Transformarán Defensoría Pública Electoral para atender grupos vulnerables

Garantizará acceso a la justicia a grupos en desventaja histórica

TV Azteca
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TEPJF

El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón presentó a la Comisión de Fortalecimiento una propuesta de reforma al Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para garantizar el acceso pleno a la justicia electoral a integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad y con desventaja histórica. Con este objetivo, se contempla transformar a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas (DPEPCI) en la Defensoría Pública Electoral (DPE) y beneficiar con los servicios que ofrece a más grupos en situación de desventaja estructural e histórica.
Particularmente, la DPE se concentrará en atender a personas de las comunidades y pueblos indígenas; mujeres en casos de paridad y de violencia política de género; personas residentes en el extranjero, personas afromexicanas; personas con discapacidad; personas de la diversidad sexual y de género; así como personas en prisión preventiva.
La propuesta promueve impulsar la participación de la nueva DPE en los supuestos de mediación previstos en la ley, contribuyendo a la resolución duradera de conflictos a través de la participación y el diálogo.
A fin de estar en posibilidad de ampliar los servicios que ofrece esta instancia, así como el número de ciudadanas y ciudadanos que beneficia con ellos, se contempla la colaboración con colegios, barras de abogados e instituciones educativas para que colaboren mediante la prestación de servicios pro bono. Este esquema de trabajo interinstitucional también prevé estrechar la colaboración con autoridades electorales locales en materia de capacitación y formación de las y los defensores públicos, fortaleciendo así la representación a nivel local de las personas que integran los grupos en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, la propuesta plantea robustecer la autonomía técnica y operativa de la DPE. Para ello, seguiría siendo un órgano auxiliar de la Comisión de Administración y, además, se promovería un servicio profesional de carrera que privilegie el mérito, la igualdad de oportunidades, la perspectiva de género, la evaluación del desempeño y la formación permanente de las y los defensores. Específicamente, sobre la persona titular de la Defensoría, se contempla que la Comisión de Administración se encargue del proceso de selección, a partir de un concurso público, transparente y objetivo. Para ello, se convocarían personas con las competencias idóneas y con una amplia sensibilidad y trayectoria en temas de defensoría y protección de los derechos de las personas, en especial de quienes se han encontrado en situación de desventaja o vulnerabilidad