Por Katia D’Artigues
Se acerca septiembre y un periodo ordinario de sesiones en las cámaras legislativas. Hay una reforma que comienza a gestarse que es importantísima: la del Poder Judicial.
La cámara de origen sería el Senado, esa donde la oposición toda junta aún es capaz de ejercer un contrapeso si permanece unida. Se convocará a un gran foro público a inicios del próximo mes. Quieren que se apruebe este año.
La idea en lo general es atacar la corrupción, impunidad y nepotismo que existe en el Poder Judicial y que está ampliamente documentado. Un dato: 51% de los jueces y magistrados tienen un familiar que trabaja en el Poder Judicial de la Federación (datos de Julio Ríos en El déficit meritocrático).
La mesa está puesta para hacer una reforma a profundidad. Se junta el hambre con las ganas de comer en la figura de dos personas clave: Andrés Manuel López Obrador y Arturo Zaldívar, quienes además se llevan bien.
El presidente de la República ya nos dejó claro que no le tiembla la mano al cambiar o destruir instituciones (en algunos casos con consecuencias no tan buenas) y tiene mayorías en las cámaras.
Zaldívar es el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es externo: no tiene carrera judicial. Si alguien puede y quiere zarandear las cosas adentro es él.
Hay constantes pláticas ya entre Ricardo Monreal, los ministros (Zaldívar, sobre todo) y el consejero jurídico de la Presidencia.
Aunque estén de acuerdo en que hay que reformar habrá cosas polémicas y en las que podrían no estar de acuerdo. ¿Qué se plantea que pueda contener? De entrada separar la cabeza de la SCJN del Consejo de la Judicatura, que es la instancia que administra y vigila al Poder Judicial. Sí, aún es un poder que se vigila a sí mismo. Ya hubo un intento por hacer una reforma así que no se concretó en la Constitución de la Ciudad de México. Se paró porque había el dique constitucional pero si se quita… todo cambia.
El control de los gobernadores (y crecientemente del narco) sobre los poderes judiciales locales y sus jueces es brutal. Se propondrá rotación de jueces. Es importante que no permanezcan en un lado mucho tiempo. Ahí están los casos de Jalisco, Durango y Mexicali donde verdaderas famiglias (sic) deciden según intereses.
No hay consenso con respecto de aumentar el número de ministros de la SCJN (a AMLO solo le queda uno más para nombrar). Ni con respecto de crear una sala anticorrupción. Pero no se descarta.
Propuestas hay muchas. Es importante checar el documento Ocho propuestas para fortalecer al Poder Judicial de la Federación y completar su transformación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (disponible acá: https://bit.ly/2ZnL6qc).
Habrá que vigilar que no se le quite poder a la Corte como tribunal constitucional, que el diseño no haga a este poder más débil frente al (de por sí fortísimo) Ejecutivo.
Pero independiente de una reforma a la Constitución lo que urge para mejorar la calidad del acceso a la justicia, coinciden varios juristas, es una reforma administrativa interna. Se deben cambiar los requisitos para ser juez o jueza y promover que lleguen personas que sean menos “letristas” y sean capaces de interpretar, atender conflictos y dar soluciones útiles.
Ley de Amnistía y otras prioridades
AMLO mandará el 1 de septiembre una iniciativa preferente: la Ley de Amnistía. Estará dirigida, como su lema de gobierno, sobre todo a los pobres. No amparará a nadie que haya cometido un “delito de sangre” ni a autodefensas. Se beneficiaría a personas que hayan cometido robos menores a cinco mil pesos, que no hablen español y sean indígenas; que hayan actuado como “mulas”, cargando droga para sus familias, y adultos mayores de más de 70 años y que hayan cumplido dos terceras partes de su condena.
La iniciativa estará acompañada de otras 32 reformas locales que pondrán a disposición de los estados. Ya cada quien decidirá si lo implementa o no; lo cabildearán con la Conago.
En este periodo se deben aprobar las cinco leyes reglamentarias de la reforma educativa, una prohibición constitucional para condonar impuestos en todos los niveles de gobierno, la ley que regularía el uso lúdico de la cannabis, así como la revocación de mandato y consulta popular.