México, 20 Sep.- Además de asumir el rol de contrapeso de los gobiernos de América Latina, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) deben observar que se aplique una política migratoria con perspectiva humanitaria.
También deben llevar a cabo una labor de concientización y sensibilización en la sociedad respecto de los riesgos que enfrentan las personas en contexto de movilidad, ya que con frecuencia son víctimas de rechazo e indiferencia, discriminación y xenofobia.
En Quito, Ecuador, el Ombudman nacional, Luis Raúl González Pérez dijo que más allá de reproches, debe prevalecer el diálogo constructivo que posibilite a esa población la protección más efectiva de sus derechos fundamentales.
Ello, toda vez que el principal reto en esta materia es cerrar la brecha existente entre lo que dictan las leyes y tratados internacionales en materia migratoria y lo que millones de personas en esta situación viven día a día
Al participar en la conferencia de prensa conjunta con los Ombudsperson de la región andina, resalto que la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la hoja de ruta a seguir.
Gonzalez Pérez insistió que las Instituciones Nacionales deben ejecutar acciones en favor de las personas que, por causas asociadas a la violencia, inseguridad y pobreza, han dejado sus lugares de origen y se encuentran en contexto de movilidad, así como la defensa de su dignidad.