Ciudad de México, México, 2 de noviembre. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó a la Cámara de Diputados a garantizar un proceso transparente, abierto y verificable para designar a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante criterios objetivos que privilegien la experiencia electoral, la capacidad técnica y la probidad por encima de cualquier interés político.

En un posicionamiento difundido este 2 de noviembre, el organismo empresarial subrayó que la renovación de la titularidad del árbitro electoral debe contribuir a recuperar la confianza ciudadana y preservar la independencia de una institución fundamental para la democracia mexicana.

El CCE destacó que las autoridades que asuman la conducción del INE deben conducirse con apego a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, consideró necesario revisar las disposiciones legales vigentes para garantizar la continuidad operativa del instituto y fortalecer sus mecanismos internos de deliberación, toma de decisiones colegiadas y contrapesos institucionales.

El llamado cobra especial relevancia ante las elecciones de 2027, cuando se renovarán más de 19 mil cargos de elección popular, entre ellos 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas. El organismo recordó que el INE cuenta con alrededor de 16 mil colaboradores cuya labor será determinante para garantizar la organización de los comicios, la estabilidad política y la certeza jurídica.

Crisis bajo investigación

La exigencia empresarial se produce después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, anunciada el 25 de octubre, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y vínculos con proveedores.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que inició una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en procedimientos de contratación, así como indicios de colusión y triangulación de recursos. Las indagatorias también involucran a organismos electorales locales, empresas y servidores públicos.

Tras la salida de Taddei, el Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional, con la responsabilidad de mantener la operación institucional mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para elegir a la titular definitiva.