Las autoridades regionales de Cataluña avanzaron en su desafío al gobierno central en Madrid al ratificar que se votará en un referéndum sobre la independencia a pesar de que el Tribunal Constitucional ordenó la suspensión de los comicios.
Mientras el gobierno independentista catalán trató de hacer una demostración de fuerza, la mayoría de la oposición, en la región y el país, se agrupó en torno al presidente conservador Mariano Rajoy y sus esfuerzos por impedir la votación, prevista para el 1 de octubre.
Este viernes, el fiscal del estado entabló demandas por separado contra miembros del legislativo catalán y el gobierno regional con sede en Barcelona. El acta pide a los jueces que indaguen en acusaciones de desacato, abuso de poder y malversación de fondos.
No obstante, a pesar del fallo constitucional y las amenazas legales, el presidente regional Carles Puigdemont avanzó en los preparativos.
Un sitio web oficial invita a voluntarios a registrarse y ayudar en la votación. Un video promocional en la prensa oficial pregunta: “Naciste con la capacidad de decidir. ¿Vas a renunciar?”
Funcionarios de la región afirman que cuentan con 560 ayuntamientos que habilitarán sus instalaciones para el voto, a pesar de que las autoridades centrales advirtieron a los 947 alcaldes de la región que tienen el deber legal de impedir la votación. Se enviaron cartas similares a la prensa pública y la policía regional.
No estaba clara la posición de las autoridades de Barcelona, la ciudad principal de Cataluña.
La alcaldesa Ada Colau, una activista contra los desalojos y estrella política en ascenso, dijo que la gente debería poder votar mientras no existan impedimentos.
Por su parte, el vocero del gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, indicó que se tomarán medidas legales “contra los organizadores” del voto, no contra los votantes.
La coalición independentista que gobierna Cataluña dijo que el resultado será vinculante y que de ganar el “sí", se declarará la independencia de España el 3 de octubre, cualquiera que sea el nivel de participación.
El tribunal constitucional español ha fallado que solo el gobierno nacional puede convocar a un referéndum sobre la secesión y que todos los españoles deben tener voto cuando se trata de la soberanía.
El gabinete de Rajoy inició las gestiones para derogar un proyecto aprobado en la víspera por los legisladores independentistas. La nueva ley debía de servir de marco legal, o miniconstitución, en la transición de región autónoma a república independiente.