encima de la ley.
La industria de la construcción es uno de los principales motores de la economía de México y el mundo. Cuando vemos las cifras del INEGI que registran el valor de la construcción en nuestro país nos damos cuenta de que esta actividad ha estado decayendo, pero no solo desde que empezó la pandemia sino incluso antes. La baja de la construcción en México empezó desde mediados del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero se agudizó en el de López Obrador.
Hay muchas razones que explican esta situación, pero una de las más importantes es la que tiene que ver con el exceso de trámites y restricciones para construir, especialmente las obras de mayor tamaño. Al presidente le ocurre lo que a tantos empresarios que hacen proyectos y se comprometen a entregarlos en una determinada fecha, solo para ver qué factores ajenos a su control, particularmente de carácter legal, obstaculizan o de plano detienen los avances. El acuerdo del 22 de noviembre, que decretó que todos los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal serán de “interés público y seguridad nacional” es una especie de grito de desesperación ante estas barreras a las obras que el mandatario se comprometió a terminar en su sexenio.
Obstáculos
Pero hay dos problemas importantes en este acuerdo. Uno es que esta simplificación radical de trámites no se hizo general, como deben ser las leyes en un régimen democrático y liberal, sino limitada solamente a las obras del gobierno federal. Si el presidente hubiese aplicado esta simplificación a todos los trámites de las obras de construcción en el país, incluyendo las de gobiernos estatales y municipales, y las de la iniciativa privada, no solo habría sido más difícil cuestionarlo, sino que seguramente habría detonado una verdadera cascada de inversiones en proyectos nuevos que habrían impulsado un fuerte crecimiento de la economía nacional.
Otro gran problema es que el acuerdo viola el orden jurídico de nuestra República. El propio presidente señaló que los amparos que se han interpuesto a la realización de algunas de las obras de su gobierno son el tipo de obstáculos que quiere eliminar. Pero el derecho de amparo lo garantiza la Constitución. Otros obstáculos, como los manifiestos de impacto ambiental, los establecen las leyes secundarias. Un simple acuerdo, aunque lo avalen las firmas de todos los miembros del gabinete, no tiene la fuerza jurídica para derogar las leyes que aprueba el Congreso y mucho menos las disposiciones de la Constitución.
Es muy probable que los tribunales desechen el acuerdo del presidente y su gabinete, pero no hay que perder de vista la frustración que el mandatario enfrenta ante los trámites y barreras que afectan a todos los constructores del país. Si el presidente quiere dejar un legado duradero sería bueno que revisara todos esos trámites y requisitos que impiden la realización de obras y no son realmente necesarios para bien público.