Uno de los principales daños a la democracia mexicana llevado a cabo por la Cuarta Transformación (4T) ha sido la anulación del Instituto Nacional Electoral (INE) como ente autónomo conformado por personal profesional capacitado para operar elecciones libres y equitativas. Todos y cada uno de los consejeros presidentes del IFE-INE desde José Woldenberg hasta Lorenzo Córdova, pasando por Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés dieron muestra de su capacidad para manejar una institución compleja pero indispensable.

Todos ellos vivieron las presiones propias de un cargo cuyo funcionamiento implica la confrontación directa con gobiernos y partidos que pretenden obtener decisiones favorables por parte del organismo electoral. Sin embargo, fue únicamente Andrés Manuel López Obrador, quien como candidato en el 2006 y como presidente desde el 2018, vio en la autoridad electoral a un enemigo a destruir en su camino para reinstaurar el régimen autoritario y caudillista que hoy vivimos.

En 2006 consiguió la destitución de Luis Carlos Ugalde, y a partir del 2018 desató una campaña difamatoria contra Lorenzo Córdova que si bien no obtuvo su cabeza, sí debilitó al instituto desde el momento en que consiguió imponer a Guadalupe Taddei como autoridad electoral. Así, poco a poco el Consejo General del INE se convirtió en un dócil instrumento en manos de AMLO y posteriormente del actual gobierno.

Taddei y sus cómplices, estos últimos todavía hoy en funciones, le proporcionaron a Morena una ilegal mayoría calificada tras la elección de 2024, y posteriormente dieron el respaldo absoluto para la elección de jueces y magistrados en un bochornoso acto de complicidad política.

Para alguien como Taddei, el cobro de estos servicios implicaba la total impunidad en el manejo discrecional de los recursos del instituto, y la construcción de una red burocrática que al mismo tiempo que la protegía para poder realizar negocios ilícitos, le garantizaba el control funcional del INE.

Pero como todo modelo político sin contrapesos, la voracidad de un funcionario corrupto no tiene límites. Las transas de Taddei terminaron por minar el funcionamiento del INE como instancia de control político electoral en beneficio de Morena.

Recurso desesperado

La filtración de los videos y audios de Taddei son una muestra de que la estructura interna del instituto ya no resistía el abuso de poder de su presidenta.

Los intentos de culpar a Lorenzo Córdova por las tropelías de Taddei son un recurso desesperado por parte de aquellos que encumbraron a una empleada deshonesta para hacer el trabajo sucio del control electoral, sin considerar la ambición personal de alguien que al ver la fiesta de los millones pasar por su camino, quiso ser otra beneficiaria del saqueo cuatrotero.

El problema ahora es que la credibilidad del INE ha desaparecido por completo. Su Consejo General no garantiza imparcialidad electoral, ni tampoco limpieza en el manejo de los recursos en la medida en que prácticamente todos sus integrantes dejaron pasar el cochinero de Taddei sin denunciarlo, convirtiéndose así en cómplices de su corrupción.

El próximo año hay elecciones federales y no contamos ya con un juez confiable. Los servidores profesionales que siguen siendo la columna vertebral del INE, no tienen la certeza de que su trabajo de organización, capacitación y conteo de votos sea respetado como sucedía anteriormente. La democracia mexicana ha desaparecido.

El 24 de octubre, Guadalupe Taddei dijo que no se iba. El 25, el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó el comunicado con su renuncia, lo retiró sin explicación y volvió a publicarlo horas después. El lunes 26 la entregó formalmente a la Cámara de Diputados. Tres días bastaron para que el árbitro electoral exhibiera, en su propia conducta, el problema que ahora debe resolver: una institución cuya conducción vacila mientras sus procedimientos siguen funcionando.

Fijemos la tesis antes de los hechos. Una democracia no se distingue porque la mayoría gobierne, sino porque la minoría conserve una posibilidad real de volverse mayoría. El árbitro custodia esa puerta. Su deterioro empieza antes de que falle un conteo: cuando se debilitan las garantías de competir, fiscalizar y resolver conflictos sin obedecer al poder de turno.

Se investiga lo concreto. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió de oficio una revisión sobre posibles irregularidades en contrataciones, conflicto de interés, colusión y triangulación de recursos, que abarca al INE, a los organismos locales y a sus proveedores.

Reportes periodísticos vinculan a una empresa cercana a la consejera presidenta con un contrato de 46 millones de pesos en Sonora en 2021 y otro de hasta 198.7 millones para materiales de la elección judicial de 2025. Son señalamientos de prensa, no hallazgos de autoridad. Taddei no reconoció irregularidad alguna y pidió que todo se esclarezca con rigor y debido proceso. Tiene derecho a ambas cosas. Una renuncia no es una sentencia.

La propia presidenta fijó el estándar correcto: no debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE. La frase sirve a todos los bandos, porque una sombra se disipa con pruebas, y las pruebas requieren una investigación que nadie obstruya.

Pero reducir el episodio a una conducta personal sería cómodo e insuficiente. La pregunta de fondo es si fallaron los controles. Y ahí los indicios son anteriores al escándalo. Desde 2023, la Secretaría Ejecutiva tuvo cinco titulares, cada uno con resistencias. Los consejeros reprocharon durante años la falta de colegialidad en las decisiones. En octubre de 2024, un cambio normativo permitió a la presidencia designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, antes sujetos a aprobación del pleno.

Origen del problema

Nada de eso demuestra corrupción. Todo ello redujo un contrapeso. La autonomía hacia afuera pierde sustancia cuando hacia adentro depende demasiado de una sola voluntad. Un órgano autónomo también necesita límites para quien lo preside.

Importa, sin embargo, no confundir la conducción con la institución. En 2024 el INE computó más de 60 millones de votos presidenciales y recontó 68% de los paquetes. Esa capacidad descansa en un servicio profesional, en ciudadanos sorteados y en procedimientos verificables que no dependen de quién ocupe la presidencia. La confianza lo refleja con matices: según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), pasó de 33% en 2017 a 54.7% en 2023, y retrocedió a 48.1% en 2025. Hay desgaste reciente y comprobable; no hay derrumbe ni culpable único.

El origen del problema está en los nombramientos. Taddei llegó al cargo en 2023 por insaculación, después de que la Cámara no alcanzó el acuerdo calificado que la Constitución exige. Ese método, previsto para destrabar, sustituyó la pregunta por la idoneidad de un perfil por la pregunta sobre quién podría influir en él. El reparto de cuotas no produce independencia: produce delegados. El relevo que viene enfrenta esa disyuntiva.

El procedimiento es claro. Los consejeros eligen a uno de ellos como presidente provisional; la Cámara de Diputados designa al definitivo. Lo que no está escrito es lo decisivo: si el nuevo nombramiento recuperará los controles colegiados, protegerá al servicio profesional y acreditará imparcialidad con resoluciones comparables, incluso cuando incomoden a quienes lo impulsaron.

Hacia 2027, el riesgo no es un árbitro incapaz. Es uno técnicamente competente cuya independencia resulte cada vez menos convincente. Esa combinación conserva los procedimientos mientras erosiona las razones para aceptar sus resultados. Defender al INE no exige justificar sus contratos; auditarlo no autoriza a subordinarlo.

La democracia no pide que el árbitro equilibre triunfos y derrotas. Pide que nadie pueda apropiarse de las condiciones para ganar. El mejor árbitro no garantiza la tranquilidad del vencedor: ofrece al derrotado razones verificables para volver a competir.