La tortura es uno de los más lamentables pendientes en materia de derechos humanos en México.
Este mal que se encuentra en instituciones públicas, principalmente de seguridad, ha afectado a ciudadanos y ha contribuido al rezago en la impartición eficiente e igualitaria de la justicia en nuestro país.
Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) difundió un reporte en torno este tema que levantó polémica por afirmar que existe una “tortura generalizada” en México.
El informe, realizado por el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, detalla cómo esta práctica permea en casi todo el proceso judicial mexicano.
Méndez indica que la situación de seguridad pública en México es compleja; el combate al crimen organizado llevó al despliegue de fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional, con cerca de 50,000 elementos para 2012. De éstos, 32,000 son militares que realizan tareas propias de corporaciones civiles.
Torturas
El reporte señala que es difícil conocer el número total de torturas que ocurren en México, por lo que los únicos datos disponibles al respecto son las denuncias hechas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La institución registró un aumento en las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades a partir de 2007.
Falta de seguimiento a casos
La denuncia de la tortura no es suficiente para que las autoridades actúen en consecuencia. Juan Méndez precisa en su reporte que, ante las 11,254 quejas de tortura recibidas entre 2005 y 2013, además de 223 recomendaciones de la CNDH derivadas de éstas mismas, no hay una sola sentencia penal.
Precisa además que los ministerios públicos, jueces y las mismas comisiones de derechos humanos son evasivas al investigar este tipo de casos y, en la mayoría de ellos, los clasifican como delitos menos graves, como abuso de autoridad, lesiones o ejercicio indebido de autoridad.